Lo que el barro deja ver

Por Patricio Medina Johnson

Este jueves [8 de octubre] la quebrada bajó por San Carlos de Apoquindo y arrastró autos y micros, dejó gente atrapada y anegó una clínica. Hay al menos seis lesionados, entre ellos una guagua de un año, zona de catástrofe y alerta roja en diez comunas. No era un imprevisto: un incendio forestal le quemó la vegetación a ese cerro y, un mes después, en enero, la lluvia ya había bajado barro hasta la rotonda Atenas. Era un aviso.

Y cuando baja el barro, nadie pregunta por la rentabilidad. Se llama a Bomberos, a Carabineros, a Senapred, al SAMU. Se llama al Estado, incluso quienes defienden que se achique. Porque la prevención rara vez tiene precio de mercado: pocos pagan por el desastre que no ocurre. Un privado puede protegerse a sí mismo, pero no a todo un territorio. Esa protección se financia con impuestos y presupuesto público. El individualismo no la reemplaza: cada uno cuidando lo suyo no detiene un cerro que se viene abajo.

Lo que no llegó fue el aviso: no hubo alerta SAE. El biministro Claudio Alvarado dijo que “esto es una situación que se genera de un minuto para otro” y que una alerta sin claridad sobre la zona “puede generar mucha más confusión”. La pregunta incómoda es por qué esa claridad no existía en una quebrada con un riesgo conocido.

Hubo medidas: limpiezas y, en agosto, cinco barreras por $754 millones, con plazo de unos 90 días: para noviembre. La lluvia llegó antes. La pregunta es si fueron suficientes y a tiempo. En 1993, la Quebrada de Macul dejó 26 muertos.

Una catástrofe, dos realidades

El barro también deja ver cómo reaccionamos. La misma catástrofe no la vive igual cualquiera. Quien tiene seguro, ahorros y un segundo techo se repone en meses; quien vive en un campamento se queda con la pala, los vecinos y la olla común. No es una diferencia de carácter: es una diferencia de colchón. Y quizás de atención: hoy hubo puesto de mando y zona de catástrofe en pocas horas para San Carlos de Apoquindo. ¿Habría sido igual si el barro hubiera bajado por una población? No hay cómo comprobarlo, y justamente por eso hay que preguntarlo.

Por eso importa el recorte. El Gobierno llegó proponiendo recortar US$6.000 millones de gasto. El Presupuesto 2027 sube 1,5% sobre lo ejecutado este año; se anticipa un recorte de entre 7% y 10% a los gobiernos regionales y se fusionan 25 programas sociales en nueve. Puede que ninguna de esas partidas toque las quebradas, y este aluvión no prueba el efecto de ese presupuesto. Pero es una advertencia: cuando el criterio es recortar, lo que no da resultados visibles, como la prevención, es lo primero que sobra.

Chile ya conoce esa cuenta. Los incendios de sexta generación, como el de Las Máquinas en 2017, superan la capacidad de combatirlos. ¿Se podían prevenir? No es evidente que cada uno se pudiera evitar. Pero especialistas plantean que, cuando parten, ya es tarde, y que la apuesta está antes: planificar el territorio y regular el suelo.

Mientras, hay quienes todavía niegan el cambio climático. Nadie puede jurar que este aluvión fue “por el cambio climático”, pero la ciencia apunta a tormentas más intensas y a lluvia donde antes nevaba. Negar el riesgo sale barato para quien no vive bajo la quebrada.

Prevenir no es gasto: es inversión pública. Y la solidaridad, por grande que sea, como la de la Teletón de 2010, no reemplaza la política pública: la solidaridad es del pueblo; la prevención es obligación del Estado.

Las catástrofes no crean la desigualdad ni la negligencia: las dejan a la vista. Este jueves el barro dejó a la vista algo más: que el Estado mínimo funciona hasta que llueve.

Por Patricio Medina Johnson

 Ingeniero comercial y magíster (c) en Gobernanza de Riesgos y Recursos, Universidad de Heidelberg.

Fuente fotografía

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

Sigue leyendo:

Incendios forestales: no falta plata, falta gestión