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El conflictivo Instituto de Derechos Humanos

Después de largos años de tramitación parlamentaria, intensas negociaciones y debates entre diversos actores civiles, se dio vida a una de las iniciativas más controversiales que se conozca en la era post Pinochet.

Se trata de la creación del Instituto de Derechos Humanos, ente estatal que busca jugar un activo rol en el desarrollo de una cultura de protección de los derechos humanos en nuestro país.

Nace como una necesidad, después de haber vivido en nuestra historia reciente una brutal experiencia de violación sistemática de tales derechos por parte del Estado y la necesidad de que nunca más repitamos esa historia.

Quizás eso de construir un “nunca más” sea el trasfondo sobre el cual nuestra comunidad cifra sus esperanzas en este Instituto.

Sin embargo, hay un aspecto que no se puede soslayar al mirar esta naciente institución pública. Se trata de que el Instituto de Derechos Humanos nace y se desarrollará dentro de una contradicción vital insalvable.

En efecto, si nuestra experiencia y la doctrina clásica de los derechos humanos nos enseñan que el fenómeno de violación de los mismos, en su sentido estricto, se verifica por la acción del Estado: ¿Cómo ese mismo Estado violador reaccionará por medio de uno de sus órganos para denunciar, reprimir y reparar esas violaciones?

El Estado y el poder radicado en el mismo es uno solo, no se puede dividir, por lo que, en último término, cualquier contradicción que ocurra en su interior debe ser resuelta en uno u otro sentido, a fin de alinear su acción bajo una sola conducción.

Así las cosas, cuando los detentadores del poder político dentro del Estado enfrenten una denuncia por violación a los derechos humanos, el creado Instituto, ¿qué posibilidad real de acción tiene?

Llevado a un caso concreto: Se ha denunciado una desaparición forzada en el sur del país en democracia. El ministro del Interior ha señalado que son “macanas”, desautorizando la denuncia –recordemos que hace 30 años, otra autoridad dijo que estaba “curco” con los detenidos desaparecidos-. ¿Cómo enfrentará dicha denuncia el Instituto de Derechos Humanos, conociendo ya la opinión de esa alta autoridad?

Los desafíos que el Instituto enfrente desde su nacimiento son complejos pues es una institución que es parte del Estado y es desde el Estado de donde provendrán las eventuales violaciones que se denuncien.

De allí que no hay que olvidar que nuestra experiencia histórica reciente nos dice que la defensa de los Derechos Humanos violados provino desde organizaciones fuera del Estado y desde instituciones morales independientes de éste.

Hay que dar la bienvenida al referido Instituto, exigirle la máxima diligencia y coherencia respecto de objetivos que justifican su creación, pero en ningún caso delegar en él toda la responsabilidad de la defensa de nuestros derechos fundamentales -tarea que siempre nos ha de enfrentar irremediablemente con el Estado-, y rescatar las organizaciones que los ciudadanos nos dimos en otros tiempos para enfrentar ese nefasto fenómeno.

Héctor Salazar Ardiles
Profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y abogado de FASIC.

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