Por Directiva Nacional de AFUNAMIG
En Chile mucho se habla de la necesidad de fortalecer la gestión migratoria, pero poco se discute de las condiciones institucionales necesarias para lograrlo.
Se habla de aumentar las expulsiones, acelerar los trámites, mejorar el control y hacer más eficiente al Estado. Son demandas que escuchamos prácticamente todos los días. Sin embargo, poco se habla de quienes tienen que hacer ese trabajo.
Hoy, en el Servicio Nacional de Migraciones, más de 80 funcionarias y funcionarios enfrentan la posibilidad de quedarse sin trabajo. Y lo más difícil de entender es que, mientras se proyecta su salida, también se contempla la incorporación de nuevas personas para ocupar una cantidad similar de puestos.
Entonces, la pregunta es bastante sencilla: ¿Para qué sacar a quienes ya saben hacer el trabajo, si después habrá que contratar a otros para que aprendan a hacerlo?
Quienes conocemos el funcionamiento del Servicio sabemos que aquí no basta con llegar, sentarse frente a un computador y comenzar a resolver solicitudes. La normativa migratoria es compleja, los procedimientos cambian, los sistemas presentan dificultades y muchas decisiones requieren conocimientos que solo se adquieren con la experiencia.
Hay funcionarios que han pasado años aprendiendo a resolver situaciones que difícilmente aparecen en un manual. Personas que conocen los procedimientos de expulsión, que han trabajado en regiones con una alta demanda migratoria, que saben cómo enfrentar contingencias y que han sido parte de la construcción de una institución que apenas lleva 5 años funcionando como servicio.
¡Todo ese conocimiento no se reemplaza con una nueva contratación! ¿Por qué estamos dispuestos a perder la experiencia que ya tenemos, para después invertir tiempo y recursos públicos en volver a construirla?
Es una contradicción que cuesta comprender, especialmente en un momento en que la migración ocupa un lugar central en la discusión pública. Se exige más rapidez en los procedimientos, mayor capacidad de análisis y más expulsiones.
Pero, al mismo tiempo, se pone en riesgo la continuidad de equipos que llevan años trabajando precisamente en esas materias.
No parece tener mucho sentido.
Tampoco podemos olvidar que el Servicio Nacional de Migraciones es una institución relativamente nueva, que todavía está consolidando sus procesos, su estructura y su forma de trabajar.
Muchos de sus funcionarios han tenido que aprender sobre la marcha, adaptarse a cambios normativos, enfrentar contingencias y responder a exigencias que no siempre han venido acompañadas de los recursos necesarios.
Son los mismos trabajadores a quienes se les pide compromiso, cumplimiento de metas y disposición para asumir nuevas tareas. Y ahora, después de todo ese esfuerzo, algunos podrían recibir una notificación informándoles que su contrata no será renovada.
En la reunión que sostuvimos como AFUNAMIG con las autoridades del Servicio el pasado 5 de noviembre, conocimos antecedentes que apuntan a un escenario de entre 80 y 100 posibles no renovaciones de contrata.
¿Qué entendemos realmente por fortalecer el Estado?
Porque fortalecer una institución no puede consistir solamente en incorporar nuevas tecnologías, modificar estructuras o cambiar a las personas que trabajan en ella.
También significa reconocer lo que se ha construido, cuidar el conocimiento acumulado y dar continuidad a los equipos que hacen posible su funcionamiento.
Lo que resulta difícil de justificar es que ese proceso pueda significar dejar ir a decenas de personas con experiencia para luego incorporar a otras que tendrán que comenzar su propio proceso de aprendizaje.
Si lo que se busca es mejorar la gestión migratoria, deberíamos estar hablando de cómo aprovechar mejor el talento que ya existe, cómo capacitar a nuestros equipos y cómo generar oportunidades para que las personas puedan desarrollarse dentro de la institución.
Y aquí hay algo que no podemos perder de vista: cuando un funcionario con experiencia deja el Servicio, no solo se pierde a una persona de la dotación. Se pierde parte de la memoria institucional, del conocimiento de los procedimientos y de las relaciones de trabajo que permiten resolver problemas todos los días.
Ese costo no siempre aparece en una planilla presupuestaria, pero existe. Y muchas veces termina pagándolo el propio Estado, cuando tiene que volver a formar personas para cumplir funciones que antes ya estaban siendo realizadas.
La ciudadanía tiene derecho a exigir una política migratoria que funcione. Y quienes trabajamos en el Servicio sabemos que hay mucho por mejorar. Pero también sabemos que ninguna política pública se sostiene solamente con anuncios o buenas intenciones. Se necesitan equipos preparados, experiencia y condiciones para hacer bien el trabajo.
Hay una ironía bastante amarga en todo esto. Mientras el país exige aumentar las expulsiones migratorias, quienes trabajan para hacerlas posibles hoy enfrentan la posibilidad de ser expulsados de su propio Servicio.
Y no deja de ser preocupante que, en nombre de una mejor gestión, podamos terminar perdiendo precisamente a quienes conocen cómo llevarla adelante.
Todavía hay tiempo para revisar lo que se está planteando. Para escuchar, evaluar cada situación y preguntarse si realmente estamos tomando decisiones que fortalecen al Servicio Nacional de Migraciones.
Porque el problema no es solamente lo que ocurrirá con más de 80 trabajadores y sus familias, aunque eso por sí solo ya debería preocuparnos. El problema también es qué Servicio quedará después.
Chile necesita una mejor gestión migratoria. Pero difícilmente la conseguiremos si dejamos ir a quienes han dedicado años a construirla. Y eso, más que un problema de funcionarios, debería ser una preocupación de todos.
Directiva Nacional AFUNAMIG (Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del Servicio Nacional de Migraciones)
