Por Benjamín Escobedo Araneda

En los últimos días, el presidente José Antonio Kast abordó la situación de los más de 100 indultos que se encuentran pendientes de resolución, en su mayoría de condenados por crímenes cometidos durante el régimen militar. El mandatario ha reiterado que las solicitudes serán analizadas de manera individual por su administración.
Recordemos que a finales de agosto e inicios de septiembre, el Ejecutivo descartó conceder medidas de clemencia durante el mes conmemorativo, enfriando las expectativas de parlamentarios del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario que esperaban anuncios para el 11 de septiembre supuestamente. En este sentido, la figura de un indulto sobre condenados por crímenes en régimen militar parece agitar las aguas de la opinión pública por estos días.
En primer lugar, según radio Bio-Bio a través de su web oficial, la expectativa se enmarca en la siguiente premisa: “El debate por los indultos presidenciales tomó fuerza al interior del oficialismo, mientras el Gobierno mantiene en revisión más de 100 solicitudes, la mayoría vinculadas a hechos ocurridos en el año 1973. El Ejecutivo insistió en que cada requerimiento será analizado caso a caso y que no existen decisiones finales (sábado 19 septiembre 2026)”.
De esta forma, la discusión se trasladó al momento en que eventualmente podrían concretarse los beneficios. Por parte de algunos sectores oficialistas, se planteó postergar las decisiones hasta después de la discusión del Presupuesto 2027, pero otros parecen presionar por definiciones durante septiembre.
En tanto, el debate también incorpora las condiciones que podrían considerarse para una eventual medida de clemencia. El cardenal Fernando Chomali indicó que, en casos de condenados gravemente enfermos o terminales, podría evaluarse esta posibilidad, vinculándola al arrepentimiento, al pedido de perdón y a la entrega de información sobre detenidos desaparecidos. Ahora bien, para muchos la idea de clemencia sería indudablemente sinónimo de indulto, para otros una salida políticamente correcta desde lo cívico legal.
En segundo lugar, recordemos que la discusión sobre posibles indultos a condenados por violaciones a los derechos humanos fue reabierta luego de que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, declarara que hay más de 100 solicitudes que está revisando su cartera, la mayoría de ellas de parte de exmilitares encarcelados por delitos cometidos durante el régimen militar.
La oposición expresó su rechazo a los posibles indultos. La secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, aseguró que concretarlos sería estar renegando “de una historia que construimos como país”. Además, Figueroa ha dado a entender que el foco del Gobierno debería estar en atender las necesidades de las familias y no en conceder indultos. A lo anterior, también se suman aprensiones desde el senador de la Democracia Cristiana (DC), Iván Flores, frente a una posible idea de indulto en el actual gobierno de J. A. Kast.
La potestad del Mandatario permite extinguir la responsabilidad penal de forma parcial o total de un condenado por cualquier delito (excluyendo a los terroristas).
El hastío en la derecha no deja de aumentar. A poco más de seis meses de que el Presidente José Antonio Kast haya arribado al Palacio de La Moneda, en su alianza de gobierno se perciben síntomas públicos de incomodidad por una idea que, de momento, no se ha concretado; el indulto.
Sin duda, existe preocupación de las familias de las víctimas por esta y otras señales del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos.
Hemos de señalar que el indulto presidencial es una facultad del Poder Ejecutivo para «perdonar» una pena, sin que esta deje de existir, generalmente por razones humanitarias. El Presidente de la República puede otorgarla de manera particular o general. Esta última, sin embargo, debe ser aprobada por el Congreso. El indulto presidencial es una facultad del Presidente de la República, consagrada en el artículo 32 N° 14 de la Constitución y en la Ley 18.050, que fija las normas generales para concederlo. La potestad del Mandatario permite extinguir la responsabilidad penal de forma parcial o total de un condenado por cualquier delito (excluyendo a los terroristas).
Por último, el Informe Rettig, de la Comisión Valech, del Plan de Búsqueda, han sido procesos de construcción largos, producto de muchos esfuerzos de las agrupaciones y de los familiares de detenidos desaparecidos, de ejecutados y torturados, por tanto, relegar las tensiones históricas del pasado sufre el peligro de cercenar el diálogo y ahogar la reflexión política-social en nuestro país.
Ante esto, emergen las siguientes interrogantes. ¿Cuál es la prioridad para la ciudadanía? ¿Que el Presidente esté tratando de darle respuesta al Partido Nacional Libertario respecto de indultos tentativamente comprometidos en la campaña, o hacerse cargo de una vez por todas de construir una narrativa garante de perdón histórico, acción política y sutura tangible? ¿A que le tiene miedo el mandatario J. A. Kast de tomar la decisión de indultar a condenados por crímenes durante el régimen militar? ¿Ello es reflejo de sus ideas políticas, o simplemente de errores no forzados que fueron pavimentados en campaña política para llegar al poder? ¿Qué sucedería con la oposición si el Presidente Kast declarara algunos indultos durante los próximos meses, entre ellos, a Miguel Krassnoff? ¿Cuál es el papel de la Iglesia en la idea de “perdón, clemencia y fe” respecto de los condenados por crímenes en régimen militar?
Sin duda, necesitamos como país transparentar la discusión política sobre este tema; mientras no haya perdón tangible, información concreta y absoluta sobre todos los detenidos desaparecidos, será imposible que Chile pueda conciliar sus heridas del pasado; las dictaduras siempre conllevan llagas, vengan de donde vengan.
Por ahora, Kast y los posibles indultos desde su gobierno a condenados por crímenes durante el régimen militar alberga la siguiente pregunta: ¿Idea política o error no forzado?
Por Benjamín Escobedo Araneda
Secretario Ejecutivo de la Sociedad de Historia de las Iglesias Protestantes y Evangélicas de Chile. Investigador de Monte Alto Editorial (Colombia). Investigador de Ediciones Escaparate (Chile). Estudios de Doctorado en Historia. Licenciado en Historia – Licenciado en Teología. Columnista – Escritor – Historiador.
Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

