Nuevo informe: Renegociación de Tratado Comercial con la Unión Europa también amenaza el proceso constituyente

El actual acuerdo entró en vigencia el año 2002 y contiene tres pilares; el pilar político, el pilar de cooperación y el pilar comercial. Es este último el que, desde 2017, se está renegociando.

El informe “La Modernización del Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea: ¿Oportunidad o Camisa de Fuerza?” de las periodistas e investigadoras sociales Loreto Contreras, Sophia Boddenberg y María Cariola, revela cómo el proceso de modernización del Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europa contiene medidas que blindarán el modelo chileno de apertura comercial actual y reforzarán derechos de inversores extranjeros ante cambios políticos que afecten a sus ganancias a futuro. 

El actual Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea entró en vigencia el año 2002 y contiene tres pilares; el pilar político, el pilar de cooperación y el pilar comercial. Es este último que desde 2017 está en renegociación, en un proceso que se ha acelerado ante la revuelta social y el proceso constituyente y que el gobierno de Piñera espera poder concluir durante el primer semestre de 2021. 

La renegociación ha pasado desapercibida en los medios de comunicación chilenos y ha habido muy escaso debate público acerca de sus consecuencias, a pesar de los profundos impactos políticos, sociales y ambientales que conllevaría. El informe subraya que la implementación efectiva de las demandas ciudadanas articuladas en torno a la nueva constitución podrían con este acuerdo enfrentarse a demandas millonarias de inversores europeos que pondrían en jaque la deprivatización del agua, el fin a las AFPs y ampliaciones de derechos sociales. Esto, porque el 33% de la inversión extranjera directa en Chile proviene de la Unión Europea y está distribuida en sectores tan vitales como el energético, sanitario, hospitalario, educacional y financiero. 

Si bien en las propuestas textuales para un acuerdo modernizado los mecanismos para liberalizar el comercio y proteger las inversiones son vinculantes, no lo son las medidas para proteger al medio ambiente, los derechos humanos, incluidas los derechos de pueblos indígenas y de fomento de la igualdad de género. Las autoridades de los pueblos originarios no han sido consultadas en el proceso, como tampoco lo han sido otros sectores sociales quienes se verán severamente afectados a futuro por este proceso. 

La investigación sistematiza además los aspectos más controvertidos del acuerdo, incluyendo la falta de transparencia y participación democrática del proceso de negociación, la profundización de la asimetría comercial que se fortalecería con su entrada en vigencia, las medidas de protección de la inversión extranjera y lo que podrían significar para el proceso constituyente, además de las repercusiones del acuerdo en temáticas de miedo ambiente, género y derechos humanos.

Por ello, las autoras invitaron a la comunidad de medios independientes, así como a los establecidos, a nutrirse de su trabajo para difundir información sobre la modernización a la ciudadanía e instar al debate crítico acerca de un acuerdo que contiene la misma clase de amenazas para la soberanía alimentaría, económica y política como el tan criticado TPP11. Esperan que sea un insumo para el debato sobre qué modelo económico queremos para el país. 

El informe fue elaborado con apoyo de la Oficina Cono Sur de la Fundación Heinrich Böll. 

Revisa el informe completo ACÁ

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