DDHH, candidatos a la Presidencia de la República y soberanía nacional

El 17 de noviembre de 2013 será día de elecciones presidenciales en Chile. En 24 años de ejercicio electoral se han formulado numerosas promesas concernientes al estado de los Derechos Humanos en nuestro país. Es este un factor imprescindible para rehacer la convivencia democrática en base a la Verdad, la Justicia y la Reparación de los delitos de lesa humanidad cometidos por las FFAA y las policías, además de las entidades represivas creadas por la dictadura militar-empresarial para aterrorizar al pueblo e imponer el modelo económico y político que todavía impera.

En este marco, la Comisión Ética contra la Tortura (CECT-Chile) ha enviado una CARTA ABIERTA A LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES DE CHILE 2014-2018, que ratifica lo que la CECT ha expresado desde su fundación, en 2001, a través de cada uno de sus Informes Anuales sobre el estado de los Derechos Humanos; en las declaraciones públicas; en conferencias de prensa: en entrevistas con las diversas autoridades del Estado; en artículos de opinión; etc… y, fundamentalmente, en el Informe EPU 2013 que ha sido enviado a la ONU para el Examen Periódico Universal que se realizará en Ginebra en febrero de 2014.

En la CARTA ABIERTA A LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES, la CECT exige a estos un pronunciamiento sobre los siguientes temas:

I El cumplimiento de los compromisos contraídos por el Estado chileno, firmados y ratificados, tales como la Convención Internacional contra la Tortura (1987) y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1988).

II El 14 de febrero de 2009, el Estado de Chile promulgó mediante el Decreto Nº 340, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, sin que a la fecha se haya implementado el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

III El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha cursado diversas querellas por uso “desproporcionado y discriminatorio” de la fuerza por parte de la policía, particularmente en contra de los estudiantes y del pueblo mapuche. Se agrava esta realidad con la participación de la policía chilena en el Centro de Entrenamiento para Operaciones de Paz, en la base militar del Fuerte Aguayo de Concón, patrocinada por el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de USA, cuyas enseñanzas tienden a ser aplicadas a quienes se les denomina “enemigos internos”.

IV En este contexto, la CECT pide garantías para que el pueblo ejerza el derecho a manifestación, reunión y demandas a la autoridad política del Estado, sin ser detenido ni menos torturado. Ello significa poner fin a la aplicación del DL 1.086 que regula las manifestaciones públicas. Respetar el Convenio 169 de la OIT en lo relativo a los pueblos originarios, así como la normativa interamericana como Estado miembro de la OEA y la normativa internacional de protección de los Derechos Humanos que Chile ha suscrito ante la ONU y como miembro no permanente de su Consejo de Seguridad.

V Entre otros puntos, se debe anular el DL de Amnistía de 1978 y derogar la Ley 19.992 que impide a los Tribunales de Justicia acceder al conocimiento de los nombres de los torturadores de la dictadura durante el lapso de cincuenta años. Se debe impedir beneficios a los condenados que son responsables de ejecución del terrorismo de Estado. Inhabilitar a todo violador de Derechos Humanos para ocupar cargos públicos. Poner fin a la Justicia Militar juzgando a civiles. Funcionamiento permanente de Comisiones de Investigación de violaciones de Derechos Humanos. Enseñanza de Derechos Humanos en todos los centros educativos y de formación de militares y agentes del Estado. Acceso público a toda la información clasificada de Derechos Humanos y políticas públicas sobre el resguardo de la Memoria Histórica, así como la implementación de todas las medidas de no repetición exigidas por la ONU.

VI En cuanto a las violaciones de Derechos Humanos en la actualidad, la CECT exige a los candidatos a la Presidencia de la República poner fin a la aplicación de la Ley Antiterrorista a los comuneros mapuche y a los luchadores sociales, así como terminar con la militarización del territorio mapuche y la utilización de equipos represivos tales como Fuerzas Especiales, Equipo de Reacción Táctica (Erta) de la PDI y las Patrullas Étnicas, de reciente creación.

Lo anterior implica, además, la libertad inmediata de los presos políticos mapuche y el resguardo de la integridad física y síquica de la niñez mapuche.

Todo lo solicitado significa, necesariamente, el cambio de la Constitución de Pinochet a partir de un proceso constituyente que redacte una nueva Constitución que emane del pueblo, que defienda los recursos naturales como propiedad de todos los chilenos, que la riqueza productiva sea patrimonio de todos los habitantes del país, que las FFAA y de Orden sean formadas como defensoras de la soberanía nacional y de los Derechos Humanos del pueblo.

Los acontecimientos políticos enmarcados en las demandas sociales negadas por las autoridades, indican que el país avanza hacia crisis institucional cuya única salida democrática pareciera ser la convocatoria a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución, fruto de un proceso de movilización y de debate popular que Chile requiere y reclama. Es esto a lo que más temen los dueños del poder, por lo que el empresariado ha apostado a aceptar algunas modificaciones menores para garantizar la continuidad del modelo y que ha dado en llamar “capitalismo inclusivo”. No obstante, la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado ha dejado al desnudo a los ojos del mundo que la Constitución de Pinochet, resguardada por las FFAA, las policías y el monopolio de la información, han posibilitado la inmoralidad de la concentración de la riqueza y la desigualdad en Chile. Muestra de ello son las ganancias de los bancos en el período enero-agosto del presente año y que alcanzaron a 968.579 millones de pesos. Y que en 2012, las ganancias de las empresas extranjeras en Chile llegaron a 16.409 millones de dólares. Menos que en 2007, puesto que ese año las mismas empresas “foráneas” ganaron 22.832 millones de dólares. ¿Dónde están los defensores de la soberanía nacional?

Por Hervi Lara

Comisión Etica contra la Tortura (CECT-Chile)

9 de noviembre de 2013