A 50 años del Golpe de Estado: Los Matte, cómplices y beneficiarios del saqueo y terrorismo de Estado pinochetista

La historia de su fortuna está estrechamente ligada a la derecha política tradicional, siendo los integrantes de esta familia activos defensores y colaboradores de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet y patrocinantes ideológicos de ese nefasto proyecto político y económico. Son fuertes promotores del anticomunismo y del discurso del terror contra el avance de los derechos de los trabajadores.

Por El Ciudadano

08/07/2023

Publicado en

1973ChileMemoria / Chile / Columnas / Portada

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Matte

El grupo Matte, cuya historia se remonta a la oligarquía del siglo XIX, es hoy uno de los principales conglomerados empresariales del país con una fortuna estimada en los US$3.700 millones según la revista Forbes (2021).

Su patrimonio se concentra en diversas áreas económicas, principalmente forestal, bancaria, energía y telecomunicaciones e inmobiliaria. Son controladores de las empresas: Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC o papelera), Colbún, Entel Chile, Volcán S.A., Banco Bice, BICECorp, Inversiones Almendral, forestales Cañada, Cominco, Peumo, entre otras.

Durante 2021 este conglomerado se repartió utilidades récord por US$867 millones.

La historia de su fortuna está estrechamente ligada a la derecha política tradicional, siendo los integrantes de esta familia activos defensores y colaboradores de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet y patrocinantes ideológicos de ese nefasto proyecto político y económico. Son fuertes promotores del anticomunismo y del discurso del terror contra el avance de los derechos de los trabajadores.

Los fundadores de la CMPC fueron Luis y Arturo Matte Larraín. Este último fue un político del Partido Liberal, senador y luego candidato a la presidencia. Además de agente e informante de inteligencia para la compañía estadounidense International Telephone and Telegraph (ITT). Así lo divulgó el periodista Jack Anderson en marzo de 1972 al publicar los documentos de comunicaciones entre la CIA y la ITT, que en ese momento eran analizados por el Senado estadounidense en el marco de las pesquisas producto del escándalo que vinculó a ambas instituciones en su rol de promotoras de varias dictaduras en Latinoamérica.

En los años de la Unidad Popular, los Matte lideraron una férrea resistencia contra el movimiento obrero y la expropiación de las fábricas. Desde la CMPC, en la mira del gobierno por su importancia estratégica, esta familia lideró la resistencia empresarial al gobierno de Allende, con su campaña en contra de la estatización de esta empresa representada en el slogan “La papelera No”, buscando activamente comprar a los trabajadores e influenciarlos con ideas anticomunistas… actividad que mantienen hasta el día de hoy a través del Centro de Estudios Públicos (CEP). Los Matte son de los miembros de la burguesía chilena más comprometidos con la batalla ideológica contra la izquierda y la clase trabajadora.

Profundicemos un poco más en esta familia:

-La masacre de Laja

Uno de los principales actos de complicidad de este conglomerado con la dictadura nos remonta a septiembre de 1973, con la ejecución y desaparición de 19 dirigentes sindicales y militantes de izquierda de la empresa de ferrocarriles, docentes y obreros papeleros y forestales, en el cual la CMPC aportó con datos de sus trabajadores e insumos para llevar a cabo este horrible crimen que estremece a la historia nacional hasta el día de hoy. Es que los Matte ya han dejado claro que prefieren manchar sus manos con sangre obrera y mapuche antes de perder sus intereses económicos, demostrando así que sus ganancias valen mucho más que la vida de los trabajadores.

Este criminal hecho, que se mantuvo bajo un manto de silencio por más de cuatro décadas, actualmente tiene más de 10 procesados y revela la colusión entre policías, empresa privada, justicia y gobierno para la comisión y encubrimiento de un delito de lesa humanidad.

El periodista Javier Rebolledo, autor de A la sombra de los cuervos, denunció la complicidad del grupo Matte, dueños de la papelera en la comuna de Laja, con matanzas ocurridas durante la dictadura. “El militar que comandó todas las detenciones y las muertes, tanto en Laja como en Los Ángeles y todas las cercanías, que era el jefe del regimiento, el comandante del Regimiento de Los Ángeles, Alfredo Rehren Pulido, luego de enviar una patrulla militar de inteligencia al interior de la Papelera de Laja se jubila y pasa a trabajar a la Papelera”, relató el profesional. Rebolledo añadió que los Matte “tienen toda una historia que viene desde mucho antes vinculada al Golpe Militar y a la represión y a los poderes fácticos”.

El teniente Alberto Fernández Michell ordenó el 11 de septiembre de 1973 el acuartelamiento de los 16 carabineros de la Tenencia de Laja. Los dos suboficiales a su cargo eran el suboficial mayor Evaristo Garcés Rubilar y el sargento Pedro Rodríguez Ceballos.

Ese mismo día recibió órdenes de sus superiores en Los Ángeles de detener a todas las autoridades del gobierno derrocado, sus subdelegados y al alcalde de la ciudad de Laja.

Por tal motivo, una patrulla de Carabineros procedió a detener a un grupo de trabajadores de la planta de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones.

A la salida de la jornada, les ordenaron formarse en fila y se efectuaron las detenciones a partir de una lista negra confeccionada por el superintendente de la planta Carlos Ferrer y el jefe de personal Humberto Garrido. Los detenidos fueron llevados al Regimiento de Los Ángeles.

Posteriormente fue detenido Manuel Becerra en la estación de ferrocarriles de Laja, donde se despedía de su madre para volver a Curacautín donde asistía a la escuela industrial. Su culpa fue ser del MIR.

Más tarde fue detenido en la Barraca Burgos el obrero comunista Luis Armando Ulloa de 41 años, casado y con cinco hijos.

En la tarde del 13 de septiembre a la salida de CMPC fueron detenidos por Carabineros Juan de Dios Villarroel (34 años y cuatro hijos); Jack Gutiérrez, militante del MAPU; Heraldo Muñoz, militante del Partido Socialista de Chile (PS); y Federico Riquelme. Fueron llevados detenidos a la tenencia, a donde llegó también Alfonso Macaya, regidor de la comuna, quien se presentó voluntariamente al informarse por radio que se le buscaba.

El 14 de septiembre fueron detenidos a la salida de la CMPC Wilson Muñoz y Fernando Grandón, (34 años, ocho hijos).

El 15 de septiembre fueron detenidas en San Rosendo siete personas.

Posteriormente, fue detenido Luis Alberto Araneda, 43 años, maquinista, dirigente del sindicato Federación Santiago Watt de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, militante del PS y presidente de la Junta de Abastecimientos y Precios.

El mismo piquete llegó hasta la casa de Juan Antonio Acuña, 33 años, tres hijos, también maquinista y dirigente del sindicato de Ferrocarriles donde el piquete de Carabineros lo arrestó.

Luego fueron detenidos también el empleado de la CMPC Dagoberto Garfias (23 años), Mario Jara (21 años), Raúl Urra (23 años) y el director de la Escuela N°45 de San Rosendo, Óscar Sanhueza (23 años). Los detenidos fueron llevados primero a la plaza de San Rosendo, donde fue detenido Jorge Zorrilla, un obrero de 25 años que se presentó voluntariamente.

El grupo cruzó a pie el puente peatonal del Río Laja y en un microbús puesto a disposición por la CMPC los detenidos fueron llevados a la Tenencia de Laja.

En la noche del 15 de septiembre se presentó voluntariamente en la Tenencia de Laja el director del Sindicato Industrial de la CMPC, Jorge Lamana, donde quedó detenido.

El 16 de septiembre llegaron detenidos a la tenencia Juan Carlos Jara, de 17 años, por una riña callejera, y Rubén Campos, director de la Escuela Consolidada de Laja.

En la madrugada del 18 de septiembre un microbús con los 19 detenidos, más otros vehículos con todos los policías de la tenencia a excepción de tres que se quedaron haciendo la guardia, tomaron el camino a Los Ángeles por la ribera sur del Río Laja, cruzaron el Puente Perales y, guiados por el agricultor Peter Wilkens, llegaron a un claro del bosque de pinos a unos 300 metros del camino, dentro del Fundo San Juan, donde con las palas cavaron una fosa de un metro y medio de profundidad. En ese lugar hicieron descender a los detenidos y los llevaron hasta el borde de la fosa. Alterados y tras discusiones se dio la orden de disparar sobre los indefensos. Todos los uniformados dispararon.

Los cuerpos de las víctimas que no cayeron a la fosa fueron arrastrados y todos cubiertos con arena. Colocaron unas ramas sobre la tierra removida y volvieron a Laja en silencio y siguieron bebiendo y juraron una vez más no decir palabra sobre lo sucedido, so pena de compartir la suerte de los detenidos.

El 20 de septiembre se presentó voluntariamente a Carabineros de la ciudad de Los Ángeles el obrero de la CMPC Luis Sáez, dirigente sindical y militante del MAPU, quien habría sido buscado por la autoridad. Fue detenido y su cuerpo apareció seis años después cerca del lugar donde fueron fusilados los diecinueve detenidos.

En octubre de 1973 un agricultor de la zona avisó a Carabineros de Yumbel, una ciudad a 20 kilómetros al norte de Laja, que sus perros habían encontrado restos humanos. El parte oficial del hecho fue enviado al Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de Yumbel, pero la jueza Corina Mera ordenó esconderlo y nunca se investigó. El teniente Fernández exhumó secretamente los cadáveres y ordenó enterrarlos en el cementerio parroquial de Yumbel.

En 2010 la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y el Programa de Continuación Ley 19.123, del Ministerio del Interior solicitaron a la Corte de Apelaciones de Concepción la reapertura de la causa.

El ministro Carlos Aldana revisó los antecedentes, dejo sin efecto el sobreseimiento y reabrió la causa. De los 17 carabineros de la tenencia, tres murieron, otros tres fueron sobreseídos porque estuvieron de guardia en la tenencia y los otros once estaban siendo procesados por el delito, entre ellos el oficial que es acusado como autor del homicidio.

En el momento de los hechos Lionel Aguilera era la máxima autoridad de la CMPC en Laja. Durante el proceso judicial, en donde Aguilera declaró, se estableció el rol que cumplió la empresa en la prestación de servicios y logística para concretar el crimen y desaparecer a los trabajadores de San Rosendo y Laja. Sin embargo, hasta ahora, ninguno de los civiles ha sido procesado.

-Los hermanos Matte Larraín

El patriarca de la familia en la segunda mitad del siglo XX, Eliodoro Matte Ossa (1905-2000), era nieto del parlamentario y ministro Eduardo Matte Pérez, el mismo que en 1892 pronunció la tristemente célebre frase “Los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo; lo demás es masa influenciable y vendible; ella no pesa ni como opinión ni como prestigio”.

Los actuales controladores del grupo, hijos de Matte Ossa, tuvieron una activa participación política en el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende.

Bernandro Matte: fue militante del Partido Nacional e ingresó a las filas del movimiento fascista Patria y Libertad hasta el golpe de Estado. Luego de un año sabático en Asia, volvió para hacerse cargo del Banco de su familia (BICE) mientras fundaba el Movimiento de Unión Nacional, el cual devendría en el partido Renovación Nacional del cual fue parte de su comisión política.

Eliodoro Matte: también tuvo un importante rol en la colaboración con el régimen militar, ejerciendo como encargado de finanzas del Ministerio de Salud, mientras su padre lo preparaba para asumir el liderazgo de la CMPC.

Otrora, también, funcionario del Servicio Nacional de Salud (SNS) y del Laboratorio Chile, en el cual incidió para su privatización. Desde 1974, a menos de un año de instaurada la dictadura cívico-militar, los Matte se beneficiaron por la promulgación del Decreto Ley 701, subsidio estatal para empresas forestales (entiéndase la propia CMPC y Forestal Arauco), que bonifica las plantaciones de pino y eucaliptos hasta en un 75%, y en cuya redacción y promulgación operaron dos exfuncionarios de la compañía: Fernando Léniz, como ministro de Economía, y Julio Ponce Lerou, como director de la Conaf.

Eliodoro es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica con un MBA en la Universidad de Chicago. A partir de entonces, y bajo el alero de la dictadura, todo es expansión. En 1981 Eliodoro asumió la gerencia general de la CMPC y pasa a controlar sus inversiones en las áreas financiera (Banco BICE) y forestal (Mininco). Un tiempo más tarde, y tras beneficiarse del turbio proceso de privatizaciones, ingresaría en los sectores energético (Colbún), portuario y de telecomunicaciones (Entel).

Ejerció el liderazgo del grupo, siendo su principal representante en el directorio de la papelera y ejerciendo la presidencia del CEP, hasta que el escándalo por el caso de colusión por los precios del papel Tissue lo obligó a renunciar a ambos cargos, pese a que Eliodoro intentó desmarcarse culpando a sus ejecutivos. Una excusa bastante poco creíble considerando la historia del dominio de los Matte sobre sus negocios.

Eliodoro, asimismo, ha formado parte del directorio de la Universidad Finis Terrae, ligada a los Legionarios de Cristo.

Patricia Matte: es quien más ha cultivado el perfil ideológico de la familia, encargándose de los negocios de los Matte en esta materia. Colaboró entre los años 1974 y 1975 con el departamento de planificación del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia de la dictadura de Pinochet, pasando luego a ser parte de ODEPLAN donde se relaciona con los economistas Miguel Kast (hermano de José Antonio Kast) y Joaquín Lavín, siendo reconocida por tener línea directa con Pinochet y ser una de sus principales asesoras. Se hizo cargo desde 1985 de la secretaría de desarrollo social de la dictadura, desde donde ensayaban su política asistencialista buscando contener, de la mano de la fuerte represión, el descontento social que por esos entonces se expresaba en las calles contra la dictadura.

Asimismo, Patricia colaboró con la formación de las bases ideológicas de la UDI siendo consejera del centro de estudios Libertad y Desarrollo y estando a cargo de la empresa educativa SIP (Sociedad de Instrucción Primaria), desde donde controla muchos colegios particulares subvencionados (fue de las que más se benefició de la desmunicipalización y privatización de la enseñanza), desde donde promovía un modelo educativo hacia los sectores populares y de clase media en línea con sus postulados católicos conservadores. Además fue miembro de la orden de los Legionarios de Cristo, congregación fuertemente cuestionada porque su fundador -Marcial Maciel- cometía actos de pederastia y tráfico de influencias.

Su marido, Jorge Gabriel Larraín Bunster, fue uno de los creadores de “El Ladrillo”, manual clandestino que estableció las bases políticas del libre mercado y las consecuentes privatizaciones de las empresas del Estado. Jorge Gabriel Larraín, además de su participación en el directorio de “la Papelera”, representa los intereses del clan en la Minera Valparaíso, principal sociedad de inversiones del grupo Matte y que hoy controla Banco BICE, CMPC, Colbún, Entel y Puertos y Logística, entre otras empresas estratégicas.

-Decreto Ley 701

La historia del Decreto Ley 701 se inicia durante la dictadura cívico-militar. En 1974, la industria forestal presenta cambios profundos, donde la CONAF tenía a su cargo los predios expropiados de la Corporación de Reforma Agraria (CORA). Uno de estos cambios es el decreto ya mencionado, impulsado por el ministro de Economía Fernando Léniz e implementado por Julio Ponce Lerou (exyerno de Pinochet). Esta iniciativa de ley fortaleció la bonificación de la plantación forestal por parte del Estado, la cual implicaba la bonificación de un 75% para las plantaciones de pinos y eucaliptus beneficiando a los empresarios del sector, siendo la base de la multiplicación de la riqueza de los grupos forestales como los Angelini y los Matte.

La industria forestal en Chile, promovida y amparada con toda la institucionalidad del Estado, potenció la reforestación de vastas zonas con dos especies muy beneficiosas para la industria, pero no para el ecosistema chileno: el pinus radiata (pino insigne) especie introducida desde California, EE.UU., y el eucaliptus (en sus distintas variedades y que fue introducida particularmente desde Australia). Ambas especies crecen en muy poco tiempo lo que permite una rápida rentabilidad, pero con el costo de intervenir de forma dañina el ecosistema.

En Chile, cerca del 80% del área total de plantación es pino insigne, lo que convierte a Chile, junto con Nueva Zelanda, en los mayores productores de esta especie en el área forestal (papeleras, celulosa y derivados).

Actualmente CMPC posee sobre 633 mil hectáreas de plantaciones forestales, principalmente de pino y eucalipto, de las cuales 483.400 hectáreas están localizadas en Chile, 56 mil en Argentina y 118 mil en Brasil. Adicionalmente, la Compañía mantiene contratos de usufructo, aparcería y arriendos con terceros que comprenden 36.000 hectáreas de plantaciones forestales distribuidas en Chile y en Brasil. CMPC tiene 45 plantas de fabricación distribuidas en Chile, Argentina, Perú, Uruguay, México, Colombia, Brasil y Ecuador y vende principalmente en Chile, Asia, Europa, Estados Unidos y resto de América Latina. A nivel agregado, los ingresos provienen en una proporción cercana al 75% de exportaciones o de subsidiarias del exterior y sobre un 25% se generan en Chile. Además, tiene subsidiarias para operaciones comerciales y financieras en Europa, Estados Unidos e Islas Cayman.

El pasado año 2022 el grupo Matte registró utilidades por US$1.005,3 millones, lo que representa un salto de 86,6% en relación al 2021. La Celulosa aumentó US$377 millones, además del efecto positivo en resultado por unidades de reajuste y menores gastos financieros netos.

Para más detalles ver: https://www.elciudadano.com/medio-ambiente/chile-arde-pero-no-de-casualidad-el-agotado-peligroso-y-rentista-modelo-forestal/02/05/

Esta fue una breve pero contundente reseña respecto de una acaudalada familia que, no obstante detentar poder político y económico desde el siglo XIX, las ansias de tener más dinero, poder e influencia la hicieron cómplice del terrorismo y saqueo estatales ejecutados a partir del 11 de septiembre de 1973.

Autor: Jorge Molina Araneda

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