Gobierno descartó acudir al TC por proyecto que castiga con cárcel el porte injustificado de combustible en reuniones en lugares públicos

Tras la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto que sanciona el porte injustificado de combustible en reuniones en lugares públicos, la ministra del Interior, Carolina Tohá, descartó que el Gobierno vaya a acudir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnarlo.

Recordemos que, tras su paso por el Senado, esta iniciativa -presentada por el Ejecutivo- fue modificada en su propuesta original, que establecía el mencionado porte de combustible como una falta penal, sancionada con multa, pasando a ser ahora un delito castigado con cárcel.

Al respecto, la ministra Tohá declaró que «este proyecto tuvo una modificación bastante importante en la tramitación, porque lo que el Ejecutivo proponía era crear en esta materia una sanción distinta a la que, en definitiva, el Parlamento estableció».

«Por eso éramos partidarios de ir a una comisión mixta para buscar un acuerdo y buscar una solución más equilibrada a esto. No fue así, se decidió no ir a una mixta y, por lo tanto, el proyecto queda despachado», agregó la secretaria de Estado, descartando así una posible concurrencia al TC.

Previamente, en su intervención, la ministra Tohá planteó que los cambios introducidos por el Senado excedían el espíritu de la ley, y que a juicio del Gobierno, debería primar solo la nueva falta y la facultad entregada para las policías de detener a los infractores, que serían aquellos que no pudiesen entregar una explicación razonable para el porte del combustible.

Pero, finalmente, la Sala de la Cámara optó en forma mayoritaria por respaldar la norma penal: 83 votos a favor, 45 en contra y 8 abstenciones, despachándose de esta manera el proyecto para su promulgación como ley.

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