Aranceles de Educación Superior: Ineficientes, injustos e insostenibles

Descargar la mayor parte del financiamiento de la educación superior sobre los futuros profesionales resulta ineficiente e injusto, como se ha mostrado en una nota anterior. En lo que sigue se argumenta que resulta además insostenible, puesto que carga sobre sus hombros el equivalente a más de una cuarta parte de todos los impuestos a la renta pagados por empresas y personas en el país.

Resulta ineficiente porque los servicios de los créditos universitarios equivalen a un impuesto sobre las remuneraciones, lo que las encarece restando competitividad a la economía. Es injusto porque del costo de la educación actual, solo el servicio de los créditos universitarios incidirá en la determinación de las remuneraciones de los futuros profesionales. Junto al resto de los gastos requeridos para mantener a sus propias familias en las condiciones que entonces se consideren aceptables, incluyendo la educación de sus hijos.

No influirán en las futuras remuneraciones, en cambio, los aportes de aquellos padres que hoy logran pagar la educación de sus hijos. Eso significa que el nivel de remuneraciones promedio de los futuros profesionales no subirá lo suficiente para solventar estos dividendos, perjudicando precisamente a los que se ven hoy en la obligación de contraer créditos de estudio. Es decir, castiga a quienes provienen de sectores medios y populares.

El monto de esta suerte de impuesto resultará intolerable para los futuros profesionales. Según a sus balances públicos, los ingresos totales de las instituciones públicas y privadas de educación superior alcanzaron el 2009 a poco menos de 2,4 billones de pesos, de los cuales el 5,4 por ciento correspondió a sus utilidades operacionales. De ese total, las universidades declaran ingresos por 2,1 billones de pesos, los institutos profesionales (IP) cerca de 212.000 millones de pesos y los centros de formación técnica (CFT) 50.000 millones de pesos.

Considerando las matrículas respectivas, el gasto de los 872.849 alumnos de educación superior promedió $2,7 millones de pesos por alumno el 2009. Los 576.600 estudiantes universitarios representaron un gasto promedio anual de $3,7 millones por alumno, cifra que en el caso de los 189.069 que estudian en los IP se reduce a $1,1 millones y para los 107.180 de los CFT baja a $459.000, anuales por alumno.

Por otras parte, según la Dirección de Presupuestos (Dipres), el financiamiento público a la educación terciaria alcanzó el 2009 a 407.789 millones de pesos de ese año. Suponiendo que el 80 por ciento de dicho financiamiento se concentra en las universidades del Consejo de Rectores, conocido por el poco asentador acrónimo Cruch, el financiamiento público representaría poco más de un quinto de los ingresos totales de las universidades que lo componen, que en sus balances, del 2009 declararon ingresos totales de 1,45 billones de pesos anuales.

Comparado con los ingresos totales declarados por las instituciones de educación superior el 2009, que suma poco más de 2,4 billones de pesos, como se ha mencionado, el gasto público en educación terciaria registrado por la Dipres el 2008 representa casi exactamente un sexto del total.

El gasto público en educación terciaria registrado por la Dipres representa 467.193 pesos por alumno al año. Como referencia, el gasto público en educación superior alcanzaba en 1973 a casi un millón pesos de hoy por alumno-año, según cifras de Cenda basadas en una serie compilada por la UC. Es decir, hace cuarenta años un Estado y una economía mucho más pequeños que los actuales, invertían el doble por alumno de educación superior.

Si bien las instituciones de educación superior obtienen recursos adicionales de empresas, fundaciones y otras fuentes del sector privado, los aranceles de los estudiantes representan holgadamente más de la mitad del costo total, que como se ha dicho representó el 2009 un costo total de 2,4 billones de pesos. Ello equivale a un impuesto de más de un 1,2 billones de pesos anuales, que recae sobre las familias que hoy pueden pagarlos y especialmente sobre los futuros profesionales que hoy contratan créditos, como se ha dicho.

Es una carga completamente desproporcionada, especialmente si se considera que el total recaudado por concepto de impuestos a la renta pagados por empresas y personas, el 2009 alcanzó a poco más de 3,8 billones de pesos, según el Servicio de Impuestos Internos (SII). Es decir, esta suerte de impuesto a los futuros profesionales y sus familias equivale a más de un cuarto del total recaudado por impuestos a la renta.

Eso es insostenible. Tiene que cambiar.

13 de marzo de 2011

Por Manuel Riesco

Economista del Cenda