No hay caso con Luksic: Banco de Chile en el ojo del huracán por fraudes de Pinochet y Fuente-Alba

El fiscal José Morales, solicita una pena de 15 años de cárcel para Fuente-Alba y otros 10 años para su cónyuge, y en ele escrito de acusación están descritas una serie de maniobras financieras que -a juicio del Ministerio Público- dan cuenta de flujos de altas sumas de dinero que no se condecían con la remuneración que el entonces militar recibía, pese a ser la máxima autoridad de la institución castrense. La mayor cantidad de estos movimientos apuntan a el Banco de Chile,perteneciente al Grupo Luksic.

Por Leonardo Buitrago

10/08/2021

Publicado en

Chile / Justicia y DD.HH / Portada

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El fiscal José Morales, de la Fiscalía Centro Norte, informó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que inició una investigación separada en contra de entidades bancarias, esto en el marco del caso por presunta malversación de caudales públicos y lavado de dinero por parte del excomandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba y su esposa Anita Pinochet.

“El día 28 de Julio del 2021 se procedió a separar investigación respecto de los siguientes hechos: Responsabilidad penal de personas jurídicas o de personas naturales, distintas a los imputados acusados, en particular Bancos o Instituciones financieras y personas relacionadas a estos, que hayan participado en el delito de lavado de dinero”, plantea el escrito presentado el viernes pasado por el Ministerio Público y que fue consignado por La Tercera.

El medio señala que de acuerdo con «conocedores de la indagatoria, se apunta a la eventual responsabilidad de la persona jurídica del Banco de Chile, y otras cuatro instituciones bancarias, que teniendo el deber de reportar las operaciones sospechosas de Fuente-Alba a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) no lo hicieron hasta que se hizo público, en 2014, la indagatoria de la Fiscalía respecto al origen del patrimonio de quien ocupara la Comandancia en jefe del Ejército entre los años 2010 y 2014″.

Movimientos irregulares

El fiscal José Morales, solicita una pena de 15 años de cárcel para Fuente-Alba y otros 10 años para su cónyuge, y en ele escrito de acusación están descritas una serie de maniobras financieras que -a juicio del Ministerio Público- dan cuenta de flujos de altas sumas de dinero que no se condecían con la remuneración que el entonces militar recibía, pese a ser la máxima autoridad de la institución castrense.

La mayor cantidad de movimientos apuntan a la principal institución financiera empleada por Fuente-Alba, que es el Banco de Chile, perteneciente al Grupo Luksic.

Estos movimientos serán analizados por el persecutor, mientras que un equipo investigador se prepara para realizar una ronda de interrogatorios en que se centrará el porqué los analistas internos de esa entidad no les llamó la atención la gran cantidad de depósitos que Fuente-Alba hizo a sus productos financieros (cuenta corriente y tarjetas bancarias) en pesos chilenos y en dólares, sin contar con herencias u otro ingreso que justificara dichas sumas de dinero.

«Otras conductas que están en la mira del Ministerio Público son créditos de prepago y la facilitación de instrumentos financieros para el excomandante en Jefe que serían inusuales en el resto de la banca», refiere La Tercera.

Para el fiscal Morales es evidente que todo el mecanismo de prevención del lavado de activos, liderado por la Unidad de Análisis Financiero, falló absolutamente.

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«En el caso de las automotoras no falló por una cuestión que uno no se explica, las automotoras no están incluidas en aquellos sujetos que deben remitir o reportar operaciones sospechosas, como los bancos por ejemplo», explicó en declaraciones a Radio Cooperativa.

A su juicio, los bancos «facilitaron muchas operaciones para los efectos que esta persona siguiera con sus delitos y se aprovechara de los bienes que se había apropiado del patrimonio nacional. Hay que recordar que se trata de fondos públicos, no son fondos privados, lo cual agrava más la conducta».

Según la acusación, una revisión de los movimientos irregulares habría determinado generar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), lo que habría permitido a la policía y al Ministerio Público investigar mucho antes lo obrado por el ex comandante en Jefe del Ejército y esposa Anita Pinochet.

Vínculo con Andrónico Luksic

La Tercera también destaca el vínculo de amistad existente entre Andrónico Luksic y el matrimonio Fuente-Alba/Pinochet, el que de hecho fue citado en el procesamiento de la ministra en visita Romy Rutheford en 2019, donde se menciona que Fuente-Alba realizó un viaje junto a Anita Pinochet y una comitiva a Londres, Bosnia Herzegovia y Chipre, haciendo una parada en Croacia.

“Después de Londres se fueron a Croacia, donde estuvieron dos días. Dice (Fuente-Alba) que si bien Croacia no estaba dentro del decreto (que daba cuenta del viaje), fueron invitados por Andrónico Luksic y alojaron en un hotel de su propiedad” , se lee en el procesamiento, citado por este medio.

Justicia española investiga al Banco de Chile por blanqueo de capitales de Pinochet

A la indagatoria en contra del Banco de Chile por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero del caso Fuente-Alba, ses suma el hecho de que la Cuarta Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España ordenó reabrir una causa que investiga el supuesto blanqueo de capitales y alzamiento de bienes de Augusto Pinochet a través de la institución financiera, perteneciente a Quiñenco, holding del grupo Luksic.

A finales de julio, The New York Times y ElDiario.es informaron que en el proceso en España son partes querellantes la Fundación Española “Presidente Allende”, Laura González Vera, viuda de Carmelo Soria, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, defendidos por Joan Garcés.

 La investigación se centra en fondos que se sospecha fueron expropiados por Pinochet sus asociados, y posteriormente transferidos a cuentas personales en el extranjero, con el propósito de evadir impuestos y blanquear capitales.

La corte española detalló que el Banco de Chile tiene que reservar la suma de 103 millones para cubrir el posible pago que las víctimas del régimen de Pinochet están demandando. Esta cantidad de dinero se basa en las conclusiones del enjuiciamiento público de 2009 después de investigar el posible lavado de dinero por parte del dictador.

El procedimiento estaba paralizado de facto desde 2010, cuando el Banco de Chile pidió que la justicia española declinara su jurisdicción en favor de la de Chile con el argumento de que esta investigaba los mismos hechos.

Sin embargo, «en un auto del pasado enero, ratificado por una providencia del 3 de junio, la Sala Penal de la Audiencia Nacional constata que la prometida investigación en Chile no se produjo, ni se abordaron jamás los hechos concretos denunciados –el blanqueo de capitales y alzamiento de bienes para eludir la fianza impuesta por la justicia española en su día», reseña la nota.

La referida Sala Pena, integrada por los magistrados Carmen Paloma González, Juan Francisco Martel y Fermín Echarri, decidió reabrir la causa y retomar las diligencias pendientes desde hace más de una década.al Juzgado de Instrucción Número 5, actualmente dirigido por Santiago Pedraz, «a pesar de su negativa inicial y de la oposición de la Fiscalía».

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«El auto analiza en 20 páginas las alambicadas aristas de una causa jurídicamente compleja, pero concluye con rotundidad que la investigación española, sobreseída provisionalmente en 2012 ante la solicitud del Banco de Chile, debe reabrirse de inmediato. Y retomarse, por tanto, en el mismo punto en que quedó: a partir de un auto fechado el 26 octubre de 2009 y firmado por el entonces responsable del juzgado de instrucción número 5, Baltasar Garzón», señala el diario español.

Asimismo, plantea que la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional podría tener ya implicaciones inmediatas prácticas de enorme calado para el Banco de Chile, ya que «el auto de 2009, que de pronto se ve resucitado, incluía la exigencia a la entidad financiera privada, que supuestamente había ayudado a la familia Pinochet a ocultar fondos, a presentar con carácter inmediato una fianza de 77,35 millones de euros, equivalentes a la cantidad supuestamente blanqueada para evitar la acción de la justicia española».

Según ElDiario.es, hasta ahora, los directivos del Banco de Chile, «cuyo accionariado está controlado por la familia Luksic, con fuertes lazos con la dictadura, rehúsan personarse formalmente en la causa, lo que ha sido clave para tenerla, en la práctica, congelada durante más de una década. Y esta ha sido también la estrategia seguida desde el auto del pasado junio, que no se ha podido comunicar formalmente aún a los querellados al no estar personados, razón por la cual estos no se dan por enterados, logrando así mantener la causa en una especie de limbo».

Sin embargo, el medio español recuerda que existe un precedente en este caso, ya que el banco estadounidense Riggs, que había diseñado uno de los esquemas financieros para ocultar fondos de la familia Pinochet, llegó en 2005 a un acuerdo extrajudicial con la fundación para indemnizar a las víctimas de la dictadura con 8 millones de dólares, más intereses de demora, cantidad equivalente a la fianza que entonces tenía que depositar ante la Audiencia Nacional.

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