Los ambientalistas y los ecologistas frente a la Nueva Constitución

"En el tema del agua no hay espacio para las reformas dentro del régimen de propiedad actual sino que directamente se está preparando un nuevo régimen que permita sustituir el que hoy existe..."

Por Manuel Baquedano, presidente del Instituto de Ecología Política

A medida que se agudiza la crisis climática y ecológica y aumenta la preocupación por el estado del planeta, todos quieren ser verdes para “sintonizar” con las inquietudes ciudadanas. En este escenario, para evitar caer en confusiones y decepciones en materia ambiental, tenemos que saber distinguir lo que es paja de lo que es trigo al interior de los discursos verdes y sus propuestas. Para ello es necesario conocer los discursos y cotejarlos con las prácticas que impulsan.

Entonces, al analizar en su conjunto las teorías con las prácticas, en el mundo verde podemos distinguir por lo menos tres grandes grupos.

El primer grupo (y también el más antiguo) que conforma “la familia verde” es el que denominamos los “conservacionistas”. A este sector le interesa la conservación de especies sin contemplar el estado en el que se encuentra la sociedad que las acoge. En la actualidad este grupo es reducido pues la mayoría de sus miembros e instituciones ya aceptan el vínculo existente entre el desarrollo de la sociedad y la conservación de las especies. Esta aceptación se hizo masiva a partir de la conferencia conocida como la “Cumbre de la Tierra” que fue organizada por la ONU y que tuvo lugar en Río de Janeiro en 1992.

El segundo grupo importante de la familia verde lo constituyen los “ambientalistas”. Este sector surge al evidenciar la relación entre medio ambiente y el desarrollo de la sociedad. Para ellos es necesario re-direccionar el desarrollo y que sea responsable con la naturaleza, es decir, se centran en lo sustentable. La principal característica del ambientalismo es que acepta el sistema económico vigente e introduce reformas que incorporan el cuidado del medio ambiente. Son reformistas del sistema económico y social y constituyen, hoy en día, el sector mayoritario del movimiento verde.

Finalmente, otro grupo son los denominados “ecologistas”. Dentro de este sector se encuentran aquellos que consideran que la crisis ecológica y climática está muy avanzada. Para los ecologistas, no existe otra alternativa más que cambiar el actual modelo de desarrollo y subordinar la economía y la organización social a los límites de la naturaleza.

En la Asamblea Constituyente que redactará la Nueva Constitución de nuestro país se ha dado una situación paradójica. Los ambientalistas, que con sus ideas reformistas suelen ser mayoría dentro del mundo verde nacional, han quedado minoritariamente representados en la Asamblea. En contraposición, el mundo independiente presenta ideas ecologistas y una agenda mucho más radical. Ejemplo de esto es el caso del agua, donde ya existe una mayoría que estaría a favor del retorno de la propiedad del agua al Estado, y el ecologismo también busca que una parte de estos derechos queden en manos de las comunidades. En el tema del agua no hay espacio para las reformas dentro del régimen de propiedad actual sino que directamente se está preparando un nuevo régimen que permita sustituir el que hoy existe.

Esta correlación política también se está dando en otros temas ambientales como los derechos de la naturaleza, la protección de los glaciares, los derechos de los animales, etc. Estos temas han comenzado a discutirse y van mucho más allá de los planteos del conservacionismo o del ambientalismo.

Sin embargo, pese al auspicioso panorama que tienen los ecologistas en la redacción de una Constitución Verde para nuestro país, es necesario aclarar que la misma seguirá siendo antropocéntrica: el ser humano estará por encima de la naturaleza y no formando parte de ella.

Desde nuestro punto de vista, la naturaleza dejó de esperar y ha comenzado la búsqueda de su nuevo punto de equilibrio sin importar lo que hagan y digan los seres humanos. En este contexto, la nueva Constitución tendrá una vigencia muy breve (a lo sumo de 10 o 15 años) o lo que tarde la temperatura del planeta en alcanzar los 2 grados sobre lo normal (lo que se estima que ocurrirá entre los años 2035 y 2037). Llegado ese momento necesitaremos un nuevo pacto social o una nueva Constitución que se centre directamente en la supervivencia.


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