La tortura es un delito: Reabren investigación por golpiza de Carabineros a manifestante en Plaza Ñuñoa en Octubre de 2019

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago realizó una audiencia en la que resolvió la reapertura de la investigación que involucra a 7 funcionarios de Carabineros, formalizados por el delito de torturas.

Los uniformados formaban parte de un grupo que participó en la golpiza contra un manifestante en la Plaza Ñuñoa durante la revuelta social de 2019.

En este caso, la sede de la Región Metropolitana del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) actúa como querellante y había solicitado, precisamente, reabrir la indagatoria.

Los hechos se remontan al 22 de octubre de 2019, cuando la víctima se estaba manifestándose con un sartén en las inmediaciones de la Plaza Ñuñoa.

Hasta ese lugar llegó un carro policial, del que bajaron 12 funcionarios de Carabineros, algunos de los cuales lo agredieron brutalmente con golpes de pie y lumas, mientras el resto se abstenía de intervenir para detener la acción.

Producto del ataque, la víctima sufrió politraumatismo, fractura nasal, fracturas costales múltiples, fractura dental, un trauma ocular que significó la pérdida de visión en uno de sus ojos y un neumotórax de lado izquierdo.

Recordemos que la situación impactó a la opinión pública nacional pues fue transmitida en vivo por un canal de televisión.

La tortura es un delito

Desde el INDH y también desde el Ministerio Público calificaron la acción policial como constitutiva del delito de tortura.

De esta forma, 13 funcionarios de Carabineros fueron formalizados en diciembre de 2019 y se decretaron medidas cautelares de diversa intensidad para todos ellos.

Posteriormente, en diciembre de 2022, el Ministerio Público comunicó al tribunal que separaría la investigación contra 7 funcionarios, respecto de quienes comunicó el cierre y su decisión de no perseverar en el procedimiento.

A esto último se opusieron los querellantes. El INDH solicitó la reapertura de la investigación, por existir una serie de diligencias que habían sido pedidas oportunamente y que todavía se encuentran pendientes.

La abogada Paulina Pérez, de la sede de la Región Metropolitana del INDH, concurrió a la audiencia decretada por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago para discutir las pretensiones de reapertura.

Ahí la jueza resolvió acceder a esta petición, por estimar que hay diligencias que aún no se han completado, como la incorporación a la carpeta de investigación de la ficha clínica de la víctima; tomar declaración a oftalmólogos que han sido parte de su proceso de atención y recuperación, y que se realicen dos pericias, una tendiente a esclarecer la dinámica de los hechos y otra destinada a analizar los antecedentes médicos relacionados a la pérdida de visión de la víctima.

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