Deudas del Gobierno de Chile

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Amnistía Internacional ha enviado un informe al Presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, bajo el título “El presidente Piñera nos debe” (Estado de cuenta en materia de derechos humanos) (Santiago de Chile, 30-5-19).  En la introducción del citado documento se señala que “durante el primer año de mandato del Presidente Sebastián Piñera, hemos visto que el Gobierno ha tomado decisiones que lamentablemente implican que la deuda (en derechos humanos) ha crecido en lugar de disminuir”.

A modo de síntesis: entre otros puntos, el documento indica que no se ha asegurado una adecuada aplicación de la ley que despenalizó el aborto en tres causales, especialmente en lo que se refiere al reglamento para la aplicación de la objeción de conciencia. Tampoco se ha avanzado en una educación sexual integral desde etapas tempranas de la vida escolar. Además, el Gobierno eliminó la promoción de la igualdad de derechos en materia de matrimonio.  En la misma línea, la ley de identidad de género que facilita la posibilidad de cambio de nombre y  sexo registral, ha sido restringida para menores de entre 14 y 18 años.

En otros planos: ha sido extendida la práctica de la instancia de “preadminisibilidad” para refugiados. El “proceso de regularización extraordinaria” sobre personas migrantes iniciado en 2018 (y cuya fecha culmen es el 22 de julio del presente año), carece de información adecuada; podría permitir hasta durante un año la carencia de permiso de trabajo; y se puede traducir en expulsiones colectivas. Esto agrega otro factor de la ausencia de perspectiva de derechos  humanos en la legislación sobre migraciones. Por otra parte, el Gobierno no firmó el Pacto Global para la Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas, del cual Chile había sido un gestor destacado.

La Constitución vigente no regula los derechos humanos a la altura de los estándares internacionales y tampoco se ha avanzado en el proceso constituyente. Muestra de lo anterior se expresa, entre otros, en la ley antidiscriminación, con falencias en torno a la prevención y a la sanción.

En cuanto a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC): se encuentra aún pendiente  la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional sobre DESC, que crea un mecanismo de reclamo de vulneraciones ante el Comité DESC de la ONU y del Protocolo  Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, también sobre DESC, conocido como Protocolo de San Salvador.

Chile continúa en deuda en materias medioambientales, lo que se extrema en las “zonas de sacrificio” (Quintero, Puchuncaví, Tierra Amarilla, Coronel, Andacollo, Tocopilla), así como lo relativo a la detención del cambio climático.  El Gobierno no firmó el Acuerdo de Escazú (Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe), no obstante haber sido Chile uno de los convocantes al evento. El Acuerdo de Escazú incluye normas de protección a defensores del medioambiente, quienes están siendo las principales víctimas de amenazas y asesinatos tanto en Chile como en toda América Latina. No obstante lo anterior, Chile será sede de la próxima COP 25 (Conferencia de las Partes).

El proceso de consulta indígena para modificar la ley indígena ha sido cuestionado por el Relator de ONU sobre Pueblos Indígenas y por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). 

El Gobierno de Chile ha liderado una declaración de cinco países cuestionando al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la forma en que ha operado, instando a la Comisión y a la Corte Interamericana de no “interferir” en las legislaciones nacionales, desconociendo así un principio básico de justicia. Se suma la no ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Contra la Mujer, que ha sido firmado y no ratificado por Chile.

El Estado debe resguardar el derecho a manifestarse en espacios públicos. Contrariamente, el Gobierno ha presentado proyectos de leyes tales como “aula segura”, el plan “calle segura” y la ampliación del control preventivo de identidad.

También el Gobierno ha detenido el proyecto de reforma constitucional que busca declarar imprescriptibles e inamnistiables los crímenes de lesa humanidad, aparte de haber debilitado la creación de una comisión calificadora permanente de víctimas de tortura política.

Es un hecho indesmentible que la impunidad  permite que los delitos de lesa humanidad se repitan, así como también ello permite el uso excesivo de la fuerza de Carabineros en su actuar.  Esto, de manera especial respecto de la represión ejercida en contra de estudiantes, de organizaciones sociales y del pueblo mapuche, al que se le criminaliza a través de medios de comunicación, en el uso de la ley antiterrorista y en el sistema de justicia penal. Se observa como imprescindible la reforma de la ley antiterrorista tanto en materia de legalidad como en el debido proceso.

En síntesis, pareciera que los únicos avances en derechos humanos han sido el establecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (bajo la responsabilidad del INDH) y la instauración de la Defensoría de la Niñez.

Por Hervi Lara B.

Santiago de Chile, 19 de julio de 2019