La pesca artesanal y su espera por años de la anulación de la ley Longueira: Un aprendizaje a tener en cuenta luego del Apruebo de la nueva Constitución

"A los ciudadanos de nuestro país no le puede ocurrir con la nueva Constitución lo que les ha estado sucediendo por años a los miles de pescadores artesanales, a las Pymes de pesca pelágica y a Chile en materia pesquera, quienes terminaron siendo víctimas de los arreglos de los partidos de "pseudo centro-izquierda" que post dictadura, facilitaron que los grandes grupos económicos se apropiaran del total de la riqueza pesquera del país..."

Por Pablo Fernando González, PYME Innovación

A los ciudadanos de nuestro país no le puede ocurrir con la nueva Constitución lo que les ha estado sucediendo por años a los miles de pescadores artesanales, a las Pymes de pesca pelágica y a Chile en materia pesquera, quienes terminaron siendo víctimas de los arreglos de los partidos de «pseudo centro-izquierda» que post dictadura, facilitaron que los grandes grupos económicos se apropiaran del total de la riqueza pesquera del país y el año 2012 le siguieran los pasos a la Derecha para perfeccionar que dichos privilegios fueran a perpetuidad – Ley Longueira mediante – como lo denunciara sin pelos en la lengua y en forma notable Daniel Matamala en una columna de su autoría de la semana recién pasada.

La complicidad del Congreso para extenderle los privilegios a los grupos económicos a pesar de la corrupción

El 9 de enero del 2019, la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados votó favorablemente la anulación de la Ley Longueira. En esa ocasión tuve la posibilidad de exponer que a la suma de delitos de corrupción probados por la Justicia a Corpesca (Angelini) y al senador Orpis, en los años de vigencia de la Ley Longueira se había profundizado la devastación de casi todas las pesquerías que poseía el país y que era una tergiversación de la verdad lo que hacían las 7 familias dueñas a través de sus agrupaciones empresariales (Sonapesca y ASIPES) los que afirman que ésta última habría ayudado a la sostenibilidad, por lo mismo era urgente su anulación. Sin embargo, los comités políticos de los partidos con mayoría de diputados, se encargaron por más de 3 años y medio de boicotear que la anterior decisión de anulación se votara por la Sala.

Sobre esto último, Daniel Matamala escribió: «Esta semana, al fin, pasó algo: la Cámara de Diputados aprobó la anulación de la Ley Longueira. Al día siguiente, el proyecto debía discutirse en la Comisión de Pesca del Senado. Pero no hubo quórum. Llegó solo uno de los cinco parlamentarios convocados. El senador Fidel Espinoza (PS) justificó su ausencia diciendo que se estaba ‘instrumentalizando a los pescadores artesanales en época de elecciones’. Curioso argumento: desde 2013, la ley ha sobrevivido cuatro gobiernos: Piñera, Bachelet, Piñera de nuevo y ahora Boric. Han pasado tres elecciones presidenciales y parlamentarias, dos municipales, una de convencionales y un plebiscito. Nunca ha sido el momento oportuno para derogarla o anularla».

Da la casualidad que a uno de los partidos que encabeza la propuesta de reformas a la nueva Constitución que está por aprobarse el 4 de septiembre, pertenece el senador Fidel Espinoza (PS), que justifica que sería apresurado votar la anulación de la Ley Longueira en el Senado por encontrarnos ad portas de una elección. Pareciera serle indiferente que existe un consenso país desde hace a lo menos 5 años que mantener vigente esa ley solo permite que año tras año los que participaron de la corrupción – 7 familias – aumenten sus utilidades en forma ilícita porque el Congreso ha buscado múltiples excusas para no votar su anulación.

Vale destacar que en los 11 años de vigencia de la Ley Longueira la población ha perdido la riqueza en proteínas marinas y Omega 3 marino, parte de nuestras principales pesquerías, lo que dejó al desnudo que esa ley tuvo como principal propósito servir a los negocios de alimentación animal de las 7 familias, mientras los miles de hogares de nuestro país eran la principal víctima de la falta de acceso al consumo de pescado.

Es del conocimiento de diputados y senadores, y de todos los partidos, que lo anterior afecta a millones de niños y jóvenes de los hogares con precariedad económica de nuestro país, que reciben alimentación de la JUNAEB, quienes a pesar de las numerosas movilizaciones no han conseguido que se incluyan en las dietas los mínimos de Omega 3 marinos y proteínas marinas que sugiere la Organización Mundial de la Salud para tener una nutrición saludable. Los resultados: nuestros niños y jóvenes son víctimas de mal nutrición, que se manifiesta en sobrepeso y enfermedades de síndrome metabólico (diabetes, hipertensión, etc.), cuyos índices están disparados en el país y que también afecta sus capacidades intelectuales.

De allí que mantener vigente una Ley de Pesca que puso como principal preocupación de la ley a los negocios de alimentación animal de las 7 familias por sobre la nutrición saludable de los niños y jóvenes de nuestro país, coloca a prueba los intereses que están defendiendo los senadores si deciden no anularla. La «calle» y principalmente el movimiento estudiantil deben redoblar su toma de conciencia que sin anulación de la Ley Longueira su mal nutrición será cada día peor.

Por estos días, han proliferado distintos grupos políticos y agrupaciones empresariales que pretenden torcer la decisión de lo que votemos la mayoría del país. Los anteriores deberían saber que la «calle» como le llamaba a comienzos del 2019 el presidente de la Confederación de los grandes grupos económicos (CPC) a la movilización ciudadana, tras una gran cantidad de demandas no ha sido desmovilizada por los partidos que sostienen el nuevo gobierno, como ocurriera a principios de los 90 luego del triunfo del NO, ya que hoy esos partidos y los surgidos posteriormente tienen una pobre representación y ninguna legitimidad en medio del tejido social que dio pie al levantamiento social del 2019.

A diferencia de los años 90, en los años siguientes al 19 de octubre del 2019, la «calle» profundizó su capacidad de organización en miles de colectivos en los distintos territorios y movimientos sociales, incluyendo el estudiantil. Lo anterior es lo que le permitió elegir representantes independientes de los partidos y que superaran por lejos lo conseguido por las orgánicas de estos últimos, lo que permitió que las demandas de la «calle» se canalizaran por un cauce institucional, que fue el que dio paso a la Constituyente y negociar al interior de la misma con las otras fuerzas, las numerosas demandas de la mayoría ciudadana.

Algunos dirigentes de los partidos que fueron cabeza de gobierno durante los últimos 30 años concluyen por estos días que no deberían haber dado espacio a los independientes fuera de partido, a la «calle», y para ello le sirve de caja de resonancia nada menos que El Mercurio. Es razonable que piensen de esta manera, pero da lo mismo, ya que la deslegitimación de los partidos y las instituciones como el Congreso es lo que permitió que el levantamiento social pasara por sobre los partidos y desbordara toda la institucionalidad.

Es un hecho que el día que salimos a votar fue entre otras cosas para que el proceso constituyente no estuviera a cargo de los partidos, porque de aceptar esto último era aceptar que todo cambiará según lo convinieran élites que controlan «maquinarias de partidos», totalmente divorciadas con la realidad de lo que quiere la mayoría del país, salvo una o dos excepciones. En su mayoría, los anteriores tienen una militancia de papel que la activan solo para los procesos electorales o para alimentar el sector público y empresas del Estado con incondicionales a sus directrices, cuando son elegidos gobierno.

Por el contrario, en este último par de años la «calle», es decir, los colectivos ciudadanos, territoriales y del movimiento estudiantil, han dado profundidad al trabajo de toma de conciencia de su derechos  sociales. El tener representantes en la Constituyente resultó crítico para esa toma de conciencia enriqueciera su quehacer con experiencias de participación, lo que abrió el espacio a que hicieran propuestas tan significativas como establecer en la nueva Constitución un Estado Social de Derechos. 

Resultado: la «calle» ha crecido en conciencia política y en el ejercicio de democracia participativa, a ello han contribuido los constituyentes elegidos por el levantamiento social, los que en el último tiempo se multiplicaron en los territorios y han hecho una contribución histórica de educación cívica al conjunto de la ciudadanía, a lo largo y ancho del país.

CONCLUSIÓN

La «calle» seguro que no está disponible para traicionar el proceso de cambios sociales profundos del que son sus protagonistas, menos las nuevas generaciones de jóvenes y estudiantes que tienen la voluntad de saltar los torniquetes que sean necesarios hasta que la dignidad se haga costumbre. Estamos en un momento político donde la «calle» no dejará el protagonismo de sus luchas sociales a manos de una burocracia que controlan partidos sin conexión con el tejido social; ello solo es una ilusión de élites que todavía no entienden los nuevos códigos de la sociedad que están viviendo. La «calle» y los miles de colectivos ciudadanos que la sostienen, son sinónimo de movilización ciudadana que asegura y resguarda que construyamos un Chile para todos, de la mano de una democracia participativa.


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