INDH Los Ríos visita a comunidades mapuche en alerta por instalación de hidroeléctrica en Pilmaiquén

Piezas arqueológicas en peligro, una militarización del territorio y el posible el surgimiento de un conflicto socioambiental en la zona, es parte del contexto en que se encuentran las comunidades del sector de Río Bueno, en la provincia de Ranco, debido al avance de un proyecto energético en la zona

Por Absalón Opazo

13/07/2019

Publicado en

Chile / Justicia y DD.HH / Portada

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Piezas arqueológicas en peligro, una militarización del territorio y el posible el surgimiento de un conflicto socioambiental en la zona, es parte del contexto en que se encuentran las comunidades del sector de Río Bueno, en la provincia de Ranco, debido al avance de un proyecto energético en la zona.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Los Ríos se trasladó hasta el lugar para constatar el estado de un grupo de comuneros/as mapuche -entre ellas autoridades ancestrales- quienes se encuentran en alerta por la eventual instalación de una empresa hidroeléctrica en la zona.

Ellos/as habían sido desalojados por efectivos de Carabineros, a propósito de una ocupación que mantenían desde el 30 de junio en la ribera del río Pilmaiquén al interior del Fundo Carimallín

La ocupación –de carácter pacífico- fue realizada como medida de resguardo ante la necesidad de preservar una serie de piezas arqueológicas prehispánicas encontradas a orillas del río, las cuales tienen, desde la cosmovisión, mapuche un alto significado patrimonial y cultural. Estas serían removidas producto de la instalación de la Central Hidroeléctrica Los Lagos de propiedad de la empresa estatal Noruega Statkraft.

En atención al relato de las personas afectadas, el INDH de Los Ríos realizó una serie de acciones de tipo administrativa, que fueron informadas a las comunidades en un encuentro realizado el pasado martes 9 de julio en la Ruka comunitaria.

El INDH se  comprometió a dar seguimiento y observación a este conflicto por una eventual militarización de la zona, dado el alto contingente policial observado y los constantes controles de identidad realizados; por la responsabilidad en materia de derechos humanos de la empresa -Statkraft- que se instalaría en la zona; para dar seguimiento las obligaciones del Estado en el marco de su obligación de garante de los pueblos originarios; y para la posible identificación de un nuevo conflicto socioambiental en Los Ríos.

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