Movilización se realizará este lunes y fue autorizada por la Intendencia

Santiago: Taxistas confirman manifestación en rechazo a proyecto que regula Uber y Cabify

Luis Campos, presidente de Confenataxi, explicó que en la iniciativa propuesta por el Gobierno, “no se indica nada sobre las tarifas y la cantidad de vehículos. Entonces, deja el parque abierto y la sensación de que quieren generar un traje a la medida a lo que está sucediendo hoy con las aplicaciones”.

Por Absalón Opazo

29/07/2018

Publicado en

Chile / Portada / Trabajo / Transportes

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A poco más de una semana del envío, por parte del Gobierno, del proyecto de ley que regula los servicios de transporte como Uber y Cabify, el gremio de taxistas convocó a una manifestación para este lunes por las calles de Santiago en rechazo a esta iniciativa.

La solicitud fue autorizada por la Intendencia Metropolitana y se realizará desde la calle Beaucheff, cerca de las 10:00 horas, para luego movilizarse por Almirante Latorre, la calzada sur de la Alameda, Diagonal Paraguay, Portugal, avenida Matta, Blanco Encalada, finalizando nuevamente en Beaucheff.

Al respecto, el presidente de la Confederación Nacional de Taxis de Chile (Confenatach), Luis Reyes, valoró la aprobación de la Intendencia a la manifestación, e insistió en que el gremio se ha visto perjudicado por el funcionamiento de las plataformas digitales.

En un texto, que pretenden entregarle a la ministra de Transportes, Gloria Hutt, los taxistas establecieron 11 puntos que afectarían a su gremio y que no estarían consideradas en el proyecto enviado al Congreso. Entre estos, se encuentra la petición de limitar los cupos para las plataformas, una identificación de los vehículos con algún tipo de distintivo, una regulación de tarifas y un seguro para pasajeros, entre otros.

Los gremios estiman que al menos 2 mil taxistas se sumarán a la convocatoria de este lunes.

Luis Campos, presidente de Confenataxi, explicó al respecto que “no se indica nada en el proyecto de ley sobre las tarifas y la cantidad de vehículos. Entonces, deja el parque abierto y la sensación de que quieren generar un traje a la medida a lo que está sucediendo hoy con las aplicaciones”.

El dirigente indicó que “eso nos perjudica porque esa regulación debería ser con igualdad de condiciones, y este proyecto no se está dando así”, por lo que subrayó que “la movilización del 30 de julio es por dos temas: generar un reglamento sin tener claridad de la cantidad de vehículos que van a ser autorizados para las inscripciones (…) y las tarifas, lo que deja abierto hasta que cobren menos que el gremio”.

“Si no se aclara bien la cantidad de vehículos y la cantidad que van a cobrar, ahí tenemos un problema grave”, puntualizó Campos, quien detalló además que “Uber ha duplicado la cantidad de vehículos en el caso de los taxis. Entonces, la demanda se ha repartido y los ingresos han bajado por lo menos un 50 por ciento menos de lo que se generaba”.

“Hoy ya se convive con ellos en desigualdad de condiciones, (…) eso hay que regularlo y que se igualen en las condiciones. Mientras no se regule, va a estar esa sensación de que ellos abusan de un sistema y generan una sobreoferta de transporte”, concluyó el representante de los taxistas.

¿En qué consiste el proyecto de ley?

Recordemos que el proyecto enviado por el Ejecutivo crea las empresas de aplicaciones de transportes (EAT) y las obliga a constituirse como compañías de transporte remunerado de pasajeros en Chile. Esto implica que deberán iniciar actividades en el país y además, hacerse cargo del servicio de transporte que entregan, por ejemplo en caso de accidentes o calidad del servicio. Es decir, no podrán excusarse que solo proveen los servicios tecnológicos.

Asimismo, deberán inscribirse en un registro de aplicaciones que llevará el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), el cual, si bien es un registro de las empresas, estas a su vez deberán disponibilizar al MTT la información actualizada de conductores y vehículos adscritos.

En ese sentido, con el objetivo de establecer condiciones de seguridad para los usuarios, se les exigirá a todos los conductores licencia profesional A1 y no podrán dedicarse a la actividad aquellos que registren antecedentes penales por ciertos delitos de connotación social, tales como sexuales, tráfico de drogas y manejo en estado de ebriedad con resultado de lesiones o muerte.

También, como requisito de funcionamiento, deberán informar al usuario las tarifas del viaje con anterioridad, la ruta, la identificación del conductor y del vehículo, generar un canal de contacto permanente de información y de reclamos, y contratar seguros de responsabilidad civil para los pasajeros.

En cuanto a los estándares de los vehículos, antigüedad y requisitos técnicos y de seguridad, estos quedarán entregados a un reglamento, a desarrollar por la cartera. En tanto, ya existe la definición de que todos tendrán que portar un distintivo visible.

Adicionalmente, las empresas de aplicaciones deberán entregar al MTT el importante insumo de sus datos de viajes, tales como kilómetros recorridos, horarios y zonas de operación, en tiempo real o en forma consolidada. Ello permitirá al Ejecutivo generar modificaciones o nuevas políticas públicas o las que sean necesarias para el sector.

En esta línea, el proyecto establece que el ministerio “se reserva la facultad de establecer condiciones de operación para las empresas de aplicaciones”, con el objeto de regular medidas para el acceso, de calidad y cobertura de los servicios de transporte, y para contrarrestar eventuales impactos en la congestión, así como para otorgar condiciones especiales para vehículos cero emisión.

Finalmente, se establece un sistema de sanciones tanto para las empresas y como para los conductores, las que pueden fluctuar entre 10 a 100 UTM ($477 mil a $4,7 millones) y que serán impuestas por los Juzgados de Policía Local. De todos modos, el ministerio podrá cancelar a la aplicación del registro, por ejemplo, por acumulación de infracciones.

El proyecto además contempla sanciones a los pasajeros que colaboren en entorpecer la fiscalización. En cuanto a los viajes compartidos, se podrán realizar solo en taxis colectivos.

Respecto a los taxis, el proyecto establece que se fomentará el uso de tecnologías para captar pasajeros y establecer mecanismos de cobro distintos al actual taxímetro.

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