De la Marcha por el Aborto al asesinato de Rodrigo Melinao

El día 25 de julio se realizó la Marcha por el Aborto Libre, Gratuito y Seguro, organizado completamente por organizaciones y colectivas feministas, participaron miles de hombres, mujeres y familias completas, con apoyo de marchas también en regiones y con un solidario respaldo en distintos países como España, Francia, México y Argentina, entre otros

Por Mauricio Becerra

10/08/2013

Publicado en

Columnas

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El día 25 de julio se realizó la Marcha por el Aborto Libre, Gratuito y Seguro, organizado completamente por organizaciones y colectivas feministas, participaron miles de hombres, mujeres y familias completas, con apoyo de marchas también en regiones y con un solidario respaldo en distintos países como España, Francia, México y Argentina, entre otros.

Como es costumbre ya en nuestro país, la prensa hizo un eco sobredimensionado en relación a la intervención de la Catedral de Santiago, ícono de la oposición obtusa al legítimo derecho de las mujeres a decidir por lo que hacen o no con su cuerpo. Esta intervención, junto con la importancia de la masividad de la marcha, se constituye en un acto plenamente político que instala en el espacio público la discusión sobre el camino que queremos recorrer como sociedad y como sujetos soberanos.

La Iglesia, aparte de la victimización política que utiliza convenientemente en casos de cuestionamientos a su dogma, hizo alarde de su constitución como poder fáctico en un Estado que se declara así mismo como laico.

El gobierno, por otra parte, condenó la intervención política enmarcándola en categorías de «delincuencia» y «violencia», lo que permite, en el caso de este análisis, vincularlo con otros acontecimientos que reflejan la política represiva y extremadamente conservadora de esta administración.

El día 1 de agosto, en un acto de «delincuencia común» un carabinero es muerto por una bala y es categorizado de «martir», (curiosa referencia al significado político que tiene este concepto para el Islam)  y la situación es aprovechada, descaradamente por Piñera , para relacionarla con la aprobación de la llamada Ley Hinzpeter, declarando  que «El mejor homenaje que podemos hacer al martirio de Daniel Silva es que el Congreso de una vez por todas asuma su responsabilidad y se pregunte de qué lado está, si está del lado de los encapuchados o de la gente inocente que quiere vivir en paz, si está del lado de los Carabineros o de los que asesinan Carabineros». Además de las críticas obvias de distintas organizaciones, e incluso parlamentarios, por la artificial relación, la cuestión quedó ahí, y la población que suele observar pasivamente las actuaciones del gobierno y la política institucional se ha quedado con la idea de que una marcha, la muerte de un carabinero o la intervención política en una institución de facto corresponden a una misma lógica. Como se dice popularmente, «miente, miente, que algo queda».

En cambio, tras el asesinato durante esta semana de Rodrigo Melinao, comunero mapuche en clandestinidad, las reacciones del gobierno han sido absolutamente irrisorias. Piñera no ha hecho declaraciones y solo el Ministro Chadwick ha hecho referencia a que se deben hacer las investigaciones pertinentes. Esto contrasta profundamente con el informe de la Organización Mundial contra la Tortura, en misión de observación  precisamente este mes, que declara que efectivamente se comprueban «casos de tortura y tratos crueles (…) preferentemente en momentos de allanamientos que desarrollan las policías en comunidades mapuche, afectando tanto a familias como a las comunidades, “y también en el tránsito” “hacia lugares de detención, lo que constituye una violación a los derechos humanos», lo que, por sentido común, debería ser una prioridad para el gobierno.

Ahora, ¿cuál es el vínculo en estos relatos? Efectivamente, que hay una política de Estado, que se corresponde completamente con las tendencias mundiales de control y represión,  que promueve abiertamente el repliegue de la protesta social y la articulación de los movimientos sociales y políticos en torno a causas que se transversalizan en torno a la resistencia a la gobernabilidad inter/puesta hacia los cuerpos y los discursos. Discursos y cuerpos diversos, autónomos, subversos.

Ya sea que estemos en medio de la sociedad disciplinaria de Foucault o la sociedad de control de Deleuze, existen los espacios de fuga. Y esa fuga se juega la existencia en instancias como la toma de la catedral o en las declaraciones de los familiares y compañeros de lucha de Melinao. No vamos a retroceder. Nuestra fuga, la fuga de el nosotros, y  de los otros de cualquier parte del mundo, constituyen  la madeja enrevesada de resistencia que hace lo aparentemente imposible, eso que aparece en el espacio público como nos digiera Arendt, una posibilidad de lo posible.

Insistir y resistir con el aborto como decisión propia de las mujeres dueñas de su cuerpo y con la porfía incansable de los Mapuche en la lucha por su tierra/vida, transforman en ineficaces y hasta ridículos los argumentos de los gobiernos sobre el control de las vidas, unas vidas con mas «valor» que otras, y rompen, en el espacio de fuga permanente, con los intentos de gubernamentalizar los espacios todos de lo humano.

 Cristina Oyarzo Varela

Profesora de Historia, Diplomada en Cultura Árabe e Islam, Magíster (c) en Estudios Internacionales  Universidad de Chile

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