PDI allana obispados de Temuco y Villarrica por denuncias de abuso sexual

Jornada negra para la Iglesia Católica chilena, puesto que, junto con la prisión preventiva dictada para el ex canciller del Arzobispado de Santiago –Óscar Muñoz– y el escándalo en el Colegio Sagrados Corazones de la Alameda, por una supuesta difusión de pornografía infantil; este viernes la fiscalía de La Araucanía y personal de la Policía de Investigaciones (PDI) allanaron las oficinas de los obispados de Temuco y Villarrica.

La orden de allanamiento se gesta luego de que los obispos de ambas ciudades de La Araucanía –Héctor Vargas de Temuco y Francisco Stegmeier de Villarrica– se negaran a entregar los antecedentes y documentos requeridos por el Ministerio Público, en el marco de la investigación que abrió el pasado 19 de junio en contra de sacerdotes involucrados en presuntos casos de abuso sexual. 

La indagatoria comenzó luego de una denuncia por supuestos abusos cometidos por los sacerdotes Pablo Isler Venegas, Juan Mercado Elgueta y José Bastías Ñanco; además del presbítero Belisario Valdebenito.

Allanamiento en Obispado de Temuco. Créditos imagen: @Ufronoticias

De esta forma, pasadas las 16 horas, la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI ejecutó el procedimiento con el fin de incautar denuncias, investigaciones previas y vigentes por los supuestos abusos cometidos por miembros de ambas diócesis.

En particular, la diligencia ordenada por el fiscal Ítalo Ortega se centró en los documentos presentes en la oficina del vicario general de la Diócesis San José de Temuco, Giglio Linfat, según antecedentes recopilados por Biobiochile.cl.

Adicionalmente, la PDI buscaba dar con las denuncias informadas a la Congregación para la Doctrina de la Fe a partir del 2000, relacionadas con delitos sexuales cometidos por los hombres actualmente investigados y, eventualmente, por otros miembros de la comunidad eclesial.

Obispos Héctor Vargas y Francisco Stegmeier

Tras el procedimiento, Roberto Garrido, vocero de la fiscalía regional, precisó que la CPU y las tres cajas con documentos que fueron incautadas contienen documentación «relativa a investigaciones que afectaban a sacerdotes«, según consigna Cooperativa.

Anteriormente, explicó el fiscal Garrido, «se solicitaron antecedentes en relación con denuncias o investigaciones que hayan afectado a sacerdotes o personas con investidura eclesiástica. Esos antecedentes no fueron aportados en su momento y a raíz de eso la Fiscalía solicitó una autorización judicial para registrar este lugar y pesquisar documentación que pueda ser atingente a la investigación y en eso consistió la diligencia que se ha desarrollado».