Gobierno abre la puerta a relocalizar salmoneras en áreas protegidas sin planes de manejo: Kawésqar y Las Guaitecas en la mira

Una modificación incorporada en la Ley de Reconstrucción Nacional permite trasladar concesiones salmoneras desde parques nacionales hacia otras áreas protegidas sin que estas cuenten con planes de manejo. La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, defendió la medida y responsabilizó "al Estado" por el retraso de estos instrumentos.

Gobierno abre la puerta a relocalizar salmoneras en áreas protegidas sin planes de manejo: Kawésqar y Las Guaitecas en la mira

El Gobierno abrió la posibilidad de trasladar concesiones salmoneras desde parques nacionales hacia Reservas Nacionales y Áreas de Conservación de Múltiples Usos, incluso cuando estas no cuenten con planes de manejo.

La medida, incorporada en el artículo 15 de la Ley de Reconstrucción Nacional N° 21.850, modifica la Ley 21.600, conocida como Ley SBAP, y podría beneficiar a la industria salmonera en dos territorios del sur del país: las reservas nacionales Las Guaitecas, en Aysén, y Kawésqar, en Magallanes.

La modificación resulta relevante porque la Ley SBAP había establecido los planes de manejo como instrumentos fundamentales para regular las actividades productivas en áreas protegidas. Estos permiten definir la zonificación, los objetos de conservación, las amenazas ambientales y las actividades compatibles con su protección.

La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, defendió la medida en una entrevista publicada por La Prensa Austral en octubre. Argumentó que el retraso de los planes de manejo es responsabilidad del Estado y no de las empresas privadas, y que su ausencia ha mantenido paralizados distintos procesos de relocalización.

En el caso de la Reserva Nacional Kawésqar, señaló que el plan debía estar listo en 2021 y que su elaboración continúa pendiente.

Actualmente, la responsabilidad corresponde a Conaf, pero desde marzo de 2027, con el traspaso de las áreas protegidas al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), será esta institución la encargada de conducir su elaboración.

Toledo sostuvo que no es necesario esperar estos instrumentos para autorizar relocalizaciones, pues, según afirmó, los objetos de conservación quedan definidos al decretar un área protegida.

Agregó que las concesiones deberán someterse a evaluación ambiental y a consulta indígena cuando corresponda.

Sin embargo, los decretos de creación de las reservas Las Guaitecas y Kawésqar no establecen sus objetos de protección.

La ausencia de esta definición y de planes de manejo abre una controversia técnica y jurídica: ¿cómo determinar si una actividad industrial es compatible con la conservación de un área protegida si aún no están definidos sus objetos de protección, amenazas, zonificación y usos permitidos?

Las exigencias de la Ley SBAP que quedan en entredicho

Los artículos 63, 80 y 92 de la Ley 21.600 establecen que las actividades productivas dentro de áreas protegidas deben ser compatibles con los objetivos de su categoría, sus objetos de protección y el respectivo plan de manejo. El artículo 92 también exige un informe favorable del SBAP para otorgar concesiones sectoriales.

Las categorías de Reserva Nacional y Área de Conservación de Múltiples Usos contemplan el uso sustentable. Sin embargo, la sustentabilidad de la salmonicultura intensiva en jaulas está en entredicho por sus impactos, entre ellos la acumulación de materia orgánica, la eutrofización y las alteraciones en la calidad del agua.

En Las Guaitecas y Kawésqar, cuyos decretos de creación no establecen objetos de protección, los planes de manejo resultan fundamentales para definirlos y determinar si las actividades acuícolas son compatibles con su conservación.

La propia Ley SBAP refuerza esta exigencia.

Su artículo 71 dispone que toda área protegida debe contar con un plan de manejo obligatorio, mientras que el artículo 72 establece que estos instrumentos deben identificar presiones y amenazas, medidas de conservación, zonificación y actividades permitidas en cada sector.

En la misma línea, el artículo 79 señala expresamente que “Solo podrán ser objeto de concesiones aquellas áreas protegidas que cuenten con plan de manejo”.

La ley también establece que las bases de licitación para nuevas concesiones deben ajustarse a la categoría del área protegida, sus objetos de protección y su respectivo plan de manejo.

Por lo tanto, la instalación de nuevos centros de cultivo en áreas que carecen de estos instrumentos tampoco sería posible bajo esa disposición.

Otro argumento de la ministra Toledo es que las relocalizaciones deberán someterse a un Estudio de Impacto Ambiental. No obstante, la evaluación ambiental no reemplaza la planificación integral que exige un plan de manejo ni resuelve por sí sola la falta de definición de los objetos de protección y de las actividades compatibles con ellos.

La modificación de un artículo transitorio de la Ley 21.600 entra así en tensión con otras disposiciones de la misma normativa, que establecen la necesidad de contar con planes de manejo para regular las actividades productivas en áreas protegidas.

El retraso en su elaboración es, como señaló la propia ministra, responsabilidad «del Estado». Pero, en lugar de acelerar su dictación, la respuesta legislativa fue eliminar dicho requisito.

La Ley SBAP es clara al exigir planes de manejo previos a la autorización de actividades productivas, para asegurar que las decisiones sobre el uso de las áreas protegidas respondan al objetivo central de la ley, que es resguardar la biodiversidad nacional.

Seguiremos informando.

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