Federación acusa campaña del terror

Informe del Ministerio del Interior denuncia mentiras de Anglo American tras conflicto laboral

Gobierno tildó acusaciones de la minera en perjuicio de sus trabajadores como "exageradas", "arbitrarias" e "infundadas". En tanto, agrupación de sindicatos de Los Bronces pone en duda la intervención del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) durante el paro de 2016. El subdirector del ente, Hugo Rojas, ya fue acusado ante la Contraloría por supuestas irregularidades en favor de la empresa.

Por Matías Rojas

30/01/2017

Publicado en

Chile / Minería / Portada / Trabajo

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AngloAmerican

El 16 de noviembre del año pasado, la mina Los Bronces de Anglo American S.A. – ex Disputada Las Condes – amaneció tomada por los trabajadores. El motivo de la acción, que duró 24 horas, fue la respuesta incompleta que dio la firma de capitales ingleses a un petitorio de la Federación de Trabajadores Contratistas, con demandas sociales y económicas, en representación de 20 organizaciones sindicales.

«Lo que se entregó fue un ‘bono mordaza’, un beneficio para los que no participaban en las movilizaciones, para que no reclames y no ejerzas tus derechos sindicales. Todo lo demás quedó exactamente igual», recuerda el abogado Joaquín Silva, consultor de la agrupación.

El paro estaba comenzando cuando Hugo Rojas, subdirector nacional de Minería de Sernageomin – actualmente indagado por la Contraloría General de la República ante una denuncia anónima que advirtió presuntas irregularidades de su parte a favor de Anglo American, respecto a autorizaciones del rajo El Soldado -, levantó el teléfono para coordinar la intervención del servicio en el conflicto.

A primera hora, Rojas subió a Los Bronces en la camioneta fiscal Nissan, modelo Navara 4×4, placa patente BZDP94, y explicó – de acuerdo a la versión proporcionada a este medio por un testigo – que su misión era «constatar la situación de los trabajadores y los destrozos».

La federación no entiende por qué Sernageomin se involucró en un asunto que excedería sus atribuciones, que «en lo penal compete a Carabineros y el Ministerio Público, y en lo laboral a la Inspección del Trabajo».

Como sea, en diciembre de 2016, con posterioridad a una segunda huelga, los trabajadores de Anglo pudieron acceder a un documento que desmontó la campaña de criminalización desplegada por la empresa a través de comunicados oficiales, que aludían a «encapuchados» y «violentistas» en el seno de la organización.

El antecedente (ver aquí) fue acompañado por el Jefe de la División Jurídica del Ministerio del Interior, Luis Correa Bluas, en el contexto de un recurso de protección presentado por Anglo American Sur S.A. a la Corte de Apelaciones de Santiago. En él, la minera acusó al gobierno de no adoptar medidas para detener el actuar de la federación de subcontratados, atribuyéndole el «secuestro» de trabajadores y la contaminación de las aguas de la Región Metropolitana.

El abogado de Interior argumentó que «estas dos circunstancias precedentemente descritas… no han sido corroboradas por los organismos técnicos dependientes de esta entidad estatal. Así, en primer lugar, los funcionarios que han acudido a la zona no han podido constatar la presencia de trabajadores ‘secuestrados’ por los manifestantes e impedidos de descender por la montaña hacia sus hogares. Con esto queda al descubierto una imputación sumamente arbitraria e infundada por parte de los recurrentes».

El informe señaló que «tampoco se pudo constatar por parte de los organismos técnicos de este Ministerio que la imposibilidad de contar con cal para el tratamiento de relaves tuviese como consecuencia inmesurable e inmediata la contaminación de los cauces de agua que son afluentes del Río Mapocho».

En este sentido, agregó Correa Bluas, el hecho que más restó credibilidad a la posición de Anglo fue que «tras la intervención de la fuerza pública en la zona, se constató que sólo habían 4 camiones disponibles para trasladar cal hacia las faenas mineras, y no los 10 que deberían haber estado disponibles para tales efectos… Todo esto da cuenta de una exageración de la empresa… que motivó la interposición de una denuncia por parte de este Ministerio».

«Cabe hacer presente a VS. Iltma que la disputa laboral entre la empresa Anglo American y sus trabajadores ya se encuentra solucionada y por ende han cesado los disturbios en la zona, dando cuenta del tenor exacerbado con que se describió el desencadenamiento de los hechos por parte de la recurrente, así como de la constatación de la existencia de la posibilidad de solucionar un conflicto entre privados recurriendo al diálogo y no a una tergiversación de la gravedad de los hechos», puntualizó Interior.

Anglo American abandonó la causa poco después del informe.

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