Sindicato denuncia persecución y maltrato a su presidenta por la Corporación de Educación Municipal de Talagante.

El Sindicato de trabajadores de la Corporación de Educación de la Municipalidad de Talagante, denunció que su presidenta, la profesora Georgina Farías Silva, ha sido víctima de persecución y maltrato por parte del empleador desde marzo de 2024. 

El sindicato señaló que en esa fecha, Farías solicitó al Consejo para la Transparencia información detallada de las remuneraciones debido a una serie de irregularidades detectadas en los pagos y contrataciones de la Corporación Educacional de Talagante. Pese a que las solicitudes fueron iniciadas en 2017, la información nunca fue entregada. 

De acuerdo al sindicato, a raíz de la petición comenzaron diversas persecuciones por lo que las solicitudes se agudizaron por la necesidad de defender a los socios. 

La asociación de trabajadores denunció que con el fin de presionar y vengarse de la organización social, dos funcionarios integrantes de otro sindicato, acusaron a su presidenta de acoso laboral. “Abiertamente declaraban su objetivo de que fuera despedida. Entonces, el empleador le cursó un sumario sin pruebas, con declaraciones contradictorias. Es decir, un procedimiento en el que la parte acusadora fue juez y parte”, indicaron. 

Según el gremio, los denunciantes se sintieron perseguidos luego de que el sindicato les requiriera la presentación de sus títulos, debido a que su documentación no corresponde a la docencia y llevan más de ocho años en esa condición.

“Este proceso de dudosa rigurosidad, sin pruebas, con declaraciones de contenido falso, en noviembre de 2024 sirvió para dictaminar el despido de Georgina Farías Silva. El alcalde de entonces, Sr. Carlos Álvarez, quien iba de salida de su último periodo, hizo, como último trámite de su gestión el ingreso del protocolo de desafuero. Hay que aclarar, que el Sr. Carlos Álvarez, tenía, además, hasta ese día la función de Presidente del directorio de la Corporación en cuestión”, denunció el sindicato. 

En paralelo, en mayo de 2024 el Consejo para la Transparencia falló a favor de Georgina Farías, argumentando que todas las solicitudes que les había hecho llegar estaban dentro del marco de su función de dirigente. La entidad entregó entonces los antecedentes solicitados al gremio. 

Posteriormente en agosto del mismo año, la Dirección del Trabajo dictaminó medidas de resguardo para la presidenta del sindicato, tras interponer un recurso de protección en marzo. Sin embargo, la Corporación no le informó de la medida y no ejecutó ningún resguardo de su salud física y mental.

Más adelante, en marzo de este año, durante el primer día de clases, Farías estaba realizando clases y “un receptor judicial fue a notificarla al liceo mientras estaba con estudiantes y tuvo que hacer abandono de inmediato ante la mirada de los jóvenes y un momento de profunda humillación ante sus pares”, declaró el gremio. 

Por otra parte, el sindicato acusó a la directora del Liceo 120 de haber mentido en la evaluación que le corresponde como directiva en el trámite de la Evaluación Docente aplicada por el CPEIP a las y los profesores.  

“En dicha evaluación la directora declaró que Georgina no había cumplido tareas de perfeccionamiento ni experiencias colaborativas, asunto que se esclareció hace unas semanas. Sin embargo, igualmente Georgina Farías obtuvo la distinción máxima y ascendió a experto dos”, sostuvo el sindicato. 

En esa línea, en marzo de 2025,  la Inspección del Trabajo reconoció la figura de persecución sindical hacia Georgina y varios socios y socias del sindicato. Además, en junio del mismo año el segundo Juzgado de Letras de Talagante falló en la misma línea, en la demanda proveniente del Sindicato, reconociendo prácticas anti sindicales, mandatando una multa, clases de ética laboral para todo el personal y una auditoría de la Contraloría General de la República.

Actualmente, la asociación de trabajadores espera la continuidad del juicio, tras la apelación presentada por la otra parte. La próxima semana se concluirá la argumentación del segundo juicio, a cargo de la Inspección del Trabajo, sobre las prácticas antisindicales del empleador. Además, se llevará a cabo el juicio por desafuero, que, en caso de resultar desfavorable, podría derivar en la desvinculación total de la presidenta del sindicato.

La organización hizo un llamado a la opinión pública para ayudarlos a visibilizar el caso e indicó que “si un empleador se atreve a intentar destruir a un dirigente está afectando el corazón mismo de la lucha de los derechos laborales, pues el fuero sindical es lo que nos permite expresar, a través de nuestros dirigentes el dolor y la impotencia de cuando no somos respetados, nos da presencia en el debate de las políticas públicas.

“Hoy Georgina está apartada de sus funciones y recibe su sueldo como si estuviera trabajando, pero sufre la incertidumbre de no saber cómo será el desenlace de su situación, en una angustia que está haciendo estragos en su salud”, agregó. 

Finalmente, el gremio destacó la importancia de la organización sindical para poder reclamar, investigar y fiscalizar la información relevante, por lo que no se debe sesgar ni limitar por instrumentos administrativos.

“Esto es un precedente nefasto en la historia del sindicalismo en Chile y no podemos permitir como sociedad que retrocedamos a los oscuros años de la Dictadura cívico-militar que destruyó el tejido social y con ello las protectoras y legítimas redes del sindicalismo”, concluyó el sindicato.