[Columna de Opinión]

La Concertación reivindicó a Pinochet

La reivindicación de Pinochet por la Concertación fue aún mayor en el ámbito económico. Es decir, en la aceptación que hicieron sus gobiernos de las estructuras económicas y sociales heredadas de la dictadura que respondían a un neoliberalismo extremo y a los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales.

Por Wari

23/06/2023

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Por Felipe Portales

Quienes manifiestan su sorpresa de que Pinochet cuente con un alto respaldo retrospectivo en la población chilena, parecen no recordar que los gobiernos concertacionistas se encargaron de legitimar, consolidar y perfeccionar la obra política, económica y social de la dictadura.

Tendemos a olvidar, en primer lugar, que la derrota de Pinochet en el plebiscito de octubre de 1988 no significó para nada el fin de la Constitución de 1980. Por el contrario, esta planteaba que, ganando o perdiendo el candidato propuesto por la Junta de Gobierno, en 1989 (si ganaba) o 1990 (si perdía) comenzaba a regir el articulado permanente de dicha Constitución. Esta definió el período 1980-1988 como de “transición”. Y lo paradojal fue que la Concertación procedió a legitimar desde 1989 el “período permanente” de la Constitución. Algo que obviamente ¡habría sido casi imposible si Pinochet hubiese ganado el plebiscito de 1988!…

Primero, lo legitimó a través de concordar con la derecha y Pinochet un acuerdo de 54 reformas de la Constitución en julio de 1989 las que si bien la liberalizaron un poco, significaron un solapado regalo (gracias a que se plebiscitaron “en paquete”) de la Concertación a la derecha de la inminente futura mayoría parlamentaria que le aguardaba.

Recordemos que el texto original estipulaba en su Artículo 65 que las leyes ordinarias se aprobarían teniendo mayoría en una cámara y sólo un tercio en la otra. Esto evidentemente estaba pensado para un Pinochet presidente que con los senadores designados podría convertir al menos el Senado en favorable, teniendo en cuenta la histórica minoría electoral de la derecha. Pero, notablemente, dicho prospecto favorecería también a un Aylwin de presidente, ya que este obtendría con seguridad (como lo hizo) mayoría absoluta en diputados y ¡tendría, sí o sí, el tercio del Senado! Esto último porque el Senado original estaba compuesto de 26 senadores electos (dos por región) y 9 designados, dando un total de 35.

Y cómo de todas formas la Concertación elegiría al menos uno por región (12), ello significaba más de un tercio. Pero el liderazgo de la Concertación se avino solapadamente en el “paquete” de reformas de 1989 a elevar los quórums a mayoría absoluta en ambas cámaras, ¡manteniendo los senadores designados! La única explicación para tamaña e inédita renuncia era que dicho liderazgo se había derechizado a tal grado (en palabras de 1997 del considerado máximo ideólogo de la Concertación, Edgardo Boeninger, había llegado a una “convergencia” con la derecha) que no quiso tener dicha mayoría para no quedar desnudo ante sus bases.

También en palabras de Boeninger, se trataba de una “convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer” (Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Edit. Andrés Bello, 1997; p. 369).

Además, el mismo Boeninger reconoció explícitamente que “la negociación política, que culminó con las reformas constitucionales pactadas de 1989 (…) dieron nacimiento a un nuevo consenso básico nacional en relación al orden político. A contar de ese momento, la Concertación aceptó explícitamente la Constitución del 80 así modificada, lo que desde otro punto de vista representó un encuentro mínimo suficiente entre el proyecto político del régimen militar y la propuesta democrática de la Concertación” (Ibid.; p. 371).

Luego, la legitimación la consagró el propio presidente Aylwin al afirmar, en agosto de 1991, que “la transición ya está hecha. En Chile vivimos en democracia. Esta democracia es susceptible de perfeccionarse, sí, y una de las tareas que tenemos por delante es perfeccionar a la democracia y eso exige algunas reformas constitucionales, tarea que mi gobierno ha abordado y que probablemente no va a dejar completada y será tarea del próximo gobierno” (El Mercurio; 8-8-1991).

Con esto, Aylwin estaba contradiciendo totalmente los planteamientos de la Alianza Democrática (antecesora de la Concertación) de 1984 de que “no hay democracia posible (…) dentro del marco de los preceptos permanentes de esa Constitución (del 80), si no se hace del Congreso Nacional un cuerpo verdaderamente representativo de todos los sectores del pueblo de Chile, elegido íntegramente por sufragio universal y dotado de reales atribuciones legislativas y fiscalizadoras; si no se democratiza la composición del Tribunal Constitucional; si no se deroga la inamovilidad de los Jefes de las Fuerzas Armadas y de Orden y no se limitan las facultades del Consejo de Seguridad Nacional a las propias y específicas de su función; si no se cambian las normas sobre Reforma de la Constitución por otras que la hagan posible, y si no se asegura la efectiva igualdad de derecho de todos los chilenos” (Patricio Aylwin – El reencuentro de los demócratas. Del golpe al triunfo del NO; Edic. Grupo Zeta, 1998; p. 259).

Ninguno de estos requisitos se habían cumplido a la fecha…

Y la culminación de la legitimación de la Constitución de 1980 la efectuó la Concertación durante el gobierno de Ricardo Lagos en 2005, cuando concordó con la derecha y ¡asumió como propia! dicha Constitución, luego de algunas importantes reformas de ésta, pero que no alteraron su esencia autoritaria y neoliberal.

Con el tiempo se ha hecho correr el mito de que aquel paso era el único logro posible en ese momento, dado el poder parlamentario que conservaba la derecha. Pero ello está abrumadoramente desmentido por un conjunto de hechos.

Primero, que Lagos y todos sus ministros ¡sustituyeron la firma de Pinochet y de los otros miembros de la Junta de Gobierno! en la Constitución.

Segundo –y muy vinculado a lo anterior- que Lagos la denominó como la “Constitución de 2005” y que incluso una primera edición salió publicada con ese título, hasta que el sentido común más elemental hizo imposible aquello.

Y tercero –y tan importante-, que Lagos procedió a suscribirla con un enfervorizado discurso en que señaló: “hoy, 17 de septiembre del año 2005, firmamos solemnemente la Constitución democrática de Chile”; y terminándolo: “Chilenas y chilenos: Este es un día muy grande para Chile, tenemos razones para celebrar, tenemos hoy, por fin, una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile. Es nuestro mejor homenaje a la Independencia, a las Glorias Patrias, a la gloria y a la fuerza de nuestro entendimiento nacional. Chilenos y chilenas: Hoy, hoy despunta la primavera. Muchas gracias” (Siete; 18-9-2005)…

Por otro lado, los gobiernos de la Concertación defendieron a Pinochet cada vez que era criticado en el exterior cuando hacía sus viajes como comandante en jefe y el ministro de Defensa de Frei Ruiz-Tagle, Edmundo Pérez, ¡igualó éticamente a la dictadura con los gobiernos democráticos de las últimas décadas! en una alocución a los generales del Ejército al expresar: “Sépanlo con toda claridad. Desde esta tribuna nadie puede hablar en calidad de juez de los errores del pasado. No existe superioridad moral alguna que permita enjuiciar el comportamiento de los diversos gobiernos durante estas tres décadas” (La Nación; 24-5-1994).

Y Patricio Aylwin –ya como ex presidente- ¡valoró positivamente el papel desempeñado por Pinochet como comandante en jefe, pese a todos los graves actos de indisciplina que efectuó durante su gobierno! Así, en entrevista a Le Monde alabó la figura de Pinochet como garante de la transición: “Si Pinochet no hubiera estado allí durante la transición, habríamos tenido en Chile tentativas de insurrección llevadas a cabo por subalternos ‘caras pintadas’, como fue el caso de Argentina” (El Mercurio; 30-4-1994); y posteriormente en Japón declaró que “durante mi Gobierno el general Pinochet cumplió la tarea de Comandante en Jefe del Ejército, subordinado al Presidente y respetuoso del orden constitucional” (La Epoca; 9-7-1994).

Es más, el gobierno de Frei Ruiz-Tagle defendió ardorosa y exitosamente a Pinochet cuando diputados disidentes lo acusaron constitucionalmente para impedir, al menos, su vergonzosa incorporación como senador vitalicio, luego de que en marzo de 1998 Pinochet debía dejar la comandancia en jefe del Ejército.

Incluso, el ministro secretario general de la Presidencia, Juan Villarzú, declaró con total desfachatez: “Es un éxito para la transición chilena que Pinochet sea senador vitalicio, ya que con ello se está dando cumplimiento a una etapa del proceso de transición que fue pactado” (La Tercera; 17-2-1998).

¡Transición que Aylwin había dado por terminada en 1991!…

Las excelentes relaciones entre Pinochet y el liderazgo de la Concertación llegaron a un verdadero “matrimonio” cuando en agosto de 1998 el presidente del Senado y precandidato presidencial del PDC, Andrés Zaldívar, llegó a un acuerdo con el senador Pinochet (quien ¡lo acompañó en la testera! para presentarlo al Senado) para sustituir el feriado del 11 de septiembre (¡todavía se celebraba!) por el “Día de la Unidad Nacional” a celebrarse todos los primeros lunes de septiembre, ¡acuerdo que fue aprobado consensualmente por el Senado!…

Por cierto, todo este tinglado se vino abajo con la larga detención de Pinochet en Londres, de tal modo que el Congreso eliminó silenciosamente aquella vergonzosa conmemoración a comienzos de 2002.

Y para qué hablar de la increíble y fervorosa defensa de Pinochet que hicieron los gobiernos de Frei Ruiz-Tagle y de Lagos cuando se trató de juzgarlo en Europa, luego de su detención en Londres por orden de la Justicia española. Incluso, llegaron a usar los mismos argumentos que la dictadura utilizó contra la ONU cuando condenaba sus graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos. Esto es, que con su detención se estaba violando la soberanía nacional; que implicaba un “doble estándar” porque sólo se estaba aplicando mundialmente con él; que con ello no se reconocían los avances que se estaban haciendo en el país en la materia; y que se estaba sentando un nefasto precedente porque dicha práctica sólo se aplicaría en el caso de países pequeños como Chile.

Además, con el fin de salvar a Pinochet de su segura condena en Europa se llegó incluso a utilizar argumentos grotescos. Así, el canciller José Miguel Insulza dijo al diario El País de España“En España, tras la sentencia de los Lores (británicos), Pinochet sólo puede ser juzgado por torturas o conspiración para torturar por hechos cometidos después de 1988. En Chile no existe ninguna inmunidad ni ninguna amnistía que impida juzgar los actos que haya cometido. Las posibilidades de juzgarlo aquí son mucho más amplias que en España. El juicio en su país (España) puede que les interese más a los que sólo quieren un juicio simbólico” (El Mercurio; 28-3-1999)…

Y luego de obtener su liberación del Reino Unido, el Congreso aprobó por consenso en abril de 2000 una reforma constitucional hecha “a la medida” de Pinochet. Como este último, se vio obligado a renunciar al Senado, se estableció un “estatuto de los ex presidentes” que les conferían sueldo de parlamentario ¡y el mismo fuero que a ellos frente a acusaciones judiciales!…

Además, el gobierno de Lagos presionó –privada y públicamente- exitosamente a los tribunales chilenos para obtener su final impunidad. En cuanto a la presión pública destacó su ministro del Interior, Insulza, a través de varias entrevistas de prensa. Por ejemplo, cuando dijo: “Yo creo que Pinochet no está en condiciones de ser sometido a juicio (…) El tema Pinochet, en gran medida ya fue resuelto por la Corte Suprema, mucho más allá de lo que era la expectativa de quienes lo acusaban (…) A mí me gustaría que si el juez Juan Guzmán y las Cortes deciden que por razones de enfermedad Pinochet no puede enfrentar un juicio, ojalá todo el mundo lo aceptara de buena gana, con buena voluntad. El gobierno lo haría así” (Qué Pasa; 2-9-2000).

Patricio Aylwin se sumó a ello al expresar también que “realmente creo que Pinochet no está en condiciones de enfrentar un debido proceso” y que “desde el punto de vista de la prudencia para la convivencia entre los chilenos, es bueno que esto no llegue a un nivel más traumático o a un enfrentamiento que haría más agrio el camino para la reconciliación nacional. Creo que la paz entre los chilenos bien valdría incluso que se le absolviera” (Caras; 18-8-2000).

Con el tiempo, Patricio Aylwin confirmó sus juicios positivos del rol desempeñado por Pinochet como su comandante en jefe del Ejército. Así en 2003 dijo que “con el tiempo he pensado que Pinochet tuvo razón cuando me dijo que era mejor que él se quedara en la Comandancia en Jefe mientras yo era Presidente (…) El respeto y adoración que este caballero generaba en la institución eran garantía de orden” (El Mercurio; 26-9-2003).

Y en 2012 cuando señaló que “Pinochet no fue un hombre que obstaculizara las políticas del Gobierno que yo encabecé” (El País, España; 27-5-2012).

Pinochet, Frei Ruiz-Tagle, Pérez Yoma

La reivindicación de Pinochet por la Concertación fue aún mayor en el ámbito económico. Es decir, en la aceptación que hicieron sus gobiernos de las estructuras económicas y sociales heredadas de la dictadura que respondían a un neoliberalismo extremo y a los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales.

Así, legitimaron y consolidaron las privatizaciones; el Plan Laboral; las AFP; las Isapres; la ley minera; la LOCE-LGE; las universidades privadas con fines de lucro; el sistema tributario que permite la “elusión” de los más ricos; los subsidios a las empresas forestales; la irrelevancia de los sindicatos, juntas de vecinos, cooperativas y de los colegios profesionales y técnicos, etc.

Pero incluso fueron mucho más allá en esa dirección: Condonaron las privatizaciones hechas con total infracción a la probidad efectuadas en la fase final de la dictadura y que la Concertación se había comprometido a revisar; profundizaron el proceso de privatizaciones de empresas del Estado y de privatizaciones o concesiones de servicios públicos a grandes grupos económicos; exterminaron virtualmente el conjunto de diarios y revistas de centro-izquierda que se habían creado con muchas dificultades bajo la dictadura; “neutralizaron” TVN a través de una ley que la colocó bajo un consejo directivo que le otorgó a la derecha un virtual derecho a veto; se negaron a devolver los bienes del diario “Clarín” a su dueño –Víctor Pey– quien se había comprometido a relanzarlo; provocaron concretamente la privatización de más del 70% de la gran minería del cobre; insertaron solitaria y subordinadamente la economía chilena en el mercado mundial a través de tratados bilaterales de libre comercio con países industrializados mucho más poderosos, etc.

El ideólogo concertacionista, Edgardo Boeninger, reconoció el carácter derechista de la evolución del liderazgo de la Concertación, ocurrido a fines de los 80, y que fundamentó los procesos anteriores:

“Las propuestas del programa (de la Concertación, en 1989) comprometieron un marco para el orden económico que, sin perjuicio de sus evidentes propósitos electorales, tuvo el sentido más profundo de reducir el temor y la desconfianza del empresariado y de la clase media propietaria, condición necesaria para sostener, en democracia, el crecimiento sostenido de la economía logrado a partir de 1985 (…) La incorporación de concepciones económicas más liberales a las propuestas de la Concertación se vio facilitada por la naturaleza del proceso político en dicho período, de carácter notoriamente cupular, limitado a núcleos pequeños de dirigentes que actuaban con considerable libertad en un entorno de fuerte respaldo de adherentes y simpatizantes (…) Al mismo tiempo, por primera vez en muchas décadas, la derecha se sintió portadora de un proyecto político-económico ganador –la economía de libre mercado abierta al exterior-, que debía darle opción de triunfo –si no en 1989- en elecciones futuras. Los militares, por su parte, y en especial Pinochet, sentían que el modelo económico preservado por ellos, pese a los difíciles años de crisis, constituía un legado histórico perdurable que por sí solo justificaba su prolongada permanencia en el poder” (Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Edit. Andrés Bello, 1997; pp. 368-70 y 375).

Diversos líderes de la Concertación continuaron alabando el modelo económico de la dictadura, y algunos ¡a Pinochet mismo! por haberlo establecido. Así ya en 1993 el entonces presidente Aylwin declaraba: “la apertura de la economía chilena, la cual llevó a un rápido desarrollo –el proceso de privatización y el cambio de orientación desde una estrategia de importación a una de exportación- fue por supuesto algo que inició el gobierno militar. Nosotros continuamos y aceleramos este aspecto de las políticas previas” (El Mercurio; 21-8-1993).

Por su parte, en 1999 el destacado intelectual del mundo PS-PPD y director de Comunicaciones durante el gobierno de Aylwin, Eugenio Tironi, escribía:

“La sociedad de individuos donde las personas entienden que el interés colectivo no es más que la resultante de la maximización de los intereses individuales, ya ha tomado cuerpo en las conductas cotidianas de los chilenos de todas las clases sociales y de todas las ideologías. Nada de esto lo va a revertir en el corto plazo ningún gobierno, líder o partido (…) Las transformaciones que han tenido lugar en la sociedad chilena de los 90 no podrían explicarse sin las reformas de corte liberalizador de los años 70 y 80 (…) Chile aprendió hace pocas décadas que no podía seguir intentando remedar un modelo económico que lo dejaba al margen de las tendencias mundiales. El cambio fue doloroso, pero era inevitable. Quienes lo diseñaron y emprendieron mostraron visión y liderazgo” (La irrupción de las masas y el malestar de las elites. Chile en el cambio de siglo; Edit. Grijalbo, Santiago; pp. 36, 60 y 162).

Y quien fue ministro de Hacienda de Aylwin, senador, presidente del PDC y canciller de Bachelet, Alejandro Foxley, en una entrevista en 2000, dijo:

“Pinochet realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo. Hay que reconocer su capacidad visionaria y la del equipo de economistas que entró en ese gobierno el año 73, con Sergio de Castro a la cabeza, en forma modesta y en cargos secundarios, pero que fueron capaces de persuadir a un gobierno militar –que creía en la planificación, en el control estatal y en la verticalidad de las decisiones- de que había que abrir la economía al mundo, descentralizar, desregular, etc. Esa es una contribución histórica que va a perdurar por muchas décadas en Chile y que, quienes fuimos críticos de algunos aspectos de ese proceso en su momento, hoy lo reconocemos como un proceso de importancia histórica para Chile, que ha terminado siendo aceptado prácticamente por todos los sectores. Además, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo, y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar. Su drama personal es que, por las crueldades que se cometieron en materia de derechos humanos en ese período, esa contribución a la historia ha estado permanentemente ensombrecida” (Cosas; 5-5-2000).

Esta apología de Pinochet y de su obra contrastan completamente con las palabras que el mismo Foxley pronunció en 1984 como líder del PDC en el ámbito económico, en el seminario que congregó a centenares de profesionales y técnicos “humanistas cristianos” entre el 12 al 15 de enero de 1984, luego de un trabajo de casi tres años efectuados por decenas de comisiones agrupadas en el “Proyecto Alternativo”:

“El proyecto de transformación económica y social (de la dictadura) se inspira en ideas extranjeras que buscan convertir al hombre en un consumidor y a la sociedad en un gran mercado. Se trata de un proyecto neoliberal. De acuerdo a este modelo de sociedad, las relaciones entre los individuos estarán reguladas a través de un intercambio mercantil. El anonimato del mercado diluirá los conflictos. El ‘dulce comercio’ temperará las pasiones. La ‘mano invisible’ administrará con generosa equidad los recursos escasos (…) El proyecto concibe un conjunto de ‘modernizaciones’, a través de las cuales se asegurará el imperio del mercado y de los ‘precios’ en la educación, en la salud, en la previsión y hasta en la justicia. Se abre la economía abruptamente al exterior, como definitiva e ingenua prueba de nuestra seriedad libre-mercadista. Se entregan los bienes del Estado a unos pocos privilegiados a bajo precio. Se les concede a éstos el derecho a endeudarse sin límites, hasta que terminan hipotecando el futuro del país por una década. En suma, se da libre uso al libertinaje económico, mientras se suprimen al mismo tiempo todas las otras libertades”. (Proyecto Alternativo. Seminario de profesionales y técnicos humanistas cristianos, Tomo I; Edit. Aconcagua, 1984; p. 113).

A la luz de este “giro copernicano”, se entiende perfectamente la verdadera euforia desatada en la derecha económica y política –nacional e internacional- a raíz de la consolidación de la obra económica de la dictadura efectuada por los gobiernos concertacionistas, y particularmente por el de Ricardo Lagos, quien era del que menos se esperaba. Así, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Hernán Somerville, expresaba en 2005 que a Lagos: “mis empresarios todos lo aman, tanto en APEC (el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico) como acá (en Chile), porque realmente le tienen una tremenda admiración por su nivel intelectual superior y porque además se ve ampliamente favorecido por un país al que todo el mundo percibe como modelo” (La Segunda; 14-10-2005).

Y el empresario y economista, César Barros, escribió que a “un grupo de amigos empresarios” que temían a Lagos por su condición de socialista, los convenció por su gestión, “de que estaba siendo el mejor presidente de derecha de todos los tiempos; y el temor y la desconfianza se transformaron en respeto y admiración” (La Tercera; 11-3-2006).

A su vez, el dirigente de la UDI, Herman Chadwick, expresó: “el Presidente Lagos nos devolvió el orgullo de ser chilenos. Hizo grandes reformas en la sociedad chilena que estaba muy ahogada” (El Mercurio; 21-3-2006).

El empresario pinochetista Ricardo Claro declaró en 2008 que “Lagos es el único político en Chile con visión internacional, y está muy al día. No encuentro ningún otro en la derecha ni en la DC” (El Mercurio; 12-10-2008).

Y en términos más generales, el destacado cientista político de RN, Oscar Godoy, al ser consultado si observaba un desconcierto en la derecha por “la capacidad que tuvo la Concertación de apropiarse del modelo económico”, respondió: “Sí. Y creo que eso debería ser un motivo de gran alegría, porque es la satisfacción que le produce a un creyente la conversión del otro. Por eso tengo tantos amigos en la Concertación; en mi tiempo éramos antagonistas y verlos ahora pensar como liberales, comprometidos en un proyecto de desarrollo de una construcción económica liberal, a mí me satisface mucho” (La Nación; 16-4-2006).

Esta total admiración de la obra de la Concertación por parte de la derecha se ha mantenido incólume con el paso de los años. Así, en 2019 la jefa del comité de senadores de la UDI, Ena von Baer, declaró: Chile Vamos es el heredero de la Concertación, porque estamos orgullosos del país que la Concertación, en conjunto con nosotros, construyó” (La Tercera; 20-4-2019).

Opinión compartida por el entonces presidente de RN, Mario Desbordes, quien dijo que von Baer hace “un análisis muy acertado”; y que “un hecho sintomático de los últimos años es que quienes defendíamos a Ricardo Lagos y su legado éramos los líderes de la centro-derecha” (Ibid.). Y por el diputado UDI, Jaime Bellolio, quien afirmó que “los herederos de la Concertación, es decir, los pocos que se atreven a decir que los últimos 30 años fueron beneficiosos para el país y que nos sentimos orgullosos de aquello, son algunos de la DC y Chile Vamos, por tanto, comparto las opiniones de la senadora von Baer” (Ibid.).

Quien ha efectuado una reseña histórica de todo esto es Arnold Harberger, adláter de Milton Friedman en la Universidad de Chicago:

“En los años 60 y 70 una fácil ideología del estatismo surgió en la gran mayoría de los países de la región (América Latina) (…) Y uno pensaba ¡cuándo van a aprender las lecciones de la ciencia económica! Yo creo que el motivo principal (…) de la Universidad de Chicago fue traer la buena ciencia económica a Chile, y yo creo que tuvimos éxito en eso. Ese convenio con las Universidades Católica y de Chile generó que tuviésemos representantes de nuestro grupo en cada gobierno (…) En los gobiernos de Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet siempre ha habido uno o dos de este grupo. Todo eso produjo aquí (Chile) una cultura económica que es muy fuera de lo normal en Latinoamérica. Yo asistí en Cartagena a una reunión de la Asociación de Bancos de Colombia, y cuando llegué estaba hablando Ricardo Lagos (…) Y él estaba dando lecciones de economía, de regulación bancaria, y no pude encontrar una frase que no hubiera sido pronunciada por un profesor de Chicago en mi tiempo ahí, pura economía, no más. Uno ve a los diferentes partidos políticos en Chile, sus plataformas económicas, y difieren en milímetros, en centímetros, no en kilómetros. No son muchos los países que han logrado ese grado de consenso referente a la conducción de la política económica” (El Mercurio; 19-12-2010).

Por cierto, los grandes grupos económicos han sido generosos en su retribución al liderazgo concertacionista por haber legitimado y consolidado la obra política (Constitución del 80) y económica (modelo neoliberal) de Pinochet. De este modo, son decenas los ex ministros, subsecretarios, superintendentes y parlamentarios de la Concertación que han llegado a ser directores o ejecutivos de grandes empresas, bancos, AFP, Isapres, fundaciones y medios de comunicación de aquellos grandes grupos; o que han ocupado dichos cargos en asociaciones gremiales de grandes empresarios. Y también los grandes grupos económicos han sido muy generosos en el financiamiento –regular o irregular- de las campañas electorales de la elite concertacionista.

Entonces, ¿a qué cabe extrañarse de que hoy Pinochet reciba una alta valoración por su obra política y económica, perpetuada hasta ahora por “moros y cristianos”?…

Por Felipe Portales

Columna publicada originalmente los días 14 de junio y 20 de junio de 2023 en Clarín de Chile.

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