Organizaciones y comunidades rechazan indicación del Gobierno de Piñera que autoriza destrucción de glaciares

En nuestro país y desde el año 2005 a la fecha, se han presentado 6 proyectos de ley sobre protección de glaciares. Ninguno ha logrado sortear el mayor obstáculo: la incidencia del sector minero en la discusión y en la decisión que toman con los distintos gobiernos de turno para, finalmente, no proteger.

A principios de este mes, esto incluso fue reconocido por el ex Canciller del Gobierno de Bachelet, Heraldo Muñoz, quién señaló que “este tema no tiene nada que ver con la urgencia que ponen las comisiones, tiene que ver con otras cosas, con los intereses mineros. El tema de la minería respecto de los glaciares es que te dicen nos van a impedir entonces la posibilidad de seguir creciendo, de seguir teniendo yacimientos, porque todo va a ser protección de glaciares. Entonces ése es parte del problema”.

De estos 6 proyectos, dos se encuentran vigentes en el Congreso; el proyecto Boletín 11.597-12 en la Comisión de Medio Ambiente de los Diputados, y el proyecto Boletín 11.876-12 en la Comisión de Minería y Energía del Senado. Precisamente, es sobre este último que el Gobierno realiza la indicación sustitutiva.

El proyecto fue ingresado a mediados del 2018, y en junio pasado los senadores lo aprobaron en general, pero con la condición, negociada con el Ejecutivo, de que primero fuera revisado por la Comisión de Minería y Energía. Curiosamente las industrias que la mismísima estrategia nacional de glaciares reconoce como las principales causantes de impactos negativos en los glaciares, destruyéndolos.

La tramitación en la Comisión de Minería y Energía del Senado ha estado caracterizada por la presencia en masa del sector minero, actuando en complicidad con el gobierno, encabezados por el Ministro de Minería Baldo Prokurica, y oponiéndose a la protección esbozando dos argumentos: que los glaciares ya se encuentran protegidos por medio del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), y que los glaciares que se encuentran en áreas silvestres protegidas también lo están, así que no es necesaria una ley particular de glaciares.

Estos argumentos son simplemente falsos. El SEA permite la ejecución de proyectos que afecten glaciares. Y las áreas silvestres pueden desafectarse y ser intervenidas y con esto los glaciares pueden verse afectados. La presencia entonces del sector minero y el Gobierno en la Comisión responde a estrategias de presión para obstaculizar lo básico: entregarles protección a las reservas de agua del país.

Es así como finalmente, el Gobierno de Sebastián Piñera decide ingresar el pasado 13 de septiembre una indicación que cambia todo el proyecto anterior, respondiendo a las preocupaciones expresadas por el sector minero en la tramitación, y paradójicamente, recogiendo aspectos que el mismísimo ex ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, planteó en su visita a la Comisión en agosto pasado.

Esta fórmula de reemplazar un texto sobre protección de glaciares que no es conveniente ni para el gobierno ni para los empresarios mineros ya fue utilizada en 2015 por el gobierno de Bachelet. A continuación, presentamos un análisis a la propuesta del gobierno de Piñera, contenida en la indicación sustitutiva que plantea la legalización de la intervención y destrucción de los glaciares y su entorno:

1- La ley sólo regula a los glaciares insertos en el Inventario Nacional de Glaciares. En este sentido, por definición, no serán integrados a dicho inventario una gran cantidad de glaciares que entonces siquiera merecerán ser declarados por las empresas en un Estudio de Impacto Ambiental. O sea, el gobierno decide sacrificar sin más una gran masa de glaciares.

Los glaciares más pequeños de una hectárea no son considerados glaciares, así como los que no fluyen. De esta manera, la mayoría de los glaciares de nuestro norte están siendo regalados al extractivismo. Lo mismo ocurrirá con una serie de glaciares descubiertos y cubiertos que no cumplan con los porcentajes de detritos que estipula el artículo 1°.

2- Glaciares en Parques Nacionales y regiones vírgenes (que en Chile no existen) quedan a disposición de ser afectos ya que sólo se prohíben en ellos proyectos o actividad que puedan afectarlos.

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3- Para los glaciares dentro del inventario, de manera engañosa esboza como un gran avance la presunta prohibición de una posible “remoción, traslado y cubrimiento de un glaciar”, como si esto estuviese permitido hoy en día (recordar que Pascua Lama se aprobó justamente con la condición de no remover, trasladar y afectar glaciares). Sin embargo, los condena a muerte al permitir el ingreso de proyectos en glaciares, su entorno y glaciares de roca, por medio del Sistema de Impacto Ambiental, y logrando a su vez un permiso sectorial a la DGA.

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4- Cualquier persona puede solicitar la desafectación de un nuevo glaciar catastrado en el Inventario de Glaciares. Cabe recordar que por lo expresado en el número 1 muchos glaciares ya quedan fuera del Inventario.

5- Los proyectos que cuenten con permisos y hoy en día estén realizando actividades en glaciares y su entorno no quedarán afectos a las disposiciones de la ley, es decir, podrán seguir afectándolos.

6- Intentando demostrar resguardo a los glaciares, el Gobierno propone que la SMA dentro del plazo de dos años desde la publicación de la ley, deberá requerir un plan de seguimiento a proyectos en zona de influencia de glaciares y su entorno para ver si las variables evaluadas con que fueron establecidas condiciones o medidas para “proteger” glaciares siguen comportándose conforme a lo evaluado.

En caso contrario se deberá abrir un proceso de revisión de la RCA. O sea, se irán modificando los permisos ambientales en favor de la empresa, para que ella logre cumplir, en vez de determinar afección o daño a los glaciares. 

Las indicaciones presentadas por el gobierno de Piñera son inconstitucionales tal como las que realizó Bachelet en 2015 (ratificado tanto por el Instituto de Derechos Humanos y la mismísima Corte Suprema), y responden a las preocupaciones del sector minero, tal como ocurrió con el gobierno de Bachelet en su momento.

Es decir, el gobierno plantea en estas indicaciones la visión del sector minero cuidando sus intereses en vez del de todas las personas y ecosistemas que hoy sufren por no tener agua. Que lo firme el Ministerio de Minería, Obras Públicas y Medio Ambiente dice mucho, así como que se haga en pleno contexto de la desoladora sequía nacional (de la cual solo se ha pronosticado su aumento en los años venideros).

Recordemos que hay más de 11 decretos de zona de escasez de agua vigentes, dos en regiones completas (Maule y Coquimbo), 7 en provincias (Marga-Marga, Petorca, Valparaíso, San Antonio, San Felipe, Quillota, Los Andes), 10 en comunas (San José de Maipo, Pirque, Puente Alto, San Bernardo, Isla Maipo, Buin, Alhué, San Pedro, Colina, Til Til, y en donde las regiones de Coquimbo y Valparaíso, están declaradas además como zona de emergencia agrícola y catástrofe.

Desde la Coordinación del Territorio en Defensa de los Glaciares, espacio que reúne a 29 organizaciones territoriales desde Copiapó a Aysén, manifestamos nuestro total rechazo y repudio a la propuesta del Gobierno y hacemos el llamamos a levantarnos como territorios y ciudadanía, pues los glaciares son nuestra posibilidad de agua hoy y en el futuro y necesitamos resguardarlos urgentemente bajo una ley que los proteja a todos y a sus ambientes. La indicación de Piñera es una amenaza que pone en jaque nuestro futuro a corto plazo.

Declaramos además a Sebastián Piñera y su Gobierno, como a todos los ministros y senadores que han apoyado esta indicación y personeros del mundo minero como ECOCIDAS. Esta situación debe ser conocida a nivel internacional, más en este contexto de COP25, ya que como país organizador hay un doble discurso y es irracional que el mismo gobierno esté proponiendo destruir glaciares cuando son los retardadores y amortiguadores por excelencia del calentamiento global.

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