Justicia española reabrió investigación al Banco de Chile por blanqueo de capitales de la familia Pinochet

De acuerdo con ElDiario.es, a instancias de la Fundación Presidente Allende, que representa a víctimas de la dictadura y a sus familiares, la Audiencia Nacional de España reactivó una investigación que llevaba una década paralizada.

 

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España ordenó reabrir una causa que investiga el supuesto blanqueo de capitales y alzamiento de bienes de Augusto Pinochet, fallecido en 2006, a través del Banco de Chile, perteneciente a Quiñenco, holding del grupo Luksic.

De acuerdo con ElDiario.es el procedimiento es impulsado por el abogado Joan Garcés en nombre de la Fundación Española Presidente Allende, que representa a más de 20.000 víctimas de la dictadura y a sus familiares, es consecuencia de las acciones de justicia universal que empezaron a instruirse en España a finales de la década de 1990 por parte del juez Baltasar Garzón, y estaba paralizado de facto desde 2010, cuando el Banco de Chile pidió que la justicia española declinara su jurisdicción en favor de la de Chile con el argumento de que esta investigaba los mismos hechos.

Sin embargo, «en un auto del pasado enero, ratificado por una providencia del 3 de junio, la Sala Penal de la Audiencia Nacional constata que la prometida investigación en Chile no se produjo, ni se abordaron jamás los hechos concretos denunciados –el blanqueo de capitales y alzamiento de bienes para eludir la fianza impuesta por la justicia española en su día», reseña la nota.

La referida Sala Pena, integrada por los magistrados Carmen Paloma González, Juan Francisco Martel y Fermín Echarri, decidió reabrir la causa y retomar las diligencias pendientes desde hace más de una década.al Juzgado de Instrucción Número 5, actualmente dirigido por Santiago Pedraz, «a pesar de su negativa inicial y de la oposición de la Fiscalía».

«El auto analiza en 20 páginas las alambicadas aristas de una causa jurídicamente compleja, pero concluye con rotundidad que la investigación española, sobreseída provisionalmente en 2012 ante la solicitud del Banco de Chile, debe reabrirse de inmediato. Y retomarse, por tanto, en el mismo punto en que quedó: a partir de un auto fechado el 26 octubre de 2009 y firmado por el entonces responsable del juzgado de instrucción número 5, Baltasar Garzón», señala el diario español.

Asimismo, plantea que la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional podría tener ya implicaciones inmediatas prácticas de enorme calado para el Banco de Chile, ya que «el auto de 2009, que de pronto se ve resucitado, incluía la exigencia a la entidad financiera privada, que supuestamente había ayudado a la familia Pinochet a ocultar fondos, a presentar con carácter inmediato una fianza de 77,35 millones de euros, equivalentes a la cantidad supuestamente blanqueada para evitar la acción de la justicia española».

Según ElDiario.es, hasta ahora, los directivos del Banco de Chile, «cuyo accionariado está controlado por la familia Luksic, con fuertes lazos con la dictadura, rehúsan personarse formalmente en la causa, lo que ha sido clave para tenerla, en la práctica, congelada durante más de una década. Y esta ha sido también la estrategia seguida desde el auto del pasado junio, que no se ha podido comunicar formalmente aún a los querellados al no estar personados, razón por la cual estos no se dan por enterados, logrando así mantener la causa en una especie de limbo».

Por su parte, la Fundación Presidente Allende solicitó a la Audiencia Nacional que asigne a los querellados un abogado de oficio, les exija que depositen la fianza prevista en la resolución y, en caso de ignorar estas disposiciones, que procesa al embargo.

El pasado 8 de julio, la Audiencia Nacional remitió una comisión a la Corte Suprema de Chile para que se notifique a los representantes legales de los querellados sobre esta situación.  y en particular a Pablo Granifo, Banco de Chile, Banchile Corredores de Bolsa y Banchile Administradora General de Fondos.

A esto respondió la representación legal de Banco de Chile, asumida por Raúl Tavolari, a través de un escrito. Según ElDiario.es, el abogado argumenta que esta resolución “vulneraría el orden público nacional” al considerar que España no es competente en la causa y que los tribunales chilenos ya asumieron la investigación de los hechos denunciados.

A esta respuesta se suma un comunicado emitido por la institución financiera en el que asegura que estas materias “han sido investigadas por los tribunales chilenos en la causa seguida ante Ministro de Fuero de la I. Corte de Apelaciones de Santiago Rol 1649 del año 2004, tribunales a los que corresponde la competencia y jurisdicción sobre las mismas”.

«Banco de Chile no se referirá al caso por estar radicado ante la jurisdicción de los tribunales de justicia de la República de Chile», agrega el texto de un solo párrafo.

No obstante, ElDiario.es recuerda que existe un precedente en este caso, ya que el banco estadounidense Riggs, que había diseñado uno de los esquemas financieros para ocultar fondos de la familia Pinochet, llegó en 2005 a un acuerdo extrajudicial con la fundación para indemnizar a las víctimas de la dictadura con 8 millones de dólares, más intereses de demora, cantidad equivalente a la fianza que entonces tenía que depositar ante la Audiencia Nacional.

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