Reforma Código de Aguas: Comisión del Senado ratifica indicaciones que condicionan aguas del minero

Una acelerada tramitación está imprimiendo la Comisión de Agricultura del Senado a la reforma al Código de Aguas, luego que sus integrantes exigieran al Ejecutivo presentar sus indicaciones ordenadamente además de concurrir a las sesiones con el fin de explicarlas en detalle. Esto, luego que el 2 de septiembre cuestionaran la forma en que el Gobierno estaba presentando sus propuestas de modificación, lo cual incluso la senadora Adriana Muñoz (PPD) calificó como una actitud “inaceptable”.

El proyecto lleva 8 años de tramitación y fue ya aprobado por la Cámara de Diputados y por la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara Alta.

“Es hacer perder el tiempo. Es realmente agotador seguir en un trabajo que en una indicación desarticula toda una propuesta que está en otros artículos, vuelven a aparecer en otros artículos. Es inaceptable”, indicó con enfado Muñoz a principios de septiembre.

Por ello, la senadora DC Yasna Provoste propuso que el Gobierno concurriera a explicar sus indicaciones y que “si no hay una redacción distinta, que nos pronunciemos, con posterioridad al 15 de septiembre”. 

En coherencia con esta postura, al día siguiente Provoste informó que en acuerdo de comités de la oposición “hemos logrado colegiar un conjunto de iniciativas, que son básicamente mociones parlamentarias, a las cuales les vamos a dar un tratamiento con mayor celeridad porque son iniciativas que conectan muy bien con las aspiraciones de la ciudadanía… sacar adelante con celeridad la tramitación del Código de Aguas de manera de hacer frente a una realidad que es dramática, como esta crisis hídrica”.

Restricciones a aguas del minero 

En las siguientes sesiones se aprobaron relevantes artículos vinculados a los derechos para extraer agua para consumo humano y subsistencia.

En este sentido, se dejó establecido que quienes podrán extraer agua desde acuíferos serán personas naturales (y no jurídicas, como pretendía el Gobierno) y para fines de consumo humano y uso doméstico, además de los servicios sanitarios rurales, manteniéndose el texto aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos del Senado .  

Posteriormente, se discutió el régimen de aguas del minero, del artículo 56. Se mantuvo así lo aprobado hasta el momento, que establece la restricción de que solo se podrá usar mientras se mantenga en operación la faena donde hayan sido alumbradas y exigiendo que se informe sobre estas, con procedimientos simplificados para el caso de la pequeña minería.

Las también conocidas como «aguas halladas», una categoría excepcional que contiene el Código de Aguas vigente, generó un extenso debate. Particular atención generó la necesidad o no de someterles al Sistema de Evaluación e Impacto Ambiental. Luego de conocer la opinión de la Dirección General de Aguas (DGA), se aprobó por unanimidad un inciso final sobre las aguas del minero, que señala que “lo expresado en el presente artículo, no obsta que en la exploración o explotación se aplique la correspondiente evaluación ambiental conforme a la Ley 19300 y su reglamento, como también de su seguimiento y fiscalización, con el propósito de evaluar la sustentabilidad de la explotación del recurso”.

Para la sesión de este lunes 23 de septiembre quedó el debate sobre la forma y periodicidad en que la extracción en pozos informen los caudales utilizados, con interés en que cuando sea con fines de subsistencia y uso doméstico sea lo menos complejo posible.  

En ese contexto, la senadora Provoste expresó desde ya su rechazo a una indicación del Ejecutivo que planteaba que solo mediante autorización del propietario del predio se pudiera extraer agua de pozos que alimenten vegas, bofedales y pajonales, desde las regiones de Arica a Coquimbo. En su opinión, esto solo debe ser permitido con una autorización fundada de la DGA, lo mismo que para terrenos fiscales.

En este sentido, se relevó que exista flexibilidad en la legislación de aguas para tomar decisiones a la luz de las situaciones de catástrofe hídrica y emergencia climática. “La emergencia agrícola no está contemplada en este código, por tanto al no estar contemplada de alguna manera dejamos una puerta abierta a algo que no controla el código. Por ello, el tema de la información es clave”, señaló al respecto Carmen Gloria Aravena (Ind.).

Por su parte, Adriana Muñoz agregó que “hay que incorporar la variable cambio climático y catástrofe hídrica en las normas, porque ya llegó para quedarse y nosotros estamos legislando con mentalidad del año ’81. Hay que incorporar estas variables porque estas normas no nos van a servir”.

Integran la Comisión de Agricultura el senador PS Álvaro Elizalde (quien la preside), y sus colegas Provoste, Muñoz, Aravena y Rafael Prohens (RN).

Por Patricio Segura