¿Qué hace un gobernador?

Las posibilidades que se abren para la descentralización con la elección de gobernadores

Por primera vez en Chile las autoridades regionales serán de elección popular. Pese al desinterés en dicha elección, la posible baja participación y ser un cargo con pocas competencias claras y casi sin recursos, asistimos a una elección que permitirá la emergencia de nuevos liderazgos regionales que disputarán el poder centralizador digitado desde Santiago.

Por Mauricio Becerra

12/06/2021

Publicado en

Chile / Política / Portada / Regiones

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Muchos años costó para que los partidos del binominalismo acordaran la elección popular del cargo de gobernador regional. Este domingo 13 de Junio por primera vez en Chile serán electas las más altas autoridades de cada región. Se trata de un importante avance no sólo para la democracia, sino que por sobre todo para la descentralización en un país en que casi la mitad de su población reside en la Región Metropolitana. Es decir, desde este domingo en las 15 regiones del país aparecerá un nuevo cargo político que reemplazará a los actuales intendentes, nombrados por la autoridad central, los que podrían disputar las decisiones sobre los territorios a un poder central concentrado en Santiago y que ha condenado a varios lugares del país a ser zonas de sacrificio.

Al cargo de gobernador electo popularmente, se sumará el de los consejeros regionales, los que hasta entonces eran cargos accesibles de acuerdo a las votaciones de los partidos en cada región. La elección de estos consejeros será realizada junto con la presidencial el 21 de Noviembre.

Marcelo Valenzuela, historiador, comenta que “Chile es uno de los últimos países del continente que finalmente elige democráticamente a sus autoridades regionales. Es un legado de una conformación republicana centralizada y que la izquierda, ni derecha, ni centro han modificado”.

POCA CLARIDAD SOBRE LAS ATRIBUCIONES

Un problema que los analistas reconocen es la poca claridad respecto de las funciones y atribuciones de un gobierno regional. También está el problema de los recursos disponibles y sus fuentes de financiamiento. Para resolver esto luego en el Parlamento avanza la discusión sobre la Ley corta de traspaso de competencias, cuya discusión se inició apenas en diciembre de 2020, descrita en función de hacer más eficiente del proceso de descentralización.

El proyecto de ley define las competencias de los gobernadores y sus limitaciones en relación al poder del presidente, junto con definir un procedimiento de resolución de conflictos que será a cargo de la Contraloría.

Desde que asuman en el cargo el próximo 14 de Julio, los gobernadores regionales serán los superiores jerárquicos de todos los servicios públicos regionales. De igual modo, el actual cargo de intendente será ejercido por un delegado presidencial.

Entre las atribuciones de los gobernadores, está la de definir las políticas para la región, la presidencia del Consejo Regional, así como también administrar los bienes de uso público, determinar reglamentos regionales a votar en el Consejo regional, además del poder de nombrar y remover funcionarios.

POSIBILIDADES DE CONTROL DE LOS TERRITORIOS

El cargo de gobernador regional pondrá en tensión el poder central de Santiago. Si hasta este momento la figura del Intendente fue un cargo destinado a la aplicación de las políticas definidas a nivel central, con la independencia dada al ser un cargo de elección, será un cargo medular para quienes desean producir decisiones respecto de los recursos territoriales con base en lo local.

Hasta ahora la narrativa del discurso regionalista era editado y dominado por la cadena de diarios de El Mercurio, que desde Arica hasta Chiloé se ha dedicado desde la dictadura en comprar una red de medios regionales. En sus páginas se promovió el proyecto de regionalización de corte militar iniciado por la dictadura de Pinochet y se han apropiado del discurso identitario regional para favorecer las oligarquías locales y el proyecto centralizador digitado en Santiago.

De igual modo desde hace ya dos décadas se ha ido creando una red de medios regionales que dan cuenta de las inequidades territoriales que hay en Chile y los efectos ambientales en zonas de sacrificio. Esta difusión ha producido que en diversas localidades surgieran actores locales que han comenzado a defender sus territorios de un modelo depredador de la naturaleza y que acumula sus ganancias en un reducido sector de Santiago.

Así surgió a partir del conflicto por las reservas de agua la candidatura a gobernador de Valparaíso de Rodrigo Mundaca, vocero del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (MODATIMA), quien resultó electo con un 43,71 % de respaldo.

Como las competencias no están claras y el ánimo de cambios en los territorios es fuerte se vienen conflictos políticos con el poder central. Todo vaticina que por primera vez desde el fin de la dictadura en la región de Valparaíso los servicios públicos, como la Dirección General de Aguas o la seremi de Medio Ambiente cumplan sus funciones regulatorias y de fiscalización. También habrá que esperar qué pasará con la contienda de competencia respecto a tipos de uso de suelo, permisos de extracción o de inversión agrícola que hasta ahora han permitido el desarrollo de una pujante industria de la palta, cuyo costo en sequía y destrucción del territorio están pagando los habitantes de Petorca y La Ligua.

Ocurre lo mismo en las playas de Huasco, con la RPC en Concón, el tranque El Mauro en Caimanes y una serie de localidades a lo largo de Chile. Es decir, en diversos territorios se echa de menos un control con énfasis en el cuidado de los habitantes y del medio ambiente.

Valenzuela no es tan optimista respecto de las posibilidades reales respecto de los territorios y de poder accionar que asumirán los gobernadores electos. Considera que “a pesar de las atribuciones asignadas al gobernador a través de la Ley Nº 21.074 esta nueva institución adolece de autonomía de sus presupuestos. La legislación aprobada durante el segundo gobierno de Bachelet, en 2017, entregó más autonomía política a las regiones, sin embargo estos territorios no tendrán más recursos para gestionar las necesidades de los ciudadanos”.

Añade que “hoy los gobiernos regionales (GORE) solicitan recursos al Gobierno central para operar, cuyos montos son aprobados por el Congreso Nacional a través de la Ley de Presupuesto (anual). El proyecto de rentas nacionales es una necesidad imperiosa para que las autoridades regionales puedan contar con recursos económicos para implementar su programa de gobierno (en la actualidad duerme en el Senado). En función de esto, la propuesta de ley que ingresó al parlamento en octubre de 2020 busca cambiar la lógica imperante hasta hoy: el Parlamento deberá aprobar cantidades globales a los gobiernos regionales y estos podrán asignar de acuerdo a las necesidades de su territorio. Finalmente, el rol del Delegado Presidencial, los Senadores, los Secretarios Ministeriales Regionales y el sinnúmero de operadores políticos pueden hacer naufragar el rol del Gobernador transformándose en una figura decorativa y con poderes mínimos”.

El Ciudadano

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