Paris pide a la Suprema que suspenda la resolución que autoriza a Fiscalía el acceso a los correos de Minsal

Este lunes 19 de octubre, se dio a conocer que el ministro de Salud, Enrique Paris, ingresó un escrito a la sala penal de la Corte Suprema, solicitando la «inmediata intervención de la judicatura» para suspender la autorización despachada por el Séptimo Juzgado de Garantía en la que se acoge la formulación presentada por la Fiscalía de proceder a la incautación de correos electrónicos del Minsal.

La fórmula que autorizó el juez Patricio Álvarez establece que la Fiscalía conservaría la totalidad de la copia A “en calidad de comunicaciones retenidas (…) como ‘copia testigo’, bajo cadena de custodia y sin poder acceder a ella”.

La copia B quedaría en manos del Minsal y se le ordenó a Paris que, en un plazo de tres días, singularice (identifique) “las comunicaciones electrónicas que se correspondan con los supuestos de excepción previstos” por la Corte Suprema. Aquellos que podrían afectar la seguridad nacional haciendo alusión a la compra de insumos médicos estratégicos o la disposición de efectivos militares o policiales.

De esta manera, Álvarez da luz verde para que el Ministerio Público obtenga (a través de peritos del Laboratorio de Criminalística y del Cibercrimen de la Policía de Investigación —PDI— , bajo supervisión de la Fiscalía) “dos copias forenses (copia A y copia B) de la totalidad de los correos electrónicos sobre los cuales recae la medida”.

A juicio de Paris, la resolución del juez “ha sido dictada en abierta contravención (conducta antijurídica que pone en peligro algún bien jurídico protegible)” con la sentencia de la Segunda Sala del máximo tribunal.

El jefe de la cartera de Salud, en su escrito, plantea que es deber de la Fiscalía “identificar cuáles son los hechos delictivos denunciados, por ejemplo, mediante términos o descriptores de búsqueda, y (…) hacer posible la vinculación de tales hechos con los correos electrónicos que pretende incautar”.

Paris critica al juez Álvarez por no haberles pedido su opinión al respecto: “Sin otorgar traslado y acogiendo unilateralmente en todas sus partes una solicitud del Ministerio Público, prescindió por completo de la primera de las restricciones ya aludidas, haciendo caso omiso de la obligación de vincular los correos electrónicos que se pretende incautar, a la comprobación de los específicos hechos denunciados”.

Estas son las razones por las que el ministro de Salud solicita que la Suprema suspenda “la autorización otorgada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, del día 16 de octubre de 2020, para la realización de la diligencia de entrada, registro e incautación de la totalidad de los correos electrónicos ya referidos”.

Fuentes: El Mostrador/La Tercera/Radio Paulina.