Lo Valledor: sindicatos exigen fin de abusos de la administración y 50% menos en tarifas

La Federación de Sindicatos de trabajadores y locatarios del mercado mayorista de Lo Valledor alzó su voz para plantear un conjunto de demandas por mejores condiciones laborales y terminar con los abusos asociados a la gestión de su actual administración, que se mantiene en el poder desde 1989. Las exigencias incluyen una rebaja del 50% en las tarifas de ingreso y comercialización, la renuncia del directorio y la instalación de una administración plural y democrática.

Jesús Fuentes, dirigente del Sindicato Juan Pablo II de Lo Valledor, detalló a Radio Nuevo Mundo una serie de situaciones al interior del megamercado que han motivado la organización de trabajadores y locatarios. El dirigente denunció que la dirección del mercado obliga a pagar altas tarifas a usuarios y locatarios por concepto de ingreso, comercialización, arriendo, entre otros.

Solo el ingreso al recinto tiene un valor de $7.000 para vehículos menores y vacíos, con precios que se incrementan según la carga y el sector. Explicó que por ejemplo un auto o camioneta con hasta 1.500 kg debe pagar $115.000 en el patio de hortalizas; $200.000 en el sector de sandías y melones; y $205.000 en Patio Norte. Los copropietarios, por su parte, deben cancelar un bono de ingreso de $50.000, mientras las grúas horquillas abonan $12.000 por ingresar vacías .

«Hay una demanda de disminuir o eliminar las tarifas a un 50%. No es posible que se pague $7.000 por ingreso», señaló Fuentes a Radio Nuevo Mundo, quien además señaló que todo este costo se va sumando al valor de los alimentos que adquieren las familias de la Región Metropolitana de Santiago.

Otra demanda apunta al trato digno con trabajadores y locatarios. Fuentes indicó que las jornadas son extenuantes, partiendo desde las 17:00 horas y extendiéndose hasta las 14:00 horas del día siguiente. «La gente prácticamente vive en Lo Valledor», apuntó.

Carencias en seguridad e infraestructura básica

El dirigente sindical señaló que existe una evidente falta de regulación en términos de salud y seguridad, en especial en un recinto en que existen altas probabilidades de que se registren accidentes. Al respecto, planteó que el mercado no cuenta con un servicio de urgencia o una ambulancia, como tampoco se con los servicios higiénicos necesarios, ni la techumbre para guarecerse de la lluvia en la zona de descarga.

Normas sancionatorias abusivas

El mercado cuyos orígenes se remontan a una comunidad de 8 hectáreas cedidas en los años 60 a locatarios por la Municipalidad de Santiago, hoy día es administrado por el mismo directorio compuesto por 8 miembros desde 1989, cuando el recinto pasó a ser sociedad anónima cerrada .

De acuerdo con Fuentes, su gestión no ha estado exenta de polémicas, debido a la aplicación de severas normas sancionatorias y de un sistema de vigilancia, que va más allá de sus funciones.

«Las normas no dejan de ser abusivas, incluso atentan contra el derecho al trabajo», advirtió. Como ejemplo, citó que una medida de sanción consiste en prohibir hacer uso de las posturas, espacios implementados para la descarga y que son de suma importancia para llevar a cabo el proceso de abastecimiento de los locatarios .

Nueva administración y rescate del rol público

Ante este escenario de irregularidades en el petitorio de la Federación de Sindicatos de trabajadores y locatarios se exige la renuncia del único directorio que ha mandatado en el mercado por décadas y que en su lugar se instale una administración más plural, participativa y democrática .

Asimismo, en el caso del sindicato de operarios de grúa horquilla Juan Pablo II, los trabajadores proponen que se rescate el rol público del mercado del abasto, debido a la función que cumple en la seguridad alimentaria del país, tal como lo establece la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), en lo concerniente al desarrollo y difusión de buenas prácticas vinculadas al comercio inclusivo y el fortalecimiento de las cadenas de valor .

La dimensión económica de Lo Valledor da cuenta de su importancia estratégica. El mercado percibe alrededor de $170 millones diarios, distribuye 2,5 millones de toneladas de frutas y verduras anualmente y representa el 92% del abastecimiento de la Región Metropolitana, junto con proveer también a regiones de Arica y Punta Arenas.

Sin embargo el conflicto entre los sindicatos y el directorio expone la tensión entre los intereses empresariales y las demandas de los trabajadores y locatarios por mejores condiciones laborales y precios justos, en un mercado que se define a sí mismo como «el corazón hortofrutícola de Chile», pero que enfrenta cuestionamientos sobre su modelo de gestión luego de más de tres décadas bajo la misma administración.