Bulgaria se une a la zona euro

Por Megi Popova

El 8 de julio, el Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría la entrada de Bulgaria en la eurozona. Con esta votación, Bulgaria, un país de seis millones y medio de habitantes situado en Europa del este, comenzará a utilizar el euro como moneda a partir del 1 de enero de 2026. ¿Cuál es la situación que ha llevado a esta votación y cuál es el futuro de Bulgaria dentro de la zona euro?

Desde 1997, Bulgaria ha funcionado con un sistema de caja de conversión, que vinculó inicialmente su moneda, el lev, al marco alemán. Tras la sustitución del marco por el euro, el lev se vinculó a este último. Este sistema ha limitado la independencia monetaria de Bulgaria al eliminar herramientas de control como la devaluación. Como consecuencia, muchos han argumentado que el uso del lev aporta pocos beneficios y solo costes a Bulgaria. Los defensores de la soberanía búlgara sostienen que el sistema de caja de conversión debería desmantelarse. Sin embargo, existe un amplio consenso político en que es una salvaguardia contra la irresponsabilidad fiscal y la inflación.

Para la coalición de centro-derecha en el poder y para la mayoría de los representantes políticos de la Asamblea Nacional, la adhesión a la zona del euro es la culminación de la plena integración de Bulgaria en la familia europea. El año pasado, Bulgaria se adhirió al Schengen, el acuerdo que permite la circulación sin visados dentro de Europa (firmado originalmente en Schengen, Luxemburgo, en 1995, Bulgaria se adhirió en 2005, pero solo comenzó su aplicación en 2024). La opinión mayoritaria en el Parlamento búlgaro y en el poder ejecutivo es que la adhesión a la zona del euro supone un hito histórico para Bulgaria. Sin embargo, esta opinión no es compartida por la mayoría de los ciudadanos búlgaros. Una parte significativa de la población cree que la adhesión a la zona del euro ha sido un gran éxito, mientras que un número considerable de críticos argumenta que, a pesar de los beneficios económicos, la entrada ha sofocado la voluntad de los ciudadanos búlgaros, que no votan directamente sus políticas.

Hace dos años, el partido populista proruso Vazrazhdane tomó medidas para celebrar un referéndum sobre la adhesión de Bulgaria. Sin embargo, el Parlamento y el Tribunal Constitucional consideraron que sería inconstitucional. El 9 de mayo de 2025, el presidente de la República de Bulgaria, Rumen Radev, anunció que propondría un referéndum sobre la entrada de Bulgaria en la zona euro. Radev, presidente desde 2017, antiguo comandante de la Fuerza Aérea Búlgara que había servido en el mando de la OTAN como general de división, es a menudo acusado de lealtad insuficiente a la Unión Europea y a la OTAN debido a sus críticas al envío de armas europeas a Ucrania y a la continuación de la guerra. La propuesta del presidente Radev para el referéndum fue rechazada por el Parlamento búlgaro.

Todas estas acciones catalizaron una ola de descontento entre gran parte de la ciudadanía búlgara. Según una encuesta realizada por la agencia sociológica Myara el 14 de mayo de 2025, el 54,9% de los encuestados afirmó que, si tuviera la oportunidad de participar en un referéndum, respondería “No estoy de acuerdo con que Bulgaria adopte el euro en 2026”; el 34,4% respondería “Estoy de acuerdo en que Bulgaria adopte el euro en 2026”. En la misma encuesta, el 63,3% de los encuestados se mostró a favor de celebrar un referéndum, mientras que el 35,3% no lo apoyaba. Otras encuestas también muestran resultados similares.

Al mismo tiempo, la mayoría de los búlgaros apoya la adhesión de Bulgaria a la Unión Europea, que goza de un nivel de confianza muy alto entre los ciudadanos en comparación con otros países europeos. El escepticismo de la mayoría de los búlgaros hacia el euro no se debe al euroescepticismo, sino que tiene una explicación mucho más pragmática y social. El escepticismo de la mayoría de los búlgaros hacia el euro nace de preocupaciones pragmáticas y sociales. Mientras que los ideólogos del euroescepticismo, que suelen situarse en la derecha populista, esgrimen argumentos económicos en contra de la adhesión a la zona del euro, la mayoría de los ciudadanos se muestran preocupados por el aumento de los precios, en particular de los alimentos y de los servicios, y no por la naturaleza de la zona euro o de la moneda en sí, sino por la transición que, inevitablemente, creará condiciones propicias para la especulación, el aumento de los precios y la inflación. Estas preocupaciones no son infundadas, y el ejemplo más reciente y cercano es el de Croacia, país en el que el Gobierno tuvo que imponer un límite máximo a los precios de determinados productos.

En Bulgaria no ha habido un debate real sobre el euro, ni siquiera uno terapéutico, y este hecho puede dejar otra herida en una democracia tan frágil. En los últimos años, la participación electoral en Bulgaria ha disminuido de forma constante, y la historia de los referéndums en el país es lamentable: los ciudadanos tienen la sensación persistente de que no tienen voz, lo que es extremadamente perjudicial para la democracia.

Esto apunta a una cuestión más amplia: la ausencia de un debate público significativo sobre la adopción del euro revela un déficit democrático más profundo. Cuando los ciudadanos se sienten ignorados, las decisiones políticas parecen impuestas desde arriba, alejadas de la realidad que viven. Esta desconexión fomenta la desconfianza, alimenta los discursos populistas y genera desinterés cívico. Es en este contexto en el que debemos entender las protestas emergentes contra el euro, no como actos aislados, sino como expresiones de un malestar democrático creciente.

Los medios de comunicación y el Gobierno tienden a asumir el papel de “informar” a los ciudadanos sobre la logística de la adhesión y a luchar, quizás de forma superficial, contra los aumentos “injustificados” de los precios y la especulación durante el período de transición. En un país en el que más de 800.000 ciudadanos están clasificados como trabajadores pobres, la preocupación por el aumento del coste de productos básicos como el pan, la electricidad y el transporte no es una preocupación macroeconómica abstracta, sino una preocupación existencial. En ausencia de salvaguardias eficaces contra la especulación, la regulación de los precios de los productos básicos o una política de ingresos coherente, los temores a la inflación no solo son comprensibles, sino racionales.

Por Megi Popova

Megi Popova es profesora adjunta de filosofía política en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sofía, St. Kliment Ohridski. Forma parte del Instituto de Teorías Críticas de la Supermodernidad (ICTS).

Este artículo ha sido elaborado por Globetrotter.

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