Loncón plantea no realizar sesiones de la Convención en la UdeC por querella contra jóvenes detenidos durante el estallido social

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, cuestionó la posibilidad de sesionar en la Universidad de Concepción (UdeC)  durante la semana territorial que se desarrollará desde el 22 al 26 de noviembre en la región del Biobío, debido a que la casa de estudios es querellante en causas relacionadas a detenidos por el estallido social.

La UdeC es actualmente querellante de causas contra 12 jóvenes detenidos en el contexto de las manifestaciones de la revuelta, que arriesgan hasta 10 años de cárcel.

La negativa a sesionar en la universidad se da a pesar de la expresa invitación del gobernador, Rodrigo Díaz, y el rector del recinto estudiantil, Carlos Saavedra.

De acuerdo con BioBio y CNN Chile, Loncón indicó que cuando la Convención se instale en la región del Biobío, las sesiones se realizarán en los municipios, mientras que las sesiones centrales quedarán a cargo de la gobernación de la región.

Asimismo, reconoció que existe un conflicto respecto a la casa de estudios y por lo mismo no la mencionó entre los recintos que podrían ser escenario de las sesiones a fines de noviembre, ya que “hay que cuidar la Convención”.

Hace una semana, nueve convencionales constituyentes le solicitaron a la mesa directiva de la Convención Constitucional, no realizar las sesiones programadas para la semana territorial en la UdeC.

En un documento, firmado por Bastián Labbé, Elisa Giustinianovich, Alondra Carrillo, Manuela Royo, Carolina Vilches, Janis Meneses, María Elisa Quinteros, Gloría Alvarado y Vanessa Hope, los convencionales pidieron “expresamente que ninguna de las sesiones de plenario ni de comisiones se realice en la Universidad de Concepción”.

“Lamentablemente, la Universidad de Concepción ha tenido un rol como persecutor penal en el caso de presos políticos del estallido social en la ciudad de Concepción, quienes estuvieron durante varios meses en prisión preventiva y actualmente se encuentran con arresto domiciliario a la espera del juicio”, señalaron.

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Los convencionales manifestaron que “esta acción por parte de la Universidad de Concepción es contraria a la declaración de esta Convención Constitucional, suscrita el 9 de julio de 2021, donde exigimos la liberación de presas y presos políticos del estallido social”.

Los integrantes del órgano redactor también señalan que realizar dichas actividades en las dependencias de la casa de estudios “no solo pone en riesgo la legitimidad del proceso, sino también significa una amenaza para el funcionamiento efectivo del plenario”.

De este modo, los firmantes propusieron llevar a cabo las sesiones de la Convención “en dependencias del Teatro Municipal de Concepción o alguna otra dependencia que cumpla con los requisitos necesarios”.

Esta petición coincide con el llamado hecho por la representante de los padres y madres de los imputados, Eliana Orellana, quien recalcó que “es imposible que un lugar que esté haciéndose parte de una querella contra 12 jóvenes por el estallido social quieran ocupar este lugar”.