Sharp pide el cargo a directora de Educación de Cormuval y ésta se niega a renunciar

La Contraloría iniciará un juicio de cuentas en Cormuval para recuperar más de $930 millones de pesos por el supuesto mal uso de la Subvención Escolar Preferencial (SEP)

Por Leonardo Buitrago

07/10/2020

Publicado en

Chile / Portada

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El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp solicitó la renuncia de la directora de Educación de la Cormuval, Silvana Sáez luego que la Contraloría iniciará un juicio de cuentas para recuperar más de $930 millones de pesos por el supuesto mal uso de la Subvención Escolar Preferencial (SEP).

La información consta en una reciente auditoría a la que accedió la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, en la que también se ordenó la realización de un sumario para establecer posibles faltas administrativas.

Las irregularidades detectadas por Contraloría se refieren al supuesto mal uso de la Subvención Escolar Preferencial por 931 millones de pesos, que fueron destinados a la compra de distintos elementos para dos liceos de la comuna: María Luis Bombal y Técnico de Valparaíso.

Sin embargo, la directora de Educación de Cormuval, Sáez emitió un comunicado señalando que no va a renunciar al puesto, y acusó al alcalde de Valparaíso de tomar una decisión política apresurada.

«La decisión del Alcalde se trata más bien de una medida política apresurada , en la cual se me utiliza como chivo expiatorio para dar respuesta a la presión política que desde distintos campos se ha puestos sobre él», señaló Silvana Sáez, quien lleva en el cargo desde 2017.

«Mi decisión de no renunciar fue comunicada al director de la Cormuval inmediatamente después de que me fuera solicitada la renuncia, sin embargo posteriormente el alcalde anunció mediante una transmisión en redes sociales que en los próximos días anunciará a un nuevo director del área de Educación, sin hacer mención alguna a eventuales responsabilidades de otros funcionarios o funcionarias de Cormuval, como el como el propio gerente, la ex directora de Finanzas o el director del Área Jurídica», indicó.

Sáez indicó que no tiene ninguna responsabilidad en lo que Contraloría cuestiona y anunció tomará acciones judiciales para defender sus derechos laborales.

«He decidido tomar las acciones legales que correspondan tanto para defender mis derechos laborales, soy trabajadora de la Cormuval de hace 17 años, mucho antes de ser Director del área de Educación, como para esclarecer mi responsabilidad en los hechos evidenciados por la Contraloría», planteó en el texto.

Adicinalmente, salió a la luz un audio enviado por Sáez a los trabajadores de Cormuval, en que se refirió a la decisión del alcalde.

“Es de público conocimiento la posición del alcalde (…) trata de poner, otra vez, responsabilidades que no tengo”, indicó agregando que también denunciaría “las condiciones laborales que tengo, no tengo contrato, no tengo nombramiento directora del área de Educación”.

Vulneraciones de derechos a menores

En el informe de Contraloría también se señala que alumnos de dos establecimientos de la Comuna habrían sido utilizados para «para trabajar como garzones y cocineros, siendo menores de edad y sin autorización expresa para efectuar esa actividad».

El ente regulador detectó ingresos por cerca de 500 millones de pesos en los liceos María Luisa Bombal y el Técnico de Valparaíso, en los que se realizaban actividades ajenas a sus finalidades pedagógicas, contratando a menores de edad.

Según la Contraloría, los alumnos de ambos centros fueron utilizados “para trabajar como garzones y cocineros, siendo menores de edad y sin autorización expresa para efectuar esa actividad”.

Por tal motivo, los antecedentes también fueron derivados a la Defensoría de la Niñez para que adopte las medidas correspondientes.

Al respecto, el alcalde Jorge Sharp aseguró que se va a actuar con todo el rigor si se comprueban vulneraciones de derechos de menores.

La autoridad comunal precisó que «a los jóvenes se les remuneraba por el ejercicio de sus prácticas, se les pagaba ‘dos lucas y 20 lucas’. Eso señala que quizás era tolerable antes, eso señala que está mal y que hay que corregirlo. El trabajo de un menor de 18 años, de un adolescente, está regulado por ley (…) Tiene que tener autorización de los padres».


«En ese punto la Contraloría dice ‘hay que investigar’ y nosotros vamos a investigar. Si hay, si existe, si tiene lugar alguna infracción o alguna situación de vulneración de derechos, yo voy a ser el primero que va a estar en Tribunales, y en el lugar que sea, para denunciar esa situación», sostuvo.


Sharp recalcó que «vamos a revisar profundamente cómo se realizan estas prácticas. Si no se ajustan a la ley, y encontramos una situación de afectación de derechos, vamos a actuar con todo el rigor institucional».

Con información de Emol y Cooperativa.

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