Las irregularidades que causaron la grave crisis de la basura que se vive en Chiloé

En Chiloé, los conflictos a causa de la basura se vienen extendiendo desde el año 2019, luego que el vertedero municipal del sector Hueicha, comuna de Ancud, fuera clausurado tras 40 años de funcionamiento, sin que el municipio y el gobierno regional hayan previsto oportunamente una opción para el depósito final de residuos, afectando también a otras comunas de Chiloé, generando una severa crisis sanitaria y ambiental.

Durante el 2019 y 2020, comunidades mapuche de San Antonio de Huelden en Ancud, mantuvieron una férrea oposición a la instalación de un vertedero municipal «transitorio», e incluso varios de sus integrantes fueron reprimidos a causa de las protestas, logrando finalmente evitar que tierras ancestrales fueran el depósito de la basura.

Así, la Municipalidad de Ancud, bajo la responsabilidad del alcalde reelecto, Carlos Gómez, instaló durante 2020 un vertedero o «relleno sanitario transitorio» en el sector Puntra, en medio de la resistencia de los habitantes. La situación de Ancud, como dice la concejala y werken Williche, Ruth Caicheo, es la punta del iceberg de un problema mayor e intercomunal de Chiloé.

La instalación del vertedero en Puntra, así como en otras comunas, presenta severas irregularidades y evidencia la ausencia de una política que solucione de manera integral los problemas de la basura en el archipiélago de Chiloé.

Sobre el punto, la concejala Ruth Caicheo dijo que «es un tema muy preocupante, un problema que nuestra comuna de Ancud viene afrontando durante este último tiempo», detallando que recién ahora, «la Superintendencia de Medioambiente solicitó al municipio mejorar las irregularidades que existen y que se evidenciaron en la supervisión que hicieron en el mismo relleno sanitario en Puntra».

En específico, el vertedero municipal fue instalado a 4 kilómetros del río Chepu, que alimenta los humedales de los Santuarios de la Naturaleza existentes en la zona. Además, está a 7 Km de la misma localidad de Chepu y a 2 Km del río Puntra, el cual es uno de los cauces que alimenta también al mismo río Chepu, espacios todos con importantes ecosistemas tanto para el territorio como para sus habitantes.

Desde la comunidad afirman que el vertedero en cuestión ha sido declarado ilegal y está generando contaminación en el Santuario de la Naturaleza. Mientras, la Superintendencia de Medioambiente detectó graves deficiencias -calificadas como significativas- en el manejo de lixiviados, de biogas, en la cobertura de los residuos y en el manejo de las aguas lluvias.

En ese sentido, otro revés que tuvo el municipio ocurrió cuando en abril de este año, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó el requerimiento de inaplicabilidad que interpuso la Municipalidad de Ancud, en el que se impugna una norma de ley sobre bases generales del medio ambiente, en una causa en la que una junta de vecinos busca impedir el funcionamiento del relleno sanitario mientras dure la pandemia.

El municipio quería declarar inaplicable e inconstitucional el artículo 8º, inciso primero, de la Ley Nº 19.300, que exige una evaluación de impacto ambiental para ejecutar y modificar proyectos, lo cual fue finalmente descartado por el Tribunal.

La situación en Dalcahue

El pasado 1 de julio, la Superintendencia de Medioambiente formuló dos cargos graves a ACONSER Residuos SpA, titular del proyecto ACONSER Mocopulli Ex Najar, vertedero industrial emplazado en la comuna de Dalcahue, provincia de Chiloé, por operar sus instalaciones sin contar con RCA, a lo que se suma la realización de modificaciones al proyecto original y no cumplir el requerimiento de ingreso al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA.

Según explicó el superintendente, Cristóbal De la Maza, «esta formulación de cargos se enmarca en la estrategia territorial de la SMA, la cual contempla entre otros territorios a Chiloé, priorizando fiscalizaciones y acciones correctivas tanto a instalaciones industriales y domiciliarias, que cuentan con Resolución de Calificación Ambiental, así como aquellas que no».

De la Maza detalló que se identificaron 14 sitios de disposición final de residuos en la zona de Chiloé considerados relevantes, cuatro de ellos industriales, iniciando procedimientos sancionatorios a los sitios Vertedero Industrial Dicham, Vertedero Municipal de Castro, Relleno Sanitario Puntra y Relleno Industrial Corcovado, entre otros.

Una crisis generalizada

El archipiélago de Chiloé comprende una isla principal y un gran número de islas e islotes menores. Tiene una superficie de 9181 km² y contaba con una población total de 168 185 personas en 2017, según el censo realizado ese año. Administrativamente, pertenece a la provincia de Chiloé (con excepción de las islas Desertores, que pertenecen a Palena, y la Isla Doña Sebastiana, que pertenece a Llanquihue), en la región de Los Lagos. En el archipiélago hay diez comunas: Ancud, Castro, Chonchi, Curaco de Vélez, Dalcahue, Puqueldón, Queilén, Quellón, Quemchi y Quinchao.

En 2019, el Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Residuos en Chiloé presentó antecedentes a organismos de DDHH ante la crisis de la basura que se vive en el archipiélago y la ineficacia de los organismos públicos en resolver planes de cierre, restauraciones y coordinaciones para una nueva política de residuos con garantías de no repetición.

El Grupo indicó: «Los efectos sociales, culturales, económicos y ambientales que han venido causando el funcionamiento irregular e ilegal de vertederos industriales y domiciliarios en Chiloé son altísimos, contra una alta cantidad de población rural, y cuyas instalaciones además han venido reproduciendo una política estatal de racismo y discriminación ya que se han instalado por años en suelos de sectores campesinos y comunidades indígenas, y donde varios de los cuales han dejado de funcionar sin que se establezcan planes efectivos de cierre que contribuyan a mitigar y reparar los daños. Por el contrario, instituciones públicas del Estado, como las municipalidades, bajo el amparo del Poder Ejecutivo, no asumen garantías de no repetición».

Además de los casos señalados, también se ha denunciado otras situaciones en la localidad de Mocopulli, comuna de Dalcahue, donde se han emplazado 7 vertederos en un radio de 1 kilómetro, varios de ellos abandonados sin cumplir con un plan de cierre y con grave daño de contaminación. Asimismo, se ha señalado la existencia de basurales que por años y de manera descontrolada han funcionado e impactado el territorio de comunidades mapuche williche en el sector Yaldad, en la comuna de Quellón.

Justamente, en abril del 2019, se registraron intensas protestas en rechazo al funcionamiento del vertedero industrial de Dicham, comuna de Chonchi, que se encontraba operando por encima de los márgenes autorizados por la institucionalidad ambiental, con graves afectaciones para la comunidad del sector.