La eliminación de la facultad de presentar querellas criminales es una de las modificaciones que contiene el proyecto de ley ingresado por el Presidente José A. Kast, para «reformar» el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
La noticia fue conocida este lunes 19/10 y fue ampliamente consignada por la prensa nacional. En específico, la propuesta del Ejecutivo modifica la Ley 20.405 que rige al INDH desde su creación en 2009, introduciendo cambios estructurales «en la gobernanza, el mandato y las atribuciones» de la entidad.
Según se lee en el mensaje presidencial enviado a la Cámara de Diputadas y Diputados, la «concentración masiva de la acción del Instituto en el ámbito de la presentación de acciones judiciales» ha ido «en desmedro de su rol consultivo».
En este marco, el proyecto termina con la facultad del INDH para presentar querellas criminales, sustituyéndola por una «denuncia institucional» que consiste en «poner en conocimiento» de los organismos competentes los hechos que pudieren ser constitutivos de delito.
Se mantendrá, a cambio, la capacidad del Instituto de deducir acciones constitucionales de protección y amparo «establecidos en los artículos 20 y 21 de la Constitución Política de la República, previo acuerdo del Consejo».
En esa línea, otra reforma que se propone es la reducción del Consejo del INDH, que pasaría de 11 a 5 integrantes, con un periodo de 4 años y una reelección -hoy pueden ejercer hasta 12 años continuos-, y se crea un «director ejecutivo», seleccionado por Alta Dirección Pública y designado por el Consejo.
De acuerdo al texto, esta nueva autoridad tendrá a su cargo la dirección administrativa y operativa del INDH, lo representará legalmente y durará 5 años en sus funciones, pudiendo renovarse por una sola vez.
En tanto, en el informe financiero adjunto al proyecto, elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), se asegura que la reforma generará un menor gasto fiscal de $3.720.995 miles (aproximadamente $3.720 millones) una vez que esté en plena vigencia.
El ahorro proviene fundamentalmente de la eliminación de la facultad de querellas (que implica una reducción del 70% de la dotación de abogados de la unidad de protección), la reorganización territorial (que establece una reducción del 50% de la dotación regional al no establecer sedes fuera de Santiago) y la reducción del número de consejeros.
Revisa el proyecto completo AQUÍ
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