A un año sin Julia Chuñil: Ley de defensores ambientales supera primer trámite y ordena coordinación estatal de protección

El Congreso dio un paso clave para saldar una deuda histórica: proteger a las personas que cuidan los territorios. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que reconoce a las y los defensores ambientales y obliga al Estado a coordinar acciones para prevenir, investigar y sancionar agresiones en su contra. El avance ocurre a días de cumplirse un año de la desaparición de Julia Chuñil en Máfil (Región de Los Ríos), caso que remece al país y evidencia la desprotección estructural.

¿Qué se aprobó?

• Votación: 70 a favor, 35 en contra y 14 abstenciones.
• Contenido central: reconocimiento legal de las personas defensoras del medioambiente y medidas específicas de protección, incluyendo coordinación interinstitucional para garantizar un entorno seguro y libre de violencia y sanciones frente a ataques y hostigamientos.

“Defender la vida no puede seguir costando la vida”, subrayó Sebastián Benfeld, vocero de Escazú Ahora, al calificar la votación como “un antes y un después” para quienes enfrentan amenazas por su labor.

¿Por qué ahora? El caso de Julia Chuñil

El 8 de noviembre se cumple un año desde que Julia Chuñil, defensora ambiental mapuche de Máfil, fue vista por última vez. Su familia ha denunciado amenazas previas y lentitud en las indagatorias. En días recientes, una filtración a la prensa sobre una escucha telefónica —que la Fiscalía investiga— agitó el caso; al respecto, la vocera de Gobierno Camila Vallejo llamó a esclarecer con celeridad y a evitar la revictimización.
El debate parlamentario tomó esa realidad como telón de fondo: sin resguardo, no hay defensa efectiva de la naturaleza.

El dato duro: agresiones en alza y mujeres en la primera línea

Según Escazú Ahora:

• 80+ agresiones contra 47 defensores (2023–2024).
• Las agresiones físicas se triplicaron en un año.
• 70% de los casos documentados afectan a mujeres.
• Solo 2% obtuvo algún resultado judicial favorable: impunidad estructural.

En clave Escazú

Ratificado por Chile en 2022, el Acuerdo de Escazú obliga a proteger a las y los defensores ambientales y asegurar acceso a la información, participación y justicia ambiental. El proyecto aprobado operacionaliza ese mandato: pasa del compromiso internacional a herramientas concretas de protección, prevención y sanción.

¿Qué viene ahora?

El proyecto pasa al Senado para su segundo trámite constitucional. De aprobarse, el Ejecutivo deberá diseñar protocolos y rutas de protección, con articulación entre Interior, Justicia, Medio Ambiente, Salud, Fiscalía y policías, y con enfoque de género y pertinencia territorial.

Por qué importa

• Establece obligaciones claras de protección del Estado.
• Crea disuasión frente a amenazas y ataques.
• Reconoce el rol público de comunidades, mujeres y pueblos indígenas en la defensa de ecosistemas.
• Atiende casos emblemáticos (como Julia Chuñil) que expusieron vacíos de resguardo.