Sernameg: Funcionarias acusan precariedad laboral en centros de apoyo a mujeres violentadas

Desde el 18 de marzo, las funcionarias de los Centros de la Mujer, dependientes del Sernameg, se encuentran en paro demandando mejoras en sus condiciones laborales, además del pago de varios sueldos que ya llevan varios meses de atraso. Asimismo, exigen mayor seguridad y recursos para trabajar con las usuarias que recurren a estas instancias.

Según consigna El Mostrador, uno de los obstáculos que atenta contra la calidad del servicio está en el engorroso sistema administrativo que el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género tiene con los gobiernos comunales para cancelar las remuneraciones, situación que se traduce en que las trabajadoras han permanecido más de dos meses sin percibir sus remuneraciones.

La vocera de la asamblea de “Centros de la Mujer Movilizadxs”, Ana María Oviedo,  explicó que «las funcionarias pueden pasar diciembre, enero, febrero, incluso marzo sin percibir sueldo. Para este 2019, hay casos en la Región Metropolitana donde las trabajadoras han sido notificadas que sus pagos de diciembre del año pasado estarán listos recién en mayo del año en curso».

La dirigente explica que para solucionar este problema, en algunos municipios generan recursos propios para cancelar remuneraciones pendientes, situación que ha obligado a que las funcionarias de la mitad de los centros de la RM paralicen sus actividades desde el lunes 18 de marzo.

«Las razones son varias, somos trabajadoras a honorarios, de un ejecutor que no es nuestro jefe, y no tenemos derecho a licencias médicas pues dependemos de la voluntad de cada jefatura y tampoco no estamos sujetas al reajuste del sector público”, explica Oviedo.

En esa línea, uno de los temas que preocupa especialmente es la situación de las trabajadoras embrazadas: «Durante 2018 tuvimos que acudir con denuncias a la prensa para que se respetara la licencia maternal de una funcionaria, y este año otra trabajadora está en la misma situación».

Los Centros de la Mujer conforman una red de 130 unidades desde Arica hasta Puerto Natales. Cada uno está dotado de cuatro funcionarias que otorgan ayuda psicosocial y jurídica requerida por las víctimas que vienen derivadas desde el Poder Judicial, policía, municipalidades o vía atención directa, generándose así una elevada demanda de usuarias a nivel nacional.

Lo anterior se suma a la rigidez de los horarios, pues el servicio no dispone de turnos especiales fuera del horario regular de oficina, donde las trabajadoras extienden voluntariamente sus jornadas laborales. En el caso de las víctimas, la inflexibilidad de la atención en los centros atenta sobre quienes poseen un trabajo, y deben solicitar permisos laborales para la gestión de los trámites de la denuncia ingresada.

El riesgo con los victimarios es otra constante en el devenir de las mujeres que apoyan a sus pares en los centros, precisa Ana María Oviedo: «Tenemos experiencias de acoso y amenazas de los victimarios, por lo que una práctica común que tenemos es acompañar a las victimas en sus trámites fuera de la comuna, solicitando apoyo a Carabineros o funcionarios municipales. Sin embargo, la coordinación de estos apoyos no siempre funciona»,

Fuente: Sindical