Por María Elena Rubilar Muñoz, consejera regional de Marga Marga y presidenta de la Comisión de Descentralización y Regionalización CORE Valparaíso.-
Gran parte de la riqueza de nuestro país se produce en las regiones, pero las decisiones fiscales continúan respondiendo a una lógica profundamente centralista. En este contexto, el proyecto Regiones Más Fuertes -actualmente en trámite legislativo- representa un paso importante, al instalar con fuerza la discusión sobre descentralización fiscal.
Lo mismo ocurre con la reciente implementación del royalty minero, que refuerza la necesidad de repensar cómo distribuimos y gestionamos los recursos en Chile.
En los últimos días, este debate ha tomado un nuevo impulso gracias a iniciativas parlamentarias que apuntan al establecimiento de un royalty portuario, impulsadas de manera separada por el senador Juan Ignacio Latorre (FA) y el diputado Luis Cuello (PC).
Ambos proyectos comparten un objetivo común: establecer un tributo o compensación económica por tonelada transferida en puertos públicos y privados, con el fin de retribuir las externalidades a los territorios donde se desarrolla esta actividad estratégica, a través de la inversión en infraestructura crítica, transición ecológica, movilidad urbana, capital humano y espacios públicos en las regiones y comunas donde se aloja la actividad portuaria marítima y terrestre.
A pesar de tener enfoques técnicos distintos -uno más cercano al modelo de royalty minero y otro basado en la creación de un nuevo fondo de distribución regional que se integraría al proyecto Regiones Más Fuertes-, ambos proyectos apuntan en la misma dirección: consolidar una arquitectura fiscal más descentralizada y justa, en la que las decisiones sobre el uso de los recursos se tomen desde los territorios.
El trasfondo de esta discusión es crucial. Estamos hablando de un cambio de enfoque, en el que la riqueza generada en las regiones sea administrada por sus propios gobiernos subnacionales, empoderando a gobiernos regionales y mejorando la calidad de vida de las personas.
Sabemos que el camino hacia una verdadera autonomía fiscal es progresivo. Pero iniciativas como estas, si se acompañan de una estructura de planificación eficiente y de capacidades institucionales regionales fortalecidas, pueden cambiar la relación entre el Estado central y las regiones, avanzando hacia la verdadera autonomía fiscal.

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