Defensa, secreto y silencio

La receta para este tema en la discusión constitucional chilena

La actual constitución chilena tiene un origen y una impronta militarista. No sólo por haber sido redactada y publicada por mandato de una dictadura militar, sino por la preponderancia que lo militar, los temas de seguridad y en general defensa tienen en ella. Debido a la impronta militar y dictatorial, conceptos como defensa, seguridad, orden, se sobreentienden desde una perspectiva militarista, refrendada por las definiciones técnicas que la misma constitución da, en especial en lo relativo a las instituciones a cargo de dar practicidad a esos conceptos; en este caso, instituciones militares o de seguridad e inteligencia militarizada. Así, incluso la policía de investigaciones, conocida como “civil”, es una institución altamente militarizada, por su estructura jerárquica, su equipamiento bélico y su concepción de la forma y metodología para resolver su campo de acción: habitualmente describen su trabajo como una “batalla” (contra la delincuencia, contra las drogas, contra la inseguridad, etc.).

La militarización constitucional chilena brinda el marco conceptual para la militarización social del país, y que tiene su confirmación en la costumbre política de dejar los asuntos de defensa y seguridad en manos de “expertos” militares, ex militares o civiles militaristas. Esta costumbre puede ser un problema a la hora de discutir estos temas en el debate de una nueva constitución ya que dejaría un aspecto fundamental del quehacer público fuera de la participación popular en la toma de decisiones sobre el tema. La mantención del debate de la defensa y seguridad en círculos cerrados, de expertos y conocedores, cercado por el secretismo y la oscuridad bajo la premisa de no poner en riesgo “la seguridad nacional”, asegurará el carácter elitista y no representativo de cualquier constitución que surja de ese tipo de debate.

La discusión constitucional sobre defensa y seguridad no debe dar por hecho ningún dato, no debe dar por natural ningún elemento y esta discusión no será fácil puesto que “las fuerzas armadas y de seguridad” actuarán como expertos y lobbystas en este ámbito, rol que no debemos obviar si queremos que este aspecto de la constitución sea llevado adelante con seriedad y profundidad. Las fuerzas armadas y de seguridad no son neutras en estos temas, puesto que son el principal grupo de interés en el área y se han construido para serlo: cuentan con presupuesto, personal e intelectuales a su servicio, así como con grupos y referentes políticos que apoyarán las propuestas que realicen en torno a este tema y manejan la agenda comunicacional y mediática en este ámbito.

La propuesta que pueden hacer, y que están haciendo, es mantener las cosas tal cual en lo que respecta a seguridad y defensa en lo constitucional. Que la existencia de una seguridad y defensa nacional, de una seguridad pública y que los encargados de ellas sean “las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública” entiéndase Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros y Policía de Investigaciones. Asegurarse también que conceptos que se usan masivamente en la actual constitución chilena, como “seguridad nacional”, “seguridad pública”, “defensa”, “defensa nacional», similares y derivados, no sean discutidos ni explicitados en el cuerpo de la constitución ni en un glosario adjunto. Así, la interpretación de la seguridad nacional o pública es discrecional y coyuntural, un día puede ser una cosa, otro día otra. Lo que sí se asegura es que siempre esos temas estén en manos de las fuerzas armadas y de orden y seguridad pública. Esos temas quedan escamoteados al debate público y a la decisión civil sobre ellos en el cotidiano de las cosas.

Por ello, aunque la discusión sobre una nueva constitución para Chile está instalada y la necesidad de terminar con la constitución que dejó instalada la dictadura militar de Pinochet aparece como una de las más consensuadas tareas en la agenda pública del país, no significa que en algunas áreas, como defensa y seguridad, las cosas cambien ni en lo fundamental ni en lo accesorio.

Debido a esto la discusión pormenorizada y popular de la defensa y seguridad aparece como una de las tareas insoslayables en el debate constitucional. Todo habitante del país debe tener opinión sobre este tema y una opinión fundamentada en información sobre las diversas opiniones, teorías y alternativas que se plantean respecto a este tema. Dejar en manos de élites especializadas esta área de lo público implicará la mantención de la militarización social del país. Es necesario debatir hasta los conceptos de defensa y seguridad, estando como están, hoy, en una indefinición que favorece a quienes son el principal grupo de interés en el tema: las fuerzas armadas. No debatir la definición de estos conceptos, por ejemplo, redundará en que se entiendan de acuerdo a como los presenten los expertos y los medios masivos de comunicación, que en este aspecto actúan como mera caja de resonancia del enfoque militarista de los especialistas y académicos en defensa.

Un argumento usual para excluir al mundo civil, ciudadano, social, popular o como quiera llamársele del tema de defensa y seguridad es señalar que no tienen ninguna experiencia, conocimiento teórico o práctico o experticia en el tema de defensa y seguridad. Lo cierto es que, y sólo mirando la última década, tienen sobrada experiencia en defensa y seguridad: defensa de derechos, defensa de libertades, defensa del medio ambiente, del derecho a la salud, del derecho a la igualdad, derecho al aborto y a la seguridad en el aborto, seguridad en una educación digna y de calidad, seguridad ante los montajes y manipulaciones de policías y fiscalías, de empresas depredadoras y de autoridades desprovistas de criterio. Comunidades como las de Puerto Aysen, Freirina, Dichato, Alto Maipo, por citar algunas, tienen una amplia y exitosa experiencia en defensa de sus medio ambientes, modos de vida y seguridad para su desenvolvimiento como comunidades. Estudiantes, pescadores, mineros, forestales, mapuches, defensores –sí, justamente, defensores- de derechos humanos, tienen mucho que decir respecto a la defensa de sus derechos y libertades y a la búsqueda de seguridad para su existencia contra ataques sostenidos y permanentes contra sus conquistas o su capacidad de movilización y lucha.

Ciertamente como estas defensas y seguridades escapan o contradicen a la concepción militarista de la defensa y seguridad a la que se obliga en Chile, estas experiencias y experticias no alcanzan a ser consideradas como tales ni siquiera por sus propios actores. Vivimos entonces la paradoja de que quienes tienen y acumulan mayor experiencia en defensa en la historia reciente de Chile podrían quedar excluídos/as del debate constitucional de defensa y, al contrario, quienes acumulan el mayor historial de violaciones y atropellos a la seguridad de las personas y las comunidades, muertes incluso, fuerzas armadas y de “orden” y seguridad, serían quienes dicten cátedra sobre estas materias y definan su carácter constitucional.

El primer debate en el tema de defensa y seguridad será sobre la necesidad de abrir el debate al pueblo y la ciudadanía y la necesidad de dotar a ese debate de información y –sobre todo- de preguntas y cuestionamientos. Preguntarnos sobre la naturalización del enfoque militarista en este ámbito, cuestionarnos sobre la mirada belicista de enfrentar los conflictos internos y externos será la tarea primera en conjunto con reconocerse los movimientos sociales y pueblos en lucha por sus derechos como expertos en defensa y seguridad desde la perspectiva de los derechos humanos y las libertades públicas.

Por Pelao Carvallo

26 de noviembre de 2013