Más de 40 constituyentes repudian ciberespionaje de AES Andes en contra de sus trabajadores y medioambientalistas que se oponen a Alto Maipo

Un grupo de 44 constituyentes rechazó el ciberespionaje realizado por la empresa energética AES Andes, contra algunos de sus trabajadores y organizaciones medioambientales que cuestionan el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, como Coordinadora No Alto Maipo, Red Metropolitana No Alto Maipo o del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT).

En la declaración aprobada durante la sesión de este jueves, los convencionales denuncian la gravedad de los hechos, en medio del repudio que ha recibido el controversial proyecto que adelanta la anteriormente conocida AES Gener y que contempla la instalación de dos centrales hidroeléctricas que producirían 531 MW de potencia.

De acuerdo al medio Interferencia, la compañía privada habría desembolsado en seis meses unos $18 millones mensuales a externos para levantar información de la web, accediendo también a contenidos de la Deep y Dark web, obteniendo fichas con datos personales de los afectados como números telefónicos y direcciones particulares, e infiltrando sus chats.

En este sentido, el documento emitido por los constituyentes advierte que el ciberespionaje pretende “neutralizar la acción comunitaria imprescindible en toda democracia, promoviendo la vulneración de derechos en medio de un silencio cómplice de las autoridades”.

“Estos hechos ponen de manifiesto la necesidad urgente de asegurar la protección de las defensoras y defensores de los derechos humanos, de la tierra, las aguas, y la naturaleza, en la Nueva Constitución”, refiere la declaración.

Asimismo, señalan que “en el centro de las decisiones país está la rentabilidad por sobre la vida, eso nos estalló en la cara en el 2019, y nos seguirá estallando sino frenamos los abusos sistemáticos de los grandes grupos económicos que profitan del modelo extractivista ‘normalizado’ por la Constitución del 80”. 

Finalmente, exigen la renuncia del CEO de AES Andes, Ricardo Falú, y que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)  ampare, acompañe y oriente a quienes resultaron vulnerados por el ciberespionaje de la empresa, reseña Interferencia. 

La constituyente Yarela Gómez, se pronunció a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, en defensa de quienes denuncian el daño irreparable que están haciendo contra la naturaleza y quienes ahora son víctimas de acoso y persecución.

Mientras que la convencional Camila Zárate, hizo lo propio para rechazar “el ciberespionaje comprobado que la empresa AES Andes realizó a nuestra organización”, así como también exigir que se apliquen las sanciones correspondientes.

Alto Maipo

El proyecto de gran magnitud está ubicado al sureste de la ciudad de Santiago, comuna de San José de Maipo, en la cuenca del río Maipo, Chile, y cuya propietaria principal es la empresa estadounidense AES Andes y la austriaca STRABAG, entre otros accionistas.

La ambiciosa obra busca explotar la cordillera de los Andes y utilizar las mismas fuentes de agua que abastecen a la Región Metropolitana para la producción de energía hidroeléctrica. 

Para logar dicho objetivo, AES Andes celebró un contrato para obligar jurídicamente a Aguas Andina a abstenerse de utilizar aguas cristalinas presentes en la cuenca del río para la provisión de agua potable y utilizar esas aguas en el proyecto. No obstante, la validez de dicho contrato se encuentra sujeta a discusión en tribunales.

Medida cautelar ante la CIDH

Abogados de la ONG Justicia y Reparación, en representación de un grupo de habitantes del Cajón del Maipo y de la ciudad de Santiago, victimas frente a la CIDH, entre los que se encuentran Nathalie Joignant, activista por el agua y el cambio climático, Sara Larraín, directora de Chile Sustentable y Juan Pablo Orrego, presidente de Ecosistemas, premio Nobel medioambiental Right Livelihood Award, entre otros vecinos y activistas, presentaron una medida cautelar esta semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, con el fin de salvaguardar el abastecimiento de agua potable de los más de siete millones de habitantes de la capital de Chile, ante la inminente entrada en operaciones del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, lo que resulta en un evidente riesgo al abastecimiento de agua potable y riego, en tanto, al derecho a la vida de los habitantes de la Región Metropolitana.

Te interesa leer: Presentan medida cautelar ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos por proyecto hidroeléctrico Alto Maipo