Vía Comunicaciones OLCA
Por ahora, los sondajes no entrarán a la zona clausurada de Pascua Lama. El 9 de noviembre, el Segundo Tribunal Ambiental suspendió los efectos de la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto “Prospección Minera El Alto”, conocido en el valle como Pascua Lama 2.0.
La decisión responde a la reclamación que Irene Alvear Azcárate, presidenta del Comité Ambiental Comunal (CAC) de Alto del Carmen, presentó en julio, luego de que la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental rechazara todos los recursos en contra del proyecto.
El fallo confirma lo que las comunidades del Huasco vienen denunciando.
Con información de Sernageomin, el tribunal constató que El Alto perforaría en el mismo lugar donde se hicieron los sondajes de Pascua Lama, dentro de su antigua zona de explotación a rajo abierto y del área clausurada.
Es decir, sobre un territorio que la Superintendencia del Medio Ambiente cerró de forma total y definitiva en 2018, en una sanción que la Corte Suprema dejó firme en 2022.
En específico, en febrero de 2022, el máximo tribunal del país declaró ilegales y arbitrarios los sondajes realizados con plataformas de Pascua Lama, por ser incompatibles con un plan de cierre cuyo único fin es terminar toda actividad del proyecto sancionado.
Cuatro años después, la Comisión de Evaluación de Atacama aprobó, mediante una simple Declaración de Impacto Ambiental, sondajes de hasta 700 metros de profundidad sobre 43 plataformas ya existentes en esa misma zona.
El tribunal advirtió que ejecutar el proyecto consolidaría una situación cuya legalidad está en discusión, tanto por la clausura de Pascua Lama como por la fragmentación de la evaluación que denuncian los reclamantes.
Para Irene Alvear, presidenta del CAC de Alto del Carmen, el caso evidencia una desidia institucional: “El sistema de evaluación, con todas sus diferentes etapas, parece estar hecho para favorecer la instalación de los proyectos y no para, realmente, proteger los bienes naturales de nuestro país”, afirma.
Desde la primera etapa, el Comité advirtió la superposición con Pascua Lama y la cercanía a glaciares. Después se sumaron el Municipio de Alto del Carmen, la DGA, la Seremi de Medio Ambiente y el Consejo Regional de Atacama, que pidieron un Estudio de Impacto Ambiental y no una simple declaración.
“Tampoco fuimos escuchados. Luego le llaman ‘permisología’, pero lo que en realidad hay es una desidia institucional, o excesiva presión y lobby empresarial, por aprobar proyectos mal hechos o derechamente tramposos”, criticó la dirigenta, quien recuerda que Pascua Lama fue clausurado, pero su Plan de Cierre aún está en evaluación, mientras en la alta cordillera quedó un botadero de lastre de 15 millones de toneladas con potencial de drenaje ácido, en la cabecera de las aguas del valle.
Alvear denuncia además que la empresa ha instalado programas de transferencias monetarias directas y “comités de desarrollo comunitario” en una comunidad que debe evaluarla ambientalmente, lo que califica como un conflicto de intereses evidente.
Hasta el nombre del proyecto le parece una provocación. “El Alto” es como los lugareños llaman al poblado de Alto del Carmen, donde están el municipio, el Cesfam y el banco. “Al denominar así su proyecto, incluso nos intentan robar hasta el nombre, un patrimonio de todos quienes vivimos acá”, dice la representante de la comunidad.
Glaciares y permafrost cercano a los sondajes
La RCA aseguraba que el proyecto no se emplaza sobre ninguna crioforma. El tribunal desechó esa afirmación. Las plataformas están cerca a los glaciares y glaciaretes Toro 1, Toro 2 y Esperanza, los mismos bajo los cuales el propio Pascua Lama reconocía emplazarse, y en un área con permafrost, el suelo congelado que se esconde justo donde las sondas perforarían.
Para el tribunal, se trata de un ecosistema complejo y esencial para la reserva y provisión de agua dulce, ya debilitado por una pérdida de superficie glaciar documentada por la ciencia. Por eso aplicó el principio precautorio: cuando hay riesgo de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica no puede ser excusa para no actuar.
Con perforaciones programadas para este segundo semestre, esperar la sentencia definitiva habría significado llegar tarde.
Irene Alvear explica que “como valle nos decimos ser la última frontera verde del desierto de Atacama porque, en efecto, estos ríos tienen agua corriente los 365 días del año”. De ese ecosistema dependen la fruticultura, las viñas del pisco y el pajarete, ambos con denominación de origen, y la crianza caprina trashumante.
Por eso, el Comité exige una evaluación integral de toda la cuenca, en vez de revisar cada proyecto por separado. “Quienes defendemos este valle no somos opositores, somos protectores de algo que la naturaleza nos legó con tanta generosidad”.
Suspensión por 30 días y un juicio pendiente
La suspensión rige por 30 días corridos, prorrogables, y el tribunal eximió a la comunidad de rendir caución. Fue una decisión de mayoría, con el voto en contra del ministro Cristián López Montecinos, y el propio tribunal aclara que no prejuzga el fondo de la reclamación.
El Comité pedirá la renovación de la suspensión, y el Municipio de Alto del Carmen ya solicitó a la SMA coordinar la fiscalización para que el proyecto no avance. Alvear vincula el caso con un vacío mayor. Chile no tiene una ley de protección de glaciares.
“Urge retomar ese debate para que las fuentes de agua dulce de las que aún dispone nuestro país puedan protegerse efectivamente”, sostiene.
El Comité de Alto del Carmen presentó observaciones ciudadanas durante la evaluación, reclamó ante el SEA y, tras el rechazo, llevó el caso al Tribunal Ambiental. En todo ese camino, la Comisión de Evaluación y el SEA sostuvieron la aprobación de un proyecto ubicado en el área clausurada de Pascua Lama.
El director de OLCA, Lucio Cuenca, exige que la suspensión se mantenga hasta la sentencia definitiva, que la Superintendencia garantice que ninguna faena avance en el área clausurada y que esta RCA sea anulada.
“Pascua Lama fue cerrado por la justicia y no puede volver a abrirse por la puerta trasera del sistema de evaluación ambiental”, planteó.
Por último, Irene Alvear envía un mensaje directo a otros territorios: “La controversia no es medioambiente o trabajo, como artificialmente intenta instalar la industria minera. El conflicto es entre vida para las comunidades que habitamos los diferentes territorios y la extracción indiscriminada de las riquezas que guarda el subsuelo para beneficio de unos pocos que ni siquiera viven acá. Eso es lo que en realidad está en juego”.
Seguiremos informando.
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