Aunque el Gobierno de José Antonio Kast intentó reducir los retrocesos experimentados en Chile en derechos humanos, verdad, justicia y memoria, argumentando que las medidas aplicadas forman parte de un “reordenamiento organizacional del Estado”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le exigió antecedentes sobre los recortes presupuestarios y el desmantelamiento y debilitamiento de la institucionalidad en estas materias.
El requerimiento se produjo tras una audiencia pública realizada este miércoles en Washington en la que organizaciones de derechos humanos y trabajadores públicos denunciaron un patrón sistemático de debilitamiento del Estado en materia de verdad, justicia y memoria. desde la llegada del mandatario a La Moneda el pasado 11 de marzo.
La instancia que se desarrolló en el marco del 196 periodo de sesiones de la CIDH fue solicitada por estas agrupaciones, quienes alertaron al organismo internacional que tras la instalación de un nuevo gobierno de ultraderecha, se produjo en nuestro país un cambio acelerado en el abordaje de materias sensibles de derechos humanos, género y memoria y que las decisiones aplicadas ponen en riesgo la continuidad de políticas públicas construidas durante décadas para garantizar verdad, justicia, igualdad, reparación, garantías de no repetición y persecución de crímenes de lesa humanidad.
Señalaron que las medidas y recortes aplicados por Kast afectan a unidades especializadas, presupuestos y mecanismos públicos orientados a la protección de personas en situación de vulnerabilidad, la prevención de violencias, la memoria histórica y el cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Chile.
Desmantelamiento institucional en DD.HH.
Durante la comparecencia ante el organismo interamericano, la directora nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Nuvia Guajardo, planteó que no se trata de una lista de recortes, sino de “la reducción sistemática de las capacidades del Estado chileno para garantizar derechos humanos”. La dirigenta sindical cuestionó además la modificación del presupuesto mediante decreto, calificando esta práctica como violatoria de la Constitución, ya que socava el principio de separación de poderes y la transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados a áreas sensibles.
La eliminación de unidades especializadas dedicadas a víctimas de violaciones a los derechos humanos fue otro de los puntos centrales de la exposición. Tamara Lagos, de la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, detalló el cierre o reducción de dependencias clave como la Unidad de Identificación y Registro de Víctimas de Violencia Institucional y la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares.
Lagos subrayó que estas decisiones no son hechos aislados, sino que configuran “un patrón de desmantelamiento institucional” que afecta directamente la capacidad estatal para ofrecer verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición a las víctimas y sus familias, consignó Diario U. de Chile.
Debilitamiento de la memoria histórica
La situación de los sitios de memoria también fue abordada durante la instancia. Erika Hennings, presidenta de la corporación Londres 38, Espacio de Memorias, reveló que de los mil 132 lugares identificados como centros de detención, tortura y exterminio en el país, solo 72 cuentan con reconocimiento oficial. Esta cifra evidencia una deuda histórica en materia de reparación simbólica, que se agrava con la precariedad de los recursos destinados a su mantención.
Hennings advirtió que el cierre de un sitio de memoria no implica únicamente la pérdida de un espacio físico, sino la desaparición de un lugar fundamental para que las nuevas generaciones comprendan las violaciones sistemáticas a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura de Augusto Pinochet.
El caso de la ex Colonia Dignidad se convirtió en un ejemplo claro del retroceso denunciado. Paola Peebles, de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, relató en primera persona la tortura sufrida por su padre en ese recinto y cuestionó con dureza la decisión del Gobierno de no perseverar en la expropiación de las 117 hectáreas. Peebles calificó esta medida como “un grave retroceso” en la búsqueda de justicia para uno de los centros de exterminio más emblemáticos de la represión, especialmente considerando que aún existen víctimas y familiares que esperan reparación.
«Indultos pasivos» a criminales de la dictadura
El ámbito judicial también fue escenario de críticas. La abogada Magdalena Garcés denunció lo que calificó como “indultos pasivos” en el Programa de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia. Desde la llegada de Kast a la Presidencia se produjo un cambio de criterio y ha instruido a los abogados del Estado a no oponerse a solicitudes de beneficios penitenciarios de condenados por crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante dela dictadura de Augusto Pinochet.
Según los antecedentes presentados, en 20 de 23 audiencias ante Cortes de Apelaciones, el programa no alegó o se desistió de recursos en causas que involucran a condenados por crímenes de lesa humanidad, siguiendo instrucciones del ministerio. Esta práctica, según la abogada, implica una desprotección de las víctimas y una dilación en los procesos judiciales que perpetúa la impunidad de los responsables.
Gobierno llama “reordenamiento organizacional del Estado” a retroceso en DD.HH.
Frente a las acusaciones, el representante permanente de Chile ante la OEA, José Miguel Castro, calificó las denuncias como “absolutamente incompatibles con la realidad fáctica” y defendió la continuidad del compromiso gubernamental con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Desde su perspectiva, las garantías de verdad, justicia, memoria, reparación y no repetición se encuentran “plenamente garantizadas y en ejecución continua”, rechazando a existencia de un proceso de desmantelamiento o vaciamiento institucional, consignó Diario U. de Chile..
El argumento central del Ejecutivo giró en torno al concepto de “reordenamiento organizacional del Estado”. Felipe Kipreos, representante de Cancillería, explicó que los cambios en distintos organismos responden a una lógica de optimización de recursos, y no a una eliminación de competencias. En el caso específico de la Unidad de Pueblos Indígenas del Ministerio de Bienes Nacionales, aseguró que sus funciones fueron redistribuidas y que se mantiene en plena vigencia el convenio 169 de la OIT, buscando desactivar las críticas sobre un supuesto abandono de la agenda indígena.
En materia de presupuesto, el Gobierno insistió en que los recortes forman parte de un proceso “ordinario, permanente y obligatorio” de revisión fiscal. Kipreos garantizó que programas sociales como los de alimentación escolar y de párvulos funcionan con “absoluta normalidad y cobertura nacional”, alcanzando a más de 1,6 millones de estudiantes y 150 mil niños beneficiados. Esta defensa buscó contrarrestar la narrativa de recortes generalizados, aunque no abordó las críticas específicas sobre áreas vinculadas a la memoria histórica, cuyo presupuesto es considerablemente menor al de los programas sociales masivos.
Asimismo, desde la administración de Kast refutaron los llamados “indultos pasivos”. Jorge Hagedorn, representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos, calificó como “rotundamente falsa” la existencia de instrucciones para que el Programa de Derechos Humanos dejara de intervenir en causas de condenados por crímenes de lesa humanidad. Según su exposición, la participación del programa se define “caso a caso, de carácter técnico”, en estricto apego a las leyes y protocolos establecidos. Sin embargo, los números presentados por la propia abogada Garcés en la misma audiencia contrastan con esta versión y dejan abierta la interrogante sobre el alcance de esas decisiones técnicas.
Respecto a los sitios de memoria y la ex Colonia Dignidad, Hagedorn intentó mostrar una gestión activa del Estado. Defendió el Fondo Concursable para Proyectos de Cultura y Sitios de Memoria ($168 millones) y un programa del Ministerio de las Culturas con $443 millones, aunque reconoció que el ajuste aplicado fue una medida fiscal transversal. Sobre el freno a la expropiación de l enclave alemán, justificó la decisión de no perseverar en “insalvables representaciones de ilegalidad” emitidas por el Serviu del Maule, aunque reafirmó que el Estado mantiene el objetivo de avanzar, dejando en el aire la viabilidad real de esa promesa.
ONU exige estabilidad y CIDH pide cuentas a Kast
La Oficina Regional para las Américas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través de su representante Montserrat Solano, recordó que Chile construyó desde el retorno a la democracia una “arquitectura institucional relevante y robusta” en materia de derechos humanos, y que cualquier modificación en programas clave debería ser evaluada a la luz de las obligaciones internacionales y la necesidad de evitar retrocesos.
Esta intervención introdujo un principio fundamental: la estabilidad de las instituciones de derechos humanos es tan importante como su existencia, y su debilitamiento puede generar un daño irreparable en la confianza de las víctimas.
La representante de la ONU puso especial énfasis en el Programa de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Búsqueda. Su llamado a “evaluar cuidadosamente” los cambios refleja la preocupación de que decisiones administrativas transitorias puedan tener efectos permanentes sobre el acceso a la verdad y la justicia.
Solano también respaldó las denuncias sobre los sitios de memoria, subrayando que su preservación forma parte del derecho a la reparación y de las garantías de no repetición, y que requieren “estabilidad institucional, financiamiento suficiente y mecanismos que aseguren su sostenibilidad en el tiempo”, un punto que coincide con las críticas de las organizaciones.,
El desenlace de la audiencia fue contundente: la CIDH, tras escuchar todas las posturas, solicitó formalmente al gobierno de Kast información específica y detallada. La comisión pidió antecedentes sobre el Plan Nacional de Búsqueda, las evaluaciones ex ante utilizadas para los cambios institucionales, y los reajustes presupuestarios. Esta exigencia convierte el debate en un procedimiento formal de supervisión internacional, que obliga al Estado a rendir cuentas no solo ante los organismos nacionales, sino ante el sistema interamericano de derechos humanos.
El requerimiento de la CIDH deja en evidencia que las alertas sobre una eventual regresión en materia de derechos humanos en Chile son tomadas con máxima seriedad por la comunidad internacional, y que desde La Moneda deberán presentar pruebas que permitan demostrar que en el país no se está registrando el patrón de desmantelamiento denunciado por organizaciones y trabajadores.
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