“Se hizo uso de armamento de fuego contra civiles, indiscriminadamente”: INDH interpone querella criminal y responsabiliza a infantes de marina de asesinato de joven comunero en Cañete

El Instituto de Derechos Humanos (INDH) interpuso una querella criminal por los sucesos registrados el pasado 3 de noviembre en Cañete, en la Región del Biobío, en los que en medio de un operativo militar fue asesinado el joven mapuche de 23 años. Yordan Eduardo Llempi Machacán, mientras que otras tres personas resultaron heridas.

El libelo fue presentado ante el Juzgado de Garantía de Cañete y va dirigido contra “todos aquellos que resulten responsables, en calidad de autores, cómplices y/o encubridores”, apuntando al “delito de apremios ilegítimos calificados con homicidio, descrito y sancionado en el artículo 150 E N° 1 del Código Penal”, cometido en contra de Yordan Eduardo Llempi Machacán, refiere El Mostrador.

Con esta querella, la INDH desestima la versión oficial del Gobierno que calificó los hechos como una «emboscada» en contra de los Carabineros y las Fuerzas Armadas.

«En este caso se hizo uso de armamento de fuego contra civiles, sin advertencia previa, apuntando indiscriminadamente a las personas que se encontraban en el lugar, sin utilizar otros recursos con anterioridad, sin que existiera una situación de agresión ilegítima actual o inminente, y sin que haya habido personas con armas de fuego u otras armas legales en el contexto de un ataque actual o inminente a un recinto militar, o en el contexto de protección de las instalaciones, sistemas, componentes de empresas o servicios de utilidad pública”, refiere la querella.

En este sentido, el INDH también apunta a delitos consumados de apremios ilegítimos contra de Claudio Iván Porma Leviqueo, José Benedicto Huenchuleo Saavedra y el menor de 16 años de iniciales J.A.P.P, quienes resultaron heridos durante esa misma jornada.

Yordan Llempi fue baleado en su hogar

Según la investigación realizada por la INDH, Yordan Eduardo Llempi Machacán fue baleado por funcionarios de Infantería de Marina mientras se encontraba en su hogar, tal y como habían denunciado familiares de las víctima.

«Recibió primeros auxilios, y fue posteriormente trasladado al CESFAM de Tirúa. En ese lugar, falleció producto de una ‘hemorragia interna por traumatismo toráxico-abdominal causada por proyectil balístico’, señala la querella, citada por El Mostrador.

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El texto indica que en este caso se cumplirían los requisitos para imputar el delito de apremios ilegítimos calificados con homicidio, puesto que existiría un uso ilegítimo de la fuerza estatal y la comisión de un homicidio con ocasión de los apremios ilegítimos, agregando que “tal acción contradice, en primer lugar, las facultades que fueron otorgadas a las Fuerzas Armadas en la Declaración de Estado de Emergencia, como las Reglas de Uso de la Fuerza”.

En la querella, el INDH solicita una serie de diligencias al Fiscal Adjunto del Ministerio Público, tales como la reconstitución de escena, la recopilación por parte de la Policía de Investigaciones de las copias de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la ruta, la incautación de armas u objetos para agredir a las víctimas, ente otros.

Cabe recordar que Danitza Herrera, pareja del fallecido, denunció que Yordan «se encontraba en su domicilio, estaba afuera del patio de su casa cuando los milicos empezaron a disparar como locos y le llegó la bala». La mujer acusó además que no se le brindó la ayuda necesaria, lo que a su juicio le podría haber salvado la vida.

Gobierno debe dar explicaciones

Tras darse a conocer la información de la querella, el vocero del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, emplazó al Gobierno a explicar las «mentiras que ha instaurado» ante los hechos registrado ese día en la zona, en medio de un Estado de Excepción.

El Gobierno “hizo creer que la situación fue a raíz de una emboscada, de un enfrentamiento armado entre mapuche y no mapuche. Los testimonios de quienes llegaron aquí a Temuco, quienes prácticamente fueron heridos en sus brazos por armas de fuego de marinos de ese lugar, confirman que fueron atacados estando en sus vehículos”.

Por lo que para el dirigente “que el Instituto Nacional de Derechos Humanos establezca las acciones penales correspondientes da lugar a que el Gobierno debe explicar al país esta mentira que ha instaurado”, cita El Mostrador.

De igual forma, se entrevistó al abogado de Defensoría Popular, Rodrigo Román, quien señaló que era lo que se esperaba de la INDH.

“Lo mínimo que uno puede esperar del INDH que interponga una querella a propósito de que vivimos un peligroso momento de violencia estatal extrema en el Wallmapu, que se expresa en esta ejecución extrajudicial del peñi Llempi, como asimismo de Pablo Marchant hace unos meses en manos de Carabineros”, recalcó al tiempo que lamentó la violencia que se vive en la zona.

Al respecto, recalcó que en estos hechos, la responsabilidad debería caer también en el Estado de Chile, porque fueron los que respaldaron la violencia en la zona.

“Aquí hay una responsabilidad del Estado de Chile porque no solo las policías y los institutos militares están fuertemente respaldados por clase política de manera transversal, razón por la cual les resulta fácil y gratis disparar, por ejemplo, como lo hicieron con Camilo Catrillanca. Vale decir que cuando los victimarios son policías, son militares tanto la Fiscalía como la Judicatura se comportan de una manera inmoral, y cuando se trata de disidentes o mapuches se activan para perseguir y castigar lo más severamente posible”, cuestionó el abogado.