Menores migrantes no estarían recibiendo alimentos de Junaeb: Diputados conocieron antecedentes de la denuncia

Este lunes, los y las diputados/as de la Comisión de Desarrollo Social conocieron antecedentes acerca de la grave situación de vulnerabilidad que afecta a una parte de los niños y niñas migrantes en el actual escenario de la pandemia del coronavirus, quienes se encontrarían excluidos de las políticas de protección social debido a que los adultos, a cuyo cargo se encuentran, carecen aún de la cédula de identidad que se les exige para ingresar al Registro Social de Hogares (RSH).

Para abordar este tema, se escuchó a la jefa del Departamento de Planificación de la Subsecretaria de la Niñez, María Elena Arzola; a la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz; y a la directora ejecutiva de la Corporación Colectivo Sin Fronteras, Patricia Loredo.

La representante del Ejecutivo partió su exposición explicando que la situación irregular de los padres de los menores de edad genera una serie de complicaciones para que estos puedan acceder a los beneficios sociales que brinda el Estado a los migrantes.

Dijo que, para lo anterior, en el contexto de la pandemia por Covid-19, el Gobierno ha generado una serie de medidas para poder ayudarlos a poner en orden su estatus en el país. Esto se haría a través de una plataforma on line que les permitiría pagar una multa a quienes se les haya vencido la visa de turista y, en caso de no tener los recursos financieros, existe un protocolo social donde se reconsidera el monto de la infracción.

Arzola agregó que, para los que ingresaron de manera ilegal, la norma permite una regularización extraordinaria que recae en el subsecretario del Interior, quien analiza los casos en su mérito y que, por razones humanitarias, puede acceder a la legalización del estado del migrante.

No obstante lo anterior, Elena Adriazola señaló que el Estado de Chile, que ratificó la Convención de los Derechos de los Niños, está comprometido en la protección y desarrollo integral de todos los/as niños/as y adolescentes, independiente de la situación migratoria de sus padres. Por ello, explicó que los menores de edad pueden acceder a los beneficios que entrega el Gobierno en protección social, especialmente, en salud y educación.

Elena Adriazola especificó que, en el área de salud, en el último mes, se entregaron once mil quinientos ajuares para los recién nacidos, en tanto que, en los centros de salud primaria, en la medida que pueden, mantienen los controles de los infantes hasta los diez meses. Asimismo, dijo que a los recién nacidos y madres infectadas por coronavirus se les atiende en su domicilio y se mantiene la entrega de vitaminas y minerales para los lactantes menores de un año.

Informó que también se mantienen las consultas de “Clínicas de Alerta de Lactancia” y el plan vacunatorio infantil, que en el caso de niños con necesidades especiales se realiza en su hogar. Además, se reforzó el control de infecciones por contacto de gotitas y se estableció priorizar y movilizar a los policlínicos de morbilidad respiratoria o, si la situación lo amerita, atención en residencia del menor.

En Salud Mental, comunicó que se mantiene el monitoreo de cada caso del programa de “Apoyo a la Salud Mental Infantil”; las horas de control de los/as niños/as y adolescentes en riesgo sicosocial, los que tienen conductas suicidas y los que se encuentran con mayor posibilidad de ser afectados por el Covid-19. Señaló que, además, se ha resguardado la continuidad de los tratamientos farmacológicos.

En Educación, remarcó que la Subsecretaría preparó y entregó material de recomendación para los adultos que están al cuidado de menores con el fin de resguardar su cuidado y para que tomen medidas preventivas en esta crisis. El material se entregó a través de sus seremías y en las residencias sanitarias, especialmente, en la zona norte del país.

Adriazola también comentó que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) dispuso un sistema alternativo de entrega de comida para los/as niños/as y adolescentes, que pueden retirar sus familias en los centros educacionales a los que asisten. La alimentación consiste en una colación de desayuno o almuerzo o una canasta con los víveres adecuados.

Defensoría de la Niñez

En tanto, la titular de la Defensoría de la Niñez, Patricia Muñoz, señaló a la Comisión que recibió una denuncia del “Colectivo Sin Frontera”, quienes le informaron que a menores de edad migrantes no se les estaría entregando el alimento por parte de la Junaeb, porque sus padres no estarían inscritos en el Registro Social de Hogares(RSH). La defensora recordó que para hacer ese trámite se necesita una cédula de identidad.

Patricia Muñoz recordó a los/as diputados/as que la Convención de los Derechos de los Niños establece que los estados deben dar acceso y protección social a todos los menores de edad, independiente de la situación migratoria de los padres. Por lo que, la negación del alimento por parte de la Junaeb constituiría una violación a los derechos humanos de ellos.

En tanto, para la representante del “Colectivo Sin Frontera”, Patricia Lobredo, la situación de los niños migrantes en el país ha evolucionado en los últimos años, pues tienen acceso a la salud y la educación; pero, a su juicio, la irregularidad migratoria se ha mantenido como un elemento estructural en Chile y ello se sostiene, según argumentó, en que diferentes gobiernos han debido generar procesos específicos para arreglar el tema de los extranjeros que buscan vivir en este país.

Lobredo explicó que este problema estructural de la migración afecta a los menores de edad, a quienes se les complica acceder a los beneficios de los programas sociales del estado y, en este caso, a aquellos que los protege de la pandemia.

Parlamentarios

En la sesión, el presidente de la Comisión, diputado Boris Barrera (PC), señaló que muchos niños migrantes tienen a sus padres en una situación irregular, por lo que no pueden acceder al Registro Social de Hogares (RSH) y ello está impidiendo que los menores reciban la debida protección de sus derechos.

“Al no estar inscritos (los padres) en el RSH, por no tener una cédula de identidad, no estarían recibiendo los beneficios que entrega este sistema, entre ellos el bono Covid-19 y las cajas de alimentos”, señaló el legislador del PC.

El diputado Barrera comentó que la segunda etapa de la sesión la destinaron a escuchar a la directora de la Corporación para la Inclusión de Personas con Discapacidad Visual y Sordociegas (Cidevi), Carolyn Sánchez, por el proyecto de ley, de origen en moción, que reconoce la sordoceguera como discapacidad única y que promueve la plena inclusión social de las personas sordociegas.

El legislador indicó que, por la importancia y urgencia del tema, espera que la moción, que se encuentra en primer trámite constitucional y reglamentario, se vote en general a más tardar en dos sesiones más como tope.

Para la próxima reunión, se acordó invitar a los representantes de la Senadis por la moción en trámite para que expliquen los programas que se desarrollan para personas sordociegas.

Fuente: Cámara de Diputados