Desafíos de la Ruralidad

Las preocupaciones propias del desarrollo a nivel nacional, han estado centradas, en los últimos años, en el desarrollo del sector urbano y la industrialización, marginando de manera importante el sector rural. Esto a pesar de que la construcción social del país hace ha realizado históricamente a partir de una visión rural.

El mundo rural ha cambiado. La visión agraria de los territorios rurales del país ha quedado atrás, dando paso a una visión holística del territorio, entendido este como un espacio en el cual se producen relaciones sociales sostenidas por la identidad y pertinencia local de sus actores. Paulatinamente, los territorios rurales han sufrido ciertas transformaciones, a saber: sostenido despoblamiento del mundo rural; reconversión de la actividad económica; tipo de empleo precario; reducción paulatina de la pobreza, no así de la vulnerabilidad y desigualdad; progresivo deterioro de las organizaciones; política económica y social con lógica urbana; bajo reconocimiento a los recursos endógenos; y un mejoramiento continúo de los servicios básicos (esto último, sin embargo, aún lejos del resto de los países de la OCDE).

Estos factores deben ser entendidos bajo elementos estructurales macros, los cuales entregan los márgenes de desarrollo en el mediano y largo plazo del sector. En este sentido, es necesario mencionar los altos niveles de centralismo institucional que Chile cuenta, con gobiernos regionales, locales y sociedad civil muy débiles, impidiendo el desarrollo en plenitud de las potencialidades endógenas y particulares de cada territorio.

Junto a esto, el país cuenta con una estructura agraria totalmente desigual, en la cual se puede observar como los grandes empresarios agropecuarios del país , que representan el 1,2% de las explotaciones productivas, poseen más del 80% de la superficie agrícola productiva, describiendo uno de los procesos de concentración en el uso y propiedad de la tierra más salvajes de América Latina.

Por su parte, la institucionalidad agropecuaria del país ha fomentado la visión agraria del sector rural, sin contemplar los cambios que este ha sufrido en los últimos años. El desarrollo de programas y políticas que se sustentan en el concepto de emprendimiento individual y comercial, ha fomentado la permanencia de los niveles de subsistencia del sector campesino. Esto ha sido sostenido mediante políticas estructurales centralistas, sectoriales y no representativas, las cuales son los pilares del sistema político-económico imperante. Estos escenarios, a su vez, han contribuido a limitar y deslegitimar el empoderamiento social, productivo (gremial) y político de las organizaciones campesinas presentes en el territorio.

La economía global, los cambios ambientales globales y el sistema neoliberal presente en el país, han contribuido a la comodificación de los espacios rurales por medio de nuevos discursos y narrativas. Esto ha llevado hacia un espacio rural penetrado por el mundo urbano, con nuevos y viejos personajes: los neo rurales (profesionales liberales y otros urbanos que pasan a vivir en el campo), asentados (ex sin tierras) y los sin-sin (sin tierra, sin empleo, sin salud, etc.).

Sumado a lo anterior, la creación del concepto de desarrollo sustentable y las políticas y exigencias hacia el sector rural y su campesinado por una producción agropecuaria más sustentable, es un elemento adicional que ha permitido justificar el accionar individual y/o la encadenación con agroindustrias en busca del crecimiento económico, más que crear una relación más amigable con el medio ambiente de manera más justa y equitativa. Esto ha sido provocado, en gran medida, por la búsqueda incesante de un mayor crecimiento económico que emprendió Chile desde el principio de los noventa, apoyado por medio de instrumentos estatales (exención de impuestos, apoyo a la inversión como los de CORFO, etc.) que facilitó la consolidación de las grandes empresas al campo, en desmedro de los más pequeños. En este sentido, la asociatividad entendida meramente desde la concepción comercial, ha jugado un rol preponderante, ya que ha desconocido la importancia del fortalecimiento de los derechos y empoderamiento social-político en la toma de decisiones que dicho asociación podría generar.

Este escenario ha sido sostenido y fomentado durante los años post dictadura, pretendiendo que los “beneficios” del mercado pudieran llegar a la gran cantidad de territorios rurales diversos del país, fomentando el crecimiento económico de los sectores más postergados de la ruralidad chilena. Lamentablemente, esto no sucedió. Es más, durante los últimos años dichas políticas profundizaron aún más las desigualdades presentes en los territorios rurales (y en comparación con el sector urbano), siendo validadas por los diversos sectores políticos y sociales del país, concibiendo a la pobreza como un problema meramente de ingresos, careciendo de un enfoque multidimensional y multicausal del fenómeno.

Estas acciones llevaron a crear un sector rural totalmente agrarizado y comodificado, el cual cada vez más se fue acercando a la susbsistencia de las actividades económicas. El clientelismo, práctica profundizada por los gobiernos de la Concertación, así como el asistencialismo fueron acciones que dividieron las organizaciones sociales, productivas y representativas (parte de ellas con un fuerte componente político), estableciendo los principios del modelo neoliberal con fuerza en el campo. Las acciones que promueven la competitividad y el fortalecimiento comercial entre agricultores familiares y grandes empresas, fueron los grandes logros que los servicios públicos del ministerio de agricultura obtuvieron durante 20 años.

Por ello, es necesario promover el desarrollo desde las propias bases rurales, con la participación real de hombres y mujeres en los procesos políticos, económicos y sociales. La ruralidad es un sistema complejo, en el cual se establecen demandas sociales multisectoriales que requieren de una respuesta intersectorial y compleja como la demanda misma. El accionar del Estado debe ser descentralizado, promoviendo modelos de gobernanza que tiendan puentes hacia territorios soberanos y comunitarios, los cuales permitirán al nivel central un mejor entendimiento de las múltiples visiones de ruralidad que nuestro país presenta.