La deuda eterna: cómo el CAE marcó a toda una generación

Por Camila Silva Cortés

Creado en 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos, el Crédito con Aval del Estado (CAE) nació como una promesa de democratización del acceso a la educación superior. Diecinueve años después, sus cifras reflejan el peso de esa promesa: más de 1,2 millones de beneficiarios, una deuda acumulada que supera los 297 millones de UF y un Estado que hoy es dueño de casi el 70% de esa carga, luego de que la banca se retirara del negocio.

El crédito nació con la promesa de democratizar el acceso a la educación superior mediante un financiamiento estatal indirecto, bajo la lógica de ‘estudia ahora y paga después, cuando mejores tus ingresos’. La idea era que más jóvenes pudieran convertirse en profesionales y, con ello, mejorar sus condiciones de vida.

Radiografía de la deuda

En 2024, 966 mil beneficiarios del crédito habían iniciado la etapa de pago. El 78% eran egresados y de ellos, 4 de cada 10 mantenían sus pagos al día. En cuanto a quienes desertaron de sus estudios, sólo el 16% estaba al día con sus cuotas. En ambos casos, la mayor parte tiene cuotas mensuales por debajo de 2 UF.

Respecto al otorgamiento de nuevos créditos, persiste la tendencia de años anteriores: un 33% fue entregado a estudiantes del quintil 5, un 34% a los quintiles 1 y 2 y el otro 33% a los quintiles 3 y 4. Asimismo, la proporción del financiamiento destinado a aranceles se mantuvo sin grandes variaciones, concentrándose en mayor medida (41%) en estudiantes pertenecientes al quintil con mayores ingresos.

Respecto a los plazos de pago del CAE, estos dependen del tipo de carrera financiada con el crédito, el monto anual del arancel y la cantidad de años de estudios pagados con el CAE. Por lo tanto, los plazos pueden variar entre 10, 15 o 20 años en el caso de personas que terminaron su malla curricular y entre 5,7 años y medio o 10 años para personas que no finalizaron sus estudios. 

En un principio, la tasa de interés del CAE era del 6% (UF) anual. Sin embargo, en octubre de 2012, durante el gobierno de Sebastián Piñera, se publicó en el Diario Oficial la ley que rebajó la tasa de interés del crédito al 2% (UF) anual para quienes accedieron a él entre 2006 y 2011, así como para los futuros beneficiarios. Además, se estableció que las y los estudiantes no pagarían más del 10% de sus ingresos.

En el portal  ingresa se explica que el Estado quedó a cargo de cubrir la diferencia entre la cuota mensual establecida originalmente en los contratos y la nueva cuota mensual resultante de la rebaja.

Cuando la ley comenzó a aplicarse, entre 2012 y 2013, la morosidad del crédito registró una disminución: la tasa bajó 8 puntos entre los egresados y solo 3 puntos entre los desertores. Sin embargo, en los años posteriores, la morosidad se estabilizó en torno al 28% para los primeros y al 70% para los segundos. No obstante, desde la entrada en vigencia de la gratuidad, en 2016, se observa un leve pero sostenido aumento en ambos grupos.

En 2024, se registró un alza de 5 puntos porcentuales en la morosidad de los egresados, mientras que entre quienes desertaron de sus estudios el incremento fue de 2 puntos porcentuales.

Respecto a la suspensión del pago por cesantía o desempleo, esta permite postergar el pago del crédito hasta que la persona recupere la capacidad de cumplir con su obligación financiera. Las cuotas aplazadas se agregan al final del plan de pago del deudor, manteniendo su valor en UF y sin generar intereses adicionales por la postergación.

En 2024, cerca de 24 mil personas deudoras del CAE pidieron postergar el pago de sus cuotas, lo que representa una disminución del 18 % en comparación con 2023. Esta baja es el resultado de que ha disminuido la voluntad o capacidad de pago de los deudores, reduciendo la cantidad de quienes mantienen sus cuotas al día, requisito clave para solicitar el beneficio. 

Del derecho al negocio

El informe “Endeudar para educar y mercantilizar” del año 2023 realizado por Fundación Sol, señala que hasta inicios de los años 70, la educación superior en Chile era en su mayoría pública, gratuita y financiada en gran parte por el Estado. 

Esto cambió en la época de la dictadura militar cuando se redujo el financiamiento estatal, se impulsó la creación de universidades, institutos y centros de formación técnica privados. Asimismo, se creó un modelo de subsidio a la demanda (becas y créditos) como reemplazo del financiamiento directo a las instituciones. 

Posteriormente en el retorno a la democracia, se mantuvo el modelo privatizado, expandiendo becas y créditos, al mismo tiempo que se reducía el financiamiento directo a universidades estatales, de hecho, en el año 2005 solo recibían un 20% del aporte fiscal. 

Es en este contexto apareció el Crédito Estatal del Estado, consolidando así el endeudamiento como vía principal para poder acceder a la educación superior. El documento indica que gran parte de los fondos del CAE ha beneficiado a conglomerados privados, ya que concentran alrededor del 70% de los recursos del crédito y de las matrículas.

De hecho, según el informe, en 2022, la matrícula en educación superior alcanzó los 1.301.925 estudiantes, lo que representa 638.246 inscripciones más que en 2005. Cabe destacar que solo 20 instituciones representan el 67% de este aumento. 

Las instituciones que concentran la mayor parte de la matrícula y de los recursos del CAE pertenecen a grandes conglomerados educativos, como la Fundación Educación y Cultura (ex Laureate, que agrupa a la Universidad Andrés Bello, Las Américas, Viña del Mar e Instituto Profesional AIEP), Santo Tomás, INACAP y la Pontificia Universidad Católica a través de Duoc UC. En este grupo también figuran universidades investigadas por lucro, como la San Sebastián, Autónoma, Central y del Desarrollo, entre otras.

Por otro lado, en un principio, el 59% del dinero fue aportado por el Estado y el 41% restante por los bancos. Sin embargo, desde 2015, las entidades bancarias comenzaron a retirarse del sistema, vendiendo muchos de estos créditos al Estado y cobrando las garantías estatales cuando los estudiantes no han pagado, debido al aumento de la morosidad. Actualmente, el Estado es dueño del 68% de la deuda; los bancos, del 26%, y las universidades y centros de formación, del 6% restante.

El documento mencionado señala que el Fisco ha comprado casi dos millones de créditos CAE que estaban en manos de bancos, por un valor total de 6,55 billones de pesos, alcanzando un 58%, cifra muy por encima del 25% previsto originalmente.

Al comprar los créditos el Estado pagó un “sobreprecio” a las instituciones bancarias por un monto de 1,3 billones, es decir, un 24,9% más del valor real de la deuda,ampliamente superior del 6% que se había establecido como margen inicial.

Entre los principales beneficiarios se encuentran Scotiabank, BancoEstado e Itaú, que concentran la mayoría de los créditos vendidos. Por otro lado, BCI obtuvo un sobreprecio muy elevado, equivalente al 55,6% en sus ventas al Fisco.. 

Por otro lado, el CAE fue diseñado bajo la premisa de que quienes lo utilizaran podrían pagarlo tras egresar y conseguir empleo en el área que estudiaron. Sin embargo, el Informe Mensual de Calidad del Empleo (IMCE) de Fundación Sol, correspondiente al período diciembre‑febrero de 2025, señala que el subempleo profesional afecta hoy a 1.169.661 personas, es decir, al 30,9 % de quienes tienen educación superior completa, cifra que ha aumentado 4,1 puntos porcentuales desde el inicio de la medición en enero‑marzo de 2010.

La historia de Fernanda y su deuda impagable

Cientos de estudiantes han solicitado el Crédito con Aval del Estado para acceder a la educación superior. Una de ellas es Fernanda Muñoz, odontóloga egresada de la Pontificia Universidad Católica (PUC), quien utilizó el CAE durante siete años, periodo en el que este cubrió el total del arancel de referencia.

Actualmente, la carrera de Odontología en la Pontificia Universidad Católica de Chile tiene un arancel anual de $9.930.000, mientras que el arancel de referencia fijado por el Mineduc es de $5.611.220. Esto significa que, aunque un estudiante financie con CAE el 100% del arancel de referencia, deberá cubrir por su cuenta cerca de $4.318.780 cada año.

En conversación con El Ciudadano, Fernanda señaló que al finalizar la carrera debía más de 40 millones de pesos y agregó que en un principio ella pagó las cuotas correspondientes, por un total de 8 meses, sin embargo, pasado este tiempo dejó de pagarlas.

Una de las razones por las que Fernanda no ha podido pagar su deuda es que decidió estudiar un posgrado, algo que se veía enormemente dificultado por la carga del crédito. Por eso, Fernanda tuvo que elegir entre pagar el CAE o continuar sus estudios, optando por esta última opción.

“Decidí no pagar y continuar estudiando con el posgrado, que quizás si yo hubiese dicho como no, “no voy a poder,  voy a seguir pagando el CAE”, no hubiese podido como destinar ese dinero al posgrado”, indicó Fernanda. 

Al no pagar sus cuotas, la deuda de Fernanda pasó a Tesorería, por lo que, por ejemplo, ya no tiene derecho a la devolución de impuestos. Muñoz comentó que, al revisar su deuda, ésta asciende a un total de 43 millones de pesos.

Fernanda señaló que, aunque no se sintió perseguida, mantener una deuda tan grande le causó mucha ansiedad y remordimiento por no pagarla, aunque afirma hacerse responsable de su decisión.

Muñoz se manifestó a favor de la condonación del crédito estatal, aunque declaró verla como algo lejano y difícil: “sobre todo porque es un tema que se ha hablado y propuesto, pero que ni siquiera el gobierno actual ha logrado concretar realmente. Creo que es una ilusión, nos venden pajaritos”.

Más que estudiantes: los trabajadores endeudados del sistema educativo

Aunque el CAE se pensó como una herramienta para ampliar el acceso de estudiantes a la educación superior, hoy se ha transformado, sobre todo, en una carga para trabajadores. La mayoría de quienes mantienen deudas ya egresaron o incluso abandonaron sus estudios, y enfrentan cuotas que se vuelven difíciles de asumir en un contexto de salarios bajos y costos de vida en aumento.

En entrevista para El Ciudadano, el sociólogo e investigador de Fundación Sol, Benjamín Sáez, advirtió: “En realidad, el CAE en su gran mayoría es un problema de la clase trabajadora más que de estudiantes”. 

Para Benjamín, el origen del CAE revela una decisión política que favoreció a la banca por sobre los estudiantes. Aunque el Estado disponía de recursos para financiar la educación superior, optó por entregarlos al sector financiero en lugar de fortalecer la educación pública. “La gran pérdida fue no haber invertido en la oferta de educación superior, especialmente en la pública”, señaló. 

El investigador agrega que este modelo responde a una lógica más amplia, donde el sector financiero busca lucrar con aspectos básicos de la vida cotidiana. “Vemos cómo cada vez más la banca hace negocios con la reproducción de los hogares: educación, salud, vivienda e incluso necesidades básicas como alimentación y vestuario”, afirmó.

Para Sáez, el CAE es un claro ejemplo de esta lógica: la banca participa directamente en el acceso a la educación superior, asegurando utilidades con respaldo estatal. En lugar de fortalecer la educación pública, se integró el sector financiero como actor central, garantizando ganancias mientras miles enfrentan deudas impagables.

Lejos de ser una herramienta de movilidad social, el CAE se ha transformado en una trampa financiera, convirtiéndose en una deuda que crece con intereses que los ingresos de los egresados rara vez logran cubrir.

Desde su creación, el CAE ha cargado con un problema estructural: una morosidad que no deja de crecer. Desde Fundación Sol advierten que no se trata solo de deudores con dificultades económicas, sino de un sistema que parece diseñado para dificultar el pago. Hasta hace poco, por ejemplo, los deudores debían soportar largas filas exclusivas para cumplir con sus cuotas, en lugar de contar con facilidades de pago modernas y accesibles.

A esto se suma que los intereses elevados ignoran la realidad de miles de egresados, muchos de los cuales no encuentran empleo en su área de formación o perciben sueldos que hacen imposible enfrentar las cuotas. En lugar de ofrecer una salida, el sistema perpetúa una deuda que se vuelve impagable para gran parte de la clase trabajadora.

Además, Benjamín advirtió que el CAE no es una deuda única. “Entonces, la deuda del CAE se suma a otras obligaciones y, en ese contexto, la presión financiera sobre los hogares que deben pagarla, además de enfrentar otras deudas, hace cada vez más difícil poder mantenerse al día con las cuotas”, agregó Sáez.

Otro de los factores fundamentales que, para Sáez, explicarían la gran cantidad de morosos de este crédito es el hecho de que el CAE es percibido por la ciudadanía como una “deuda ilegítima”.

“Es decir, acá es importante consignar que el estado diseñó una política abusiva, una política que fracasó en términos de su objetivo de movilidad social, de expansión de la educación superior”, señaló el sociólogo. 

Como se mencionó anteriormente, la mayoría de las matrículas corresponden a instituciones pertenecientes a grandes conglomerados educativos. Para Benjamín, esto lleva a que las personas se pregunten: ¿hacia dónde ha crecido el sistema de educación superior? ¿Quiénes se han beneficiado con el crecimiento de estas instituciones?

Sáez señaló que existen factores como “el enriquecimiento de la banca, el fortalecimiento de instituciones privadas que lucran, los altos niveles de interés y la convivencia de esta política con otras que no implican pago directo de la educación, como la gratuidad”. Todos estos elementos, afirma, son percibidos por la ciudadanía y contribuyen a la actual crisis de legitimidad que enfrenta el CAE.

“Hoy en día también ha perdido su legitimidad social y por lo tanto, es muy difícil pedirle a alguien que está en una situación económica compleja que privilegie el pago de algo que no considera legítimo y que de cierta forma, quienes tienen este crédito, quienes están endeudados con él perciben que su situación no es justa”, advirtió Sáez.

Otro punto importante está ligado a los mecanismos de cobranza. Benjamín denunció que en algunos casos la banca recurre a otros cobradores, dando pie a situaciones como amenazas por embargo de propiedades.

Por otro lado, desde Fundación Sol señalaron que muchos de los testimonios que han llegado a sus manos señalan no haber entendido del todo bien de qué se trataba el crédito, por ejemplo, personas no tenían conocimiento de su condición de deudores hasta que les llegó el cobro. Otras personas consideraban el CAE como una ayuda estatal, o un paso obligatorio para acceder a la educación superior.

“Algunas personas nos decían que ni se lo cuestionaron, en la medida que no tenían otra forma de financiar el acceso a la educación superior. Y el acceso a la educación superior aparece como un paso casi obligatorio. Simplemente hicieron lo que tenían que hacer que era firmar lo que les pusieran delante para acceder a la educación superior”, indicó Sáez.

Por lo tanto, para el investigador, la gran cantidad de personas morosas, se debe – a parte de las condiciones socioeconómicas– a una menor legitimidad de la deuda. “Por tanto, esto de mantenerlo año a año es, en realidad, una inercia política que está generando un daño claro, no solo a las personas que se les entrega, sino también a todas las personas del país debido al  mal uso de recursos públicos”, declaró Benjamín. 

Una reforma en marcha: Gobierno propone un nuevo modelo de financiamiento educativo

Por su parte, el Subsecretario de Educación Superior, Victor Orellana, consultado por El Ciudadano, declaró que el CAE tuvo un rol fundamental en cuanto a la expansión de la educación superior en Chile. Sin embargo, reconoció que no se obtuvieron los resultados esperados por aspectos no previstos en su diseño original.

Uno de estos resultados es que en el proyecto se estimó la entrega de unos 40 mil créditos al octavo año pero lo que pasó en realidad es que se entregaron más de 300 mil. 

“La expansión del sistema ocurrió de manera desregulada e inorgánica, sin control suficiente sobre la calidad, pertinencia ni los aranceles de la oferta formativa. Aunque se implementaron instrumentos como los aranceles de referencia y la articulación con el sistema de acreditación, estos resultaron insuficientes para contener esas dinámicas”, declaró Orellana

Por otro lado, el subsecretario indicó que a este efecto se le suma un contexto económico en que los beneficios monetarios de la educación superior – aunque en promedio son positivos– no siempre se ven materializados de la forma esperada, afectando la capacidad de pago de los deudores e incrementando la carga financiera del crédito más allá de lo inicialmente previsto. 

“Según un estudio reciente de University College London (UCL), incluso en un escenario ideal —donde todas las personas cumplen íntegramente con sus obligaciones de pago—, la recuperación del CAE no superaría el 90%, debido al nivel de ingresos de quienes contrajeron esta deuda” advirtió al respecto.

Además, el subsecretario agregó que la expansión de la cobertura no fue acompañada de un crecimiento y modernización equivalente, generando una dificultad estructural que afectó “tanto la capacidad de la educación superior para responder de manera pertinente a las necesidades sociales, como el funcionamiento adecuado del sistema de financiamiento a través del CAE”, indicó.

“Hoy el CAE representa una carga ineficiente para el Estado, genera tensiones en las finanzas de las instituciones de educación superior y una angustia para miles de familias. Existe un amplio consenso político y social respecto a la necesidad de reemplazar este instrumento”, agregó.

Por otro lado, Orellana señaló que el financiamiento es un medio para que el sistema de educación superior contribuya de manera efectiva al desarrollo sostenible y al bienestar de las personas. El subsecretario agregó que Chile invierte actualmente casi un 2,4% del PIB en educación superior, de los cuales el Estado aporta poco más del 1%.

Asimismo, declaró que aún quedan desafíos pendientes que obligan a continuar perfeccionando el esquema de financiamiento, con el fin de garantizar que los recursos destinados aseguren una educación de calidad, igualitaria e inclusiva.

En cuanto al proyecto de ley que busca poner fin al CAE y crea un nuevo instrumento de Financiamiento Público para Estudios de nivel Superior (FES), señaló:

“Este proyecto propone también un Plan de Reorganización y Condonación de Deudas en créditos estudiantiles con participación del Estado (CAE, Fondo Solidario y Créditos CORFO). Este Plan, de adscripción voluntaria, aliviará la situación de todas las personas deudoras que decidan acogerse a él, en función de su situación económica y su historial de pago previo. El proyecto fue aprobado en general y en particular por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados, y actualmente se encuentra en votación en particular en la Comisión de Hacienda”.

El subsecretario agregó que la iniciativa se enmarca en una agenda más amplia de modernización de la educación superior, orientada al desarrollo humano sostenible y a enfrentar los desafíos futuros, con énfasis en las necesidades del país y con la educación pública como eje central.

Además, Orellana explicó que el proyecto de ley pone fin a los gastos asociados a la operación del crédito, como las recargas pagadas en licitaciones o las garantías entregadas a los bancos por deudores con morosidad prolongada. Con la nueva normativa, quienes se acojan al Plan de Reorganización y Condonación tendrán una obligación de pago contingente a su ingreso con el Fisco, quedando el Estado a cargo de negociar con las entidades financieras, y no las personas deudoras.

Desde el Ejecutivo señalan que una de las principales lecciones que deja el CAE es que la participación de la banca en el financiamiento de la educación superior fue un error que no debe repetirse, debido a los altos costos fiscales y sociales que implicó. Además, destacan la importancia de que los futuros instrumentos de financiamiento sean sensibles a la realidad económica de las personas, para evitar que se transformen en una carga excesiva para las familias

“También se reconoce la necesidad de un sistema financiero articulado que permita no solo apoyar a las y los estudiantes, sino también canalizar recursos hacia la investigación, el desarrollo y la innovación. En esa lógica, el proyecto FES busca generar ahorros de eficiencia que reemplacen los altos costos anuales del sistema actual”, concluyó el subsecretario.

¿Derecho o deuda? El dilema que persiste tras el CAE

Para Fundación Sol, el nuevo sistema propuesto de financiamiento de la educación superior, debe basarse en justicia y no en castigar la morosidad.

“En este sentido, la propuesta del actual gobierno de mantener un mecanismo de financiamiento centrado en la deuda para nosotros es un error y va a generar consecuencias perversas, algunas de las cuales ya hemos podido observar en el debate respecto a los aranceles regulados, debido a que acá va a haber un enfrentamiento de las casas de estudio con el estado por fijar el monto de los aranceles forma ha sido un mecanismo que ha permitido también el aumento de precios”, advirtió Benjamín.

Sáez planteó que, aunque aún se requiere un análisis más detallado, el Crédito con Aval del Estado puede entenderse como una hipótesis de política que garantiza el acceso a la educación superior a hogares con baja capacidad de pago. Según explica, muchas familias no podrían costear estas carreras solo con recursos propios, pero al intervenir la banca y luego el Estado como aval, se facilita una transferencia masiva de estudiantes al sistema. 

De esta forma, se permite un copago donde el hogar no desembolsa nada directamente, aunque se estén financiando carreras de altísimo costo, de varios millones de pesos. Esto pone en cuestión el rol del Estado y la lógica del endeudamiento en el acceso a derechos fundamentales como la educación.

Para el sociólogo esto se transforma en un incentivo para que las instituciones de educación superior puedan aumentar sus precios “sabiendo que estos no dependen de la capacidad de pago de los hogares, sino que dependen de la capacidad de aval del estado y de préstamo de los bancos, la cual tiene un amplio margen de crecimiento”, señaló.

Sáez advirtió sobre una arista crítica del financiamiento en la educación superior: los aranceles regulados. Explica que el Estado está definiendo costos por debajo de los que las propias instituciones calculan para operar, lo que ha generado una brecha entre los ingresos proyectados por los planteles y lo que efectivamente reciben. 

Muchas universidades han estructurado sus presupuestos en función de aranceles más altos, por lo que este desfase pone en riesgo su sostenibilidad. Algunas incluso han advertido que no podrán continuar si se mantienen los valores estimados por el Estado. Esto refleja los límites de un modelo basado en el financiamiento a la demanda y plantea la necesidad de revisar el diseño estructural del sistema.

Por otro lado, Benjamín también señaló que centrarse en responsabilidades individuales supone un gran problema ya que “la única manera de encontrar la solución más justa para todas las personas es salir de la lógica de las responsabilidades individuales y apuntar a la lógica sistémica”, indicó.

En la misma línea, Sáez planteó que si bien es necesario generar un buen estimulo para quienes se encuentren al día, darle mayores beneficios a este grupo genera una discriminación afectando a hogares que necesitan un mayor apoyo.

Para Fundación Sol, hoy en día la condonación aparece como un elemento de justicia, abriendo una oportunidad para cambiar la lógica de financiamiento a la demanda. “Para nosotros la propuesta de un nuevo sistema de financiamiento era una gran oportunidad para potenciar el financiamiento a la oferta y sin embargo, acá se plantea un mecanismo de pago nuevamente”, declaró Sáez.

Por lo tanto, la propuesta del gobierno, que elimina a los bancos pero mantiene un modelo de financiamiento basado en la deuda y en la devolución contingente al ingreso, también genera reparos. Benjamín advirtió que esta lógica implica un retroceso respecto de lo planteado con la gratuidad, ya que, si bien con esta política las personas no debían desembolsar dinero de su bolsillo, con el nuevo proyecto se reinstala un mecanismo de pago basado en expectativas de éxito profesional.

«Nos parece que esta apuesta por financiar el mecanismo con la devolución de los profesionales es muy arriesgada, en un contexto en que casi un tercio de ellos está trabajando en ocupaciones que no son de carácter profesional. Es un sistema que no se hace cargo del subempleo ni del deterioro en la empleabilidad de quienes cuentan con educación superior”, concluyó. 

A casi veinte años de su creación, el Crédito con Aval del Estado dejó de ser una herramienta para ampliar oportunidades y pasó a convertirse en una carga estructural para miles de familias chilenas. 

Lo que nació como una promesa de movilidad social terminó consolidando un modelo que benefició principalmente a bancos e instituciones privadas, en desmedro de estudiantes y egresados atrapados en una deuda que muchas veces se vuelve impagable. Las cifras de morosidad, la ansiedad de quienes no pueden pagar y el retiro paulatino de la banca son solo algunas señales del fracaso de esta política pública.

Hoy, con el avance del proyecto FES, el país enfrenta un momento clave: ¿seguirá apostando por un financiamiento basado en la deuda individual o será capaz de construir un nuevo modelo centrado en el derecho a la educación? 

Mientras el debate sigue abierto, las voces críticas apuntan a que no basta con reemplazar el instrumento, sino que es necesario cuestionar la lógica completa que lo sustentó. Porque el CAE no solo fue un crédito: fue la expresión de un sistema donde educarse pasó a depender de la capacidad de endeudarse. Y de esa promesa rota, aún nadie se hace completamente responsable.

Por Camila Silva Cortés