Quintero-Puchuncaví: Acusan incumplimientos ambientales del Estado y piden a Contraloría que se pronuncie

Hasta la Contraloría Regional de Valparaíso llegaron los diputados Carolina Marzán y Rodrigo González, junto a los concejales Luis Gatica y Erika Galarce, todos del PPD, con el objeto de ingresar un requerimiento para que el ente contralor se pronuncie sobre el incumplimiento y la responsabilidad del Estado para la ejecución del Plan de Descontaminación en Quintero y Puchuncaví, tras la seguidilla de crisis ambientales que afectan al litoral norte de la región.

Al respecto, la diputada por el distrito 6 -que incluye Puchuncaví y Quintero-, Carolina Marzán, señaló que «sabemos que las vulneraciones sistemáticas que han vivido ambas comunas no es un tema de ahora, pero creo que es momento de que el Gobierno ya comience a ponerle punto final con soluciones concretas».

«Los titulares suenan muy bonito, pero a veces hieren cuando estás palabras no van acompañadas de acciones que vayan en beneficio de manera concretas hacia las personas, de estas mal llamadas zonas de sacrificio, para que la comunidad vuelva a creer en el Estado que hoy día está vulnerando sus derechos, partiendo con que las normativas medioambientales que hay en nuestro país no se ajustan a las normas de la OMS», agregó Marzán.

La parlamentaria comentó además que «actualmente la Superintendencia de Medioambiente tiene 182 fiscalizaciones en curso, para ver si las empresas efectivamente cumplen con la normativa ambiental. De estas fiscalizaciones, 25 corresponden a una empresa llamada AES GENER. Entonces, es importante que como parlamentarios y concejales, unidos como partido, sigamos dando estas voces de alerta y de alarma porque la comunidad sigue siendo vulnerada por el tema medioambiental».

Por su parte, el diputado Rodrigo González recalcó que «el plan de descontaminación no ha funcionado y la zona de sacrificio sigue sufriendo embates y nuevos episodios de contaminación, y por tanto, los órganos del Estado no han cumplido con su misión y el fallo de la Corte Suprema no se está respetando. Por esta razón hemos venido a Contraloría para que fiscalice a que el Estado cumpla su responsabilidad de no seguir contaminando, tome la medidas, y especialmente sancione a las empresas públicas y privadas por sus incumplimientos de forma enérgica y decidida».

Respecto al cierre de las empresas, según el diputado González, lo que corresponde por parte del Estado es invertir para que estas no contaminen el medio ambiente, y no su clausura.

«No hay que cerrar empresas que dan trabajo, lo que hay que hacer es invertir en las empresas públicas, el Estado ha dejado de cumplir la función de inversión que debió haber hecho por años. No se puede re castigar la zona de sacrificio quitándole fuentes de trabajo afectando a la comunidad con medidas efectistas, lo que hay que hacer es terminar con la contaminación, eso es lo que pide la gente», afirmó González.

Por último, los concejales Luis Gatica (Quintero) y Erika Galarce (Puchuncaví) también criticaron el hecho que se pretenda cerrar Ventanas como solución: «Podrían quedar más de 5 mil familias sin sustento», alegó Gatica, recalcando que «lo que estamos pidiendo son mejoras, no que se supriman fuentes de trabajo».

El concejal especificó además que el plan de descontaminación solo considera la polución en el aire y no en tierra y mar, cuando, sobre todo en este último, es donde se producen con mayor frecuencia derrames de hidrocarburos, por ejemplo.

Asimismo, su colega Galarce sostuvo que «hay un tema social, pues no queremos que pase lo que ocurrió en Tocopilla, donde se cerró la termoeléctrica y el alcalde se vio enfrentado a un problema de cesantía. Hay que hacer planes de reconversión y también una inversión mayor para terminar con la contaminación».

Al momento de ingresar el requerimiento a la Contraloría, los parlamentarios y concejales del PPD estuvieron acompañados por el presidente de la colectividad, el ex canciller Heraldo Muñoz.