Piñera y el peligro del permanente Estado de Excepción

Por Daniel Manzano Méndez, Sociólogo UPLA, Máster en Análisis Político UCM, Doctorante en Ciencias Sociales U. de Chile.-

A partir de las protestas ocurridas durante el estallido social y el desigual manejo político de la pandemia, el gobierno de Piñera ha decretado Estado de Excepción. Esta categoría jurídica tiene dos elementos que lo legitiman.

El primero, la necesidad de interrumpir los procedimientos normales de la decisión política tras hallarse ante un peligro inminente; y el segundo, que debe tener un carácter provisional, ya que una vez que la sociedad se ha salvado del peligro, se destituye la excepcionalidad y se reestablece el estado de derecho.

Como mecanismo de criminalizar la protesta, el gobierno a buscado perfeccionar el aparato represivo del Estado, impulsando leyes que otorguen mayores facultades a los organismos policiales y militares en las labores de inteligencia. A su vez, para controlar la pandemia, ha instaurado un toque de queda permanente, controlando la vida pública de las personas para evitar el aumento de contagios a raíz de la pandemia, pero también para controlar las protestas surgidas por el injusto manejo de la misma, que ha perjudicado a los sectores más marginados y precarizados de la sociedad.

Esto evidencia la intención de reimpulsar el control del poder político y económico para evitar, a través de la fuerza o la razón, un nuevo estallido social. Para el filósofo George Agamben, el nuevo contexto mundial ha propiciado que el Estado de excepción se convierta en un verdadero “paradigma de gobierno”.

Según el autor, este se ha emancipado de las restricciones temporales antes mencionadas para transformarse en un orden político jurídico durable. En palabras del autor, “occidente da lecciones de democracia a la totalidad del planeta precisamente en el momento en que se aleja, tal vez irremediablemente, de la que fue su tradición democrática”

En ese contexto, tomando las palabras de Agamben y adaptándolas al contexto de represión y control del Estado chileno, se puede visualizar cómo la inminente voluntad por criminalizar el legítimo derecho a la libre expresión ha generado una vulneración a los derechos humanos, colocando en jaque la legitimidad de la democracia chilena.

La pregunta que nos surge entonces es: ¿Se constituirá en Chile un Estado de Excepción permanente? ¿Estamos a tiempo de evitar tal retroceso en nuestra democracia?