Sobre el impuesto a las grandes fortunas

Los trabajadores que estaban ocupados en el trimestre julio-septiembre del año pasado eran 9 millones 90 mil ciudadanos. En el trimestre abril-junio del presente año, – diez meses después – solo hay en el país un total de 7 millones 142 mil personas ocupadas.

La cantidad de ocupados ha disminuido, en los meses de mayor impacto de la crisis sanitaria, económica y social, en 1 millón 850 mil personas. La inmensa mayoría de ellos han perdido, por lo tanto, el 100 % de sus ingresos mensuales, o una cifra muy cercana a ella. 

Otros han recibido los subsidios estatales, que han sido pocos, mezquinos, focalizados sectorialmente y focalizados en el tiempo, y que no logran compensar la caída en los ingresos provenientes de la menor ocupación.

Además, dentro de los que figuran como ocupados se encuentran los 800 mil trabajadores que se califican hoy en día como “ocupados ausentes”, es decir, los que en la práctica no están trabajando, pero están viviendo del bono de cesantía que, desde luego, es plata de sus ahorros y que no compensa su salario anterior.

Los 8 millones de compatriotas que han retirado todo o parte de sus ahorros en las AFP son también una manifestación de que hay millones de chilenos que la están pasando muy mal, que han perdido sus ingresos habituales, que no tienen como alimentar a sus familias, que ya se han comido sus ahorros personales – si es que los tenían – que han vendido la argolla de matrimonio o el televisor, y que también han tenido que recurrir a los ahorros institucionales de cesantía y a  los ahorros en las AFP. En síntesis, la desocupación, el hambre y la caída de los ingresos son hoy en día en Chile un gran problema nacional.

Pero en este país de grandes desigualdades, hay chilenos que no solo son ricos, sino muy ricos. Su patrimonio – que no es exactamente igual a sus ingresos, pero es la fuente de donde fluyen sus ingresos -se calcula en varios millones de dólares.

Investigadores de la Universidad de Chile han cuantificado en 8.900 personas la que tienen un patrimonio que se ubica entre 5 y 100 millones de dólares, y en 263 las personas cuyo patrimonio es superior a los 100 millones de dólares. Esas personas no se han visto obligadas en estos meses de crisis a disminuir su nivel de consumo y de vida.

Según el Imacec del Banco Central, el nivel de PTB cayó en julio de este año en un 12,4 % con relación a julio del año anterior. En ese porcentaje habrían caído, en promedio, los ingresos de los chilenos, pobres y ricos.

Si los ingresos de millones de chilenos han caído en los niveles que ya hemos mencionado, podríamos suponer, como una gran aproximación, que la producción y los ingresos de los grandes ricos han caído por bajo ese 12,4 %.

Imponer a estos sectores una a tributación extraordinaria de un 2.5 % de sus patrimonios en este contexto de crisis, no es la culminación de las reformas tributarias que se necesitan en este país, pero es un buen paso en el sentido correcto de la historia. Un impuesto de ese tipo no es una cuestión técnicamente difícil, pues son pocos y están claramente identificados -con nombre, apellido, número de teléfono, correo electrónico y dirección- en las estadísticas del Servicio de Impuestos Internos. 

En segundo lugar, eso no le haría daño a la economía, pues se trata de un impuesto cobrable una sola vez, y que no afectaría, por lo tanto, las decisiones de inversión a futuro. Además, las grandes fortunas, que dependen de la explotación de los recursos naturales, o de las actividades conexas, tienen que seguir invirtiendo aquí, pues no pueden trasladar ese negocio a otros países.

En tercer lugar, los negocios de esos sectores han recibido grandes beneficios al calor de la crisis como consecuencia de las políticas gubernamentales, como son, por ejemplo, los créditos sin intereses, las rebajas tributarias y la depreciación acelerada, y ahora les toca a ellos hacer algún aporte.

 En cuarto lugar, la plata que se recaude no desaparecerá del país, sino que circulará en la economía nacional permitiendo un mejor funcionamiento global de la misma. Con un poco de inteligencia, no es difícil darse cuenta que no se pueden hacer buenos negocios, ni poner a producir a patrimonio, en un contexto en que más del 30 % de la población está fuera del mercado laboral y del mercado de bienes. 

En quinto y último lugar – para aquellos para los cuales los asuntos valóricos todavía tienen importancia – esto se trata de un problema ético y de justicia social, pues los que más tiene deben, permanentemente, aportar más a financiar las tareas conducentes al bien común.  

Por Sergio Arancibia.

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