Tribunal acoge denuncia penal contra Andrónico Luksic por delito de extracción ilegal de agua

En el predio de la empresa agrícola “El Cerrito", sociedad controlada por Luksic y ubicada en la comuna de Paihuano, en el Valle de Elqui, Región de Coquimbo, existía un estanque artificial, un ducto y una bomba hidráulica que extraía clandestinamente agua desde el estero “El Derecho”.

La magistrada Ingrid Guevara Reyes, juez titular del Juzgado de Garantía de Vicuña,admitió y remitió al Ministerio Público la querella interpuesta contra el empresario Andrónico Luksic por parte del abogado Luis Mariano Rendón.

La acción judicial, que contó también con el patrocinio del abogado Cristián Hidalgo denuncia la comisión del delito de extracción ilegal de agua, contemplado en el artículo 461 del Código Penal.

De acuerdo con la disposición, la sanción por este delito es presidio menor en su grado mínimo a medio, es decir, de 61 días a 3 años, a los que “…teniendo derecho para sacar aguas o usarlas, se hubieren servido fraudulentamente, con tal fin, de orificios, conductos, marcos, compuertas o esclusas de una forma diversa a la establecida o de una capacidad superior a la medida a que tienen derecho”.

El delito habría sido cometido en la empresa agrícola “El Cerrito”, sociedad controlada por Luksic y ubicada en la comuna de Paihuano, en el Valle de Elqui, Región de Coquimbo.

Una investigación realizada por CIPER y publicada en El Ciudadano reveló en dicho predio existía un estanque artificial, un ducto y una bomba hidráulica que extraía clandestinamente agua desde el estero “El Derecho”. El agua era destinada al regadío de las plantaciones de uva de mesa de exportación que se cultivan en el lugar.

La denuncia fue efectuada por pequeños regantes aguas abajo de la empresa de Luksic, quienes reclamaron que no podían hacer efectivos sus derechos de agua, pues el canal quedaba sin el caudal suficiente después de pasar por el predio del multimillonario.

Lugar donde estaba instalada la bomba de extracción. Foto: CIPER

La empresa agrícola, reconoció que las instalaciones eran “inadecuadas” y las retiró. Luksic, por su parte, confirmó en su cuenta de twitter que era el controlador de la empresa denunciada.

Desde la Agrícola El Cerrito mantienen que no han consumido más agua de la que les corresponde.

En un cálculo sobre el consumo de agua que enviaron a CIPER, precisaron que “entre agosto y diciembre de 2020, periodo de riego de las plantaciones, utilizamos 118.644 m3 de la cuenca del Río Estero Derecho, incluyendo el consumo de la bomba que fue removida en diciembre del año pasado. Esta cifra equivale a 183 acciones, lo que es sustancialmente menor a las 382,75 acciones que poseemos en esta cuenca”.

Sin embargo, varios productores de la zona señalaron que la bomba de extracción de agua instalada por la empresa agrícola en el Estero Derecho (afluente del Río Claro) permaneció allí por un lapso aproximado de 15 años, un dato que no fue refutado por El Cerrito.

“Esta antigua bomba funcionaba de forma muy esporádica cuando el río traía mayor abundancia, y su aporte representa en torno al 5% del total del consumo de agua para riego de la Agrícola. Actualmente, como hemos hecho ver a las respectivas directivas de los canales, no estamos recibiendo de éstos el agua que nos corresponde, no solo producto de la escasez hídrica, sino por posibles captaciones irregulares que se estarían produciendo aguas arriba, por lo que insistiremos en que se refuerce la fiscalización para evitar que este problema siga afectándonos a nosotros y a otros agricultores” afirmó a CIPER, Rodrigo Santander, gerente de operaciones de la agrícola, propiedad de Luksic.

El abogado Luis Mariano Rendón señaló que ahora correspondía que el Ministerio Público iniciase la investigación, la que a su juicio no presenta mayor complejidad, pues los hechos ilícitos estarían ya acreditados y al menos parcialmente confesos.

“Espero que exista una sanción ejemplarizadora, que haga realidad en Chile el principio de igualdad ante la ley. Es realmente inaceptable que un multimillonario, para aumentar sus ganancias, despoje a pequeños agricultores de su legítimo derecho a regar sus tierras”.

El abogado ambientalista agregó que “Hay quienes dicen que no hay sequía, sino saqueo. Están profundamente equivocados en lo primero, pues la sequía que golpea al país es muy real y dura. Sin embargo, sí están en lo cierto en que existe también un grave saqueo de los recursos hídricos del país. Ha existido un saqueo legal, a partir del Código de Aguas de la dictadura y también existe un saqueo ilegal, como este caso y otros recientemente descubiertos dejan en evidencia”.

Greenpeace también presentó denuncia

Greenpeace también presentó este martes una denuncia ante el Ministerio Público contra quienes resulten responsables de la ilegal extracción de agua que realizaba la Agrícola El Cerrito, y solicitó “que se inicien los procedimientos de investigación que sean del caso”, para determinar si la acción es constitutiva de delito y se sancione a los responsables.

La directora política de la organización, Josefina Correa, indicó que “algunos testimonios señalan que dicha bomba había estado instalada por más de 15 años. La afectación de un robo de agua, en caso de configurarse, es de magnitudes económicas, sanitarias y humanas inconmensurables que el Ministerio Público debe investigar en el uso de sus facultades”.

Sería relevante que comience a aplicarse el sistema penal para quienes abusan y atentan gravemente contra el interés público en el aprovechamiento de bienes comunes naturales”, subrayó.

En el escrito presentado por la ONG ambientalista se destaca que la zona donde se realiza la extracción ilegal de agua corresponde a “una cuenca sobre otorgada” y a una zona del país “continuamente afectada a decretos de escasez, catástrofe o emergencia hídrica”.

aún cuando las investigaciones tendrán que determinar si, tal como plantean los testimonios en el reportaje, la bomba fue utilizada por la Agrícola El Cerrito por alrededor de 15 años, para el director de Greenpeace en Chile, Matías Asún, se trata de un hecho que da cuenta del desapego a la normativa que existe en el país sobre el tema hídrico, justamente en un momento crucial por la crisis que representa.

En declaraciones a Radio U de Chile, el director de Greenpeace en Chile, Matías Asún, indicó que la extracción ilegal de agua por parte de la empresa agrícola propiedad de Luksic, se trata de un hecho que da cuenta del desapego a la normativa que existe en el país sobre el tema hídrico, justamente en un momento crucial por la crisis que representa.

Evidentemente, la extracción de agua en canales que se encuentran en zonas en donde cada vez las precipitaciones son menores, y en donde la disponibilidad hídrica es menor, tiene un impacto respecto de las actividades productivas y para con las personas y el medioambiente en la cuenca. Esto sin contar que en Chile el agua está privatizada de facto, y que además significa que aquellas personas que están en las cuencas posteriores, dada la primacía de actividades productivas, terminan viendo amenazado su suministro de agua”, aseguró.

Para Asun, este caso cobra aún más sentido porque vuelve a poner en el centro de la controversia a Andrónico Luksic, uno de los magnates más poderosos del país, cuyas empresas han sido señaladas por daño a las fuentes de agua en Chile.

“Andrónico Luksic me ha respondido muchas veces diciendo que él no es un empresario forestal, no es un empresario papelero, que él solo era un empresario minero. Y la verdad es que tiene bastantes más rubros; sin embargo, aun dentro de la minería, que Antofagasta Minerals sea una de las empresas identificadas como de las mayores destructoras de glaciares en Chile, solo confirma que el problema del agua hoy es la injusticia, y que básicamente destruyendo y apropiándose de las aguas se han construido en Chile las grandes fortunas”, criticó.

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