Por Gonzalo Pavez Sepúlveda

En Viña del Mar, el conflicto socioambiental del paño Las Salinas ha dejado de ser una simple controversia técnica: hoy es la expresión cruda de un Estado capturado, una justicia paralizada y una ciudadanía expuesta a químicos cancerígenos sin resguardo alguno. Esta ciudad, símbolo turístico del país, se ha convertido en una tierra de nadie, donde la ley, la fiscalización y la ética pública brillan por su ausencia.
Desde hace meses, la Corte Suprema mantiene pendiente un fallo clave respecto a la autotutela ejercida por la Inmobiliaria Las Salinas (filial de Copec), la cual ha actuado sin control externo ni fiscalización efectiva, ejecutando un proceso de remoción de suelos contaminados bajo su propio criterio. Por su parte, el Segundo Tribunal Ambiental lleva más de siete meses con un fallo en redacción, a pesar de haber identificado graves omisiones en la evaluación ambiental del proyecto. Entre ellas, destacan:
● La selección de un método ex situ de alta exposición frente a alternativas in situ menos riesgosas;
● La falta de estudios adecuados sobre las bacterias utilizadas;
● La ausencia total de un análisis de riesgos para la salud humana;
● Y la incompatibilidad territorial de la remediación propuesta.
Estas observaciones no surgieron de laboratorios empresariales o de universidades coludidas, sino de científicos independientes y una comunidad organizada que ha hecho de la evidencia científica su principal herramienta de resistencia.
Recordamos con claridad una frase del ministro Cristián Delpiano durante la inspección judicial del 2 de julio de 2024. Al observar un cartel publicitario instalado sobre un agujero rodeado de contaminación, preguntó:
“¿Desde cuándo está este cartel de promoción en este lugar?” Silencio absoluto de Copec – voces de la comunidad mencionan: aquí traen a menores de edad.
Lo que quizás no sabía es que en esa misma zona se identificó asbesto, un material cancerígeno que no fue declarado en la RCA y que la empresa manipuló eludiendo los procesos ambientales.
A pesar de la gravedad de estos hallazgos, las operaciones de remoción de suelos contaminados no han cesado. Peor aún, la inmobiliaria ha promovido planes escolares que implican llevar niños y niñas al área intervenida, mientras continúan los movimientos de suelos peligrosos. Esta realidad representa una amenaza directa a la salud pública.
Durante los últimos meses, Copec ha acelerado sus faenas, violando reiteradamente la Resolución de Calificación Ambiental (RCA):
● Ha removido suelos fuera del área autorizada, incluyendo zonas no investigadas como la zona alta del paño y la calle 19 Norte.
● Ha depositado suelos contaminados en vertederos no habilitados en Reñaca Alto.
● Ha superado los límites de operación establecidos.
● Y ha quebrantado la prohibición de circulación de camiones durante el verano.
Estas transgresiones fueron denunciadas a la Superintendencia del Medio Ambiente, pero hasta ahora no se ha ejercido acción concreta alguna. Lo mismo ocurre con organismos clave como la Seremi de Salud, SEA y la Seremi del Medio Ambiente, los cuales han omitido sus deberes legales con
complicidad institucional alarmante. La alcaldesa Macarena Ripamonti y el Municipio de Viña del Mar, lejos de proteger a la población, han guardado silencio.
Todo esto se desarrolla en una ciudad donde las cifras de cáncer ya son catastróficas:
● Viña del Mar lidera las muertes por cáncer relacionados a la contaminación petroquímica superando en un 47% el promedio regional de muertes por cáncer, incluso por sobre Quintero y Puchuncaví.
Estudios internacionales han demostrado con contundencia que vivir en las cercanías de complejos petroquímicos aumenta de manera significativa el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar (CIE-10: C34), leucemias (C91-C95) y linfomas no Hodgkin (C82-C85). Esta relación no es teórica ni distante: se manifiesta con fuerza en Viña del Mar, donde la mortalidad de estos tres tipos de cáncer supera en promedio en un alarmante 58,6% al promedio regional.
Específicamente:
● El cáncer pulmonar (C34) presenta una incidencia 56,9% mayor que la media regional.
● Los linfomas no Hodgkin (C82-C85) registran una mortalidad 78% superior.
● Las leucemias (C91-C95) muestran una tasa 48% más alta que el promedio de la región.
Este patrón no deja espacio para la duda: la exposición residencial a contaminantes industriales en Viña del Mar se traduce en una mayor probabilidad de morir por cáncer, situando a la comuna por encima incluso de otras reconocidas zonas de sacrificio como Quintero y Puchuncaví.

¿Cómo es posible que Copec siga operando impunemente, mientras la salud de miles de personas es vulnerada en nombre del negocio inmobiliario?
¿Qué está esperando el Poder Judicial para cautelar el derecho fundamental a la vida y a vivir en un medioambiente libre de contaminación?
El derecho a la salud y a un ambiente sano no puede quedar supeditado al interés económico del Grupo Angelini. Lo que está en juego no es solo el presente, sino también el futuro de tres generaciones expuestas a químicos de alta toxicidad, cuyos efectos epigenéticos están documentados.
Viña del Mar no necesita más contaminación para transformarse en un megaproyecto inmobiliario. Necesita reparación integral, regeneración ambiental y justicia para quienes han sido víctimas de 100 años de contaminación industrial.
El tiempo corre, y con él, la posibilidad de evitar un crimen socioambiental de proporciones históricas. La omisión de las autoridades ya no es negligencia: es complicidad activa con el exterminio lento y silencioso de una comunidad completa. Y eso, según el Estatuto de Roma, es un crimen contra la humanidad o ecocidio.
Por Gonzalo Pavez Sepúlveda
Ambientalista del Movimiento Un Parque para Las Salinas de Viña del Mar.
Contacto: [email protected]
Las expresiones emitidas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.