Desafíos para la Regulación

Se ha extendido el concepto de que las empresas eficientes son, de por sí, beneficiosas para la sociedad y para los consumidores en general. Esta discusión ha descansado sobre dos paradigmas genéricos: 1) El Paradigma Estructura-Conducta-Desempeño tradicional, y 2) El Paradigma Estructura-Conducta- Desempeño basado en supuestos de eficiencia.

El paradigma tradicional (1) se basa en que las empresas ejercen posiciones monopólicas porque éstas ocupan una alta relativa porción del mercado, por tanto, esta conducta colusiva (oligopólica) o monopólica, se traduce en altas utilidades económicas (y altos beneficios contables), mucho más allá que el retorno normal para esa industria, dada su clase de riesgo. En cambio, el paradigma moderno de eficiencia (2) señala que algunas empresas podrían crear eventualmente más concentración en algunas industrias, pero que su desempeño financiero y contable de altos retornos estaría determinado por condiciones de eficiencia de procesos, de productos, o la existencia de una ventaja competitiva que la diferencia del resto.

La posición dominante de mercado (participación de mercado) sería un indicador más y no el decisivo para concluir acerca de eventuales abusos de poder en contra de los consumidores. Aún más, el paradigma moderno de la eficiencia señala que dicha conducta competitiva (originada teóricamente en la eficiencia) se traducirá en economías de escala y de ámbito, que inducirán rebajas en los precios de los bienes finales para consumidores, beneficiando a estos. Asume que para que esto ocurra, el mercado del bien final debe ser desafiable por las potenciales firmas entrantes. Es decir, serían mercados de libre acceso sin barreras a la entrada significativas.

Pero al analizar el mundo real, es posible encontrarse con paradigmas de competencia, que se aproximan mucho más al “viejo paradigma” (“tradicional”). Así, en el caso de la colusión farmacéutica, las razones detrás de las altas utilidades del oligopolio farmacéutico estaban dadas por la indefensión del consumidor, el cual nada podía hacer frente a la estrategia colusiva de estos conglomerados, que se traducía en alzas sistemáticas en los precios de los productos médicos, que afectaba más proporcionalmente al segmento de menores ingresos.

La industria financiera, a su vez, ha presentado niveles de opacidad, que impulsaron al entonces candidato Piñera a prometer en su campaña presidencial un Sernac [Servicio Nacional del Consumidor] financiero para proteger a los clientes de los abusos respecto a tasas de interés efectiva versus la tasa de pizarrón, esclarecer costos de comisiones y otros costos disfrazados bajo una tarifa en dos partes, así como a impulsar recientemente una ley que pone un techo menor a la tasa máxima convencional -la cual también afecta la industria del retail-. El Sernac financiero: ¡Ha demorado más de un año y medio para su promulgación legal, y ver recién plasmada la iniciativa legal del Ejecutivo!

En el caso de La Polar, el abuso ocasionado es un libro de corrupción y prácticas deleznables. Desde el comportamiento de las AFPs que no supervigilaron el valor de los recursos invertidos en esta empresa (a través de inversión en acciones y bonos, las AFPs son fideicomisarias, y el pago de la comisión previsional mensual incluye equipos de análisis más especializados por parte de las AFPs en sus departamentos de estudios) hasta los directores y gerentes de La Polar, los auditores y clasificadores de riesgo, pasando por la inexcusable ineptitud de no saber quién era el responsable final de fiscalizar los emisores de créditos no bancarios (¿Banco Central? ¿Superintendencia de Bancos?).

Lo más penoso de todo es que estas prácticas, en el caso La Polar, se arrastran desde hace cinco o seis años (repactación unilateral de los contratos, alcanzando un millón de clientes de los estratos medios-bajos) y ya se habla que sus altos directivos podrían aminorar fuertemente las penas legales por tener “irreprochable conducta anterior”. Cuando se realiza este desfalco sistemáticamente a los sectores menos acomodados de la sociedad durante seis años consecutivos, no se qué significa exactamente el eufemismo de “irreprochable conducta anterior”.

Supermercados, AFPs, Isapres, transportes aéreos y terrestres –Transantiago y el subsidio de casi 800 millones de dólares anuales por “ahorro de externalidades” (sic)- suman la lista de mercados en la que los consumidores y clientes, poco pueden sustituir y en los cuales la asimetría de información y la inelasticidad de la demanda es la regla.

Fortalecimiento de los órganos antimonopólicos, monitoreo permanente del mercado a través de Sernac con multas severas y penas altísimas para casos como el de La Polar, definición precisa de los ámbitos regulatorios por los entes respectivos (y no el limbo regulatorio actual en algunas áreas), coordinación entre superintendencias y Banco Central, así como exigencia de máximo rigor en inversiones de pensionados para evitar violación de la fe pública (en el caso de La Polar existieron situaciones flagrantes de daño patrimonial a pensionados).

Los mercados competitivos dejan su halo de eficiencia en mercados concentrados, y “parte de la creación de valor empresarial” es como se traspasa excedente de los consumidores en forma indebida en favor de los accionistas controladores. Estos a su vez ejercen un fuerte lobby para evitar y postergar regulaciones que frenen el abuso en contra de consumidores.

Así, monitorear y prevenir ex ante conductas abusivas y monopólicas está en el centro de cualquier sistema regulatorio que aspire a que los consumidores paguen precios justos por sus bienes y servicios. Sentarse a “esperar denuncias responsables” de los ciudadanos para actuar por parte de los organismos reguladores puede ser muy tarde. Ya lo ha sido demasiadas veces.

Por Francisco Castañeda

Economista Universidad de Santiago de Chile (Usach)

El Ciudadano Nº112, segunda quincena octubre 2011